En el próximo comité ejecutivo de la Corporación de Fomento Productivo, que se realizará en una fecha todavía por definir, el Gobierno decidirá la posibilidad de enajenar la participación minoritaria que tiene el Fisco en las empresas sanitarias como instrumento para reunir fondos para la reconstrucción.
La venta de los activos públicos prescindibles, a juicio del oficialismo, se habría visto presionada por el rechazo en el Parlamento de la invariabilidad tributaria que estipulaba el articulado del royalty minero. A través de este mecanismo el Ejecutivo pretendía recaudar setecientos millones de dólares para financiar la reedificación.
Esta operación no requeriría de una discusión legislativa en el Congreso y sería el mayor cambio de propiedad de las operadoras de agua potable desde su privatización realizada en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
El ministro de Economía y presidente del directorio de CORFO, Juan Andrés Fontaine, indicó que además de este mecanismo existen otras vías para asumir los costos de la catástrofe del 27 de febrero.
“No se ha tomado ninguna decisión al respecto. La instancia va a tomar esa decisión en el consejo de Corfo y el rechazo al royalty hace que tenga que evaluarse cada una de las posibilidades alternativas de financiamiento. Hay varias de ellas”, indicó el secretario de Estado.
El diputado DC Fuad Chahín criticó la privatización de estos activos y señaló que las sanitarias representan más del diez por ciento de los ingresos totales de Corfo y son empresas estratégicas desde el punto de vista social.
“Nos parece grave lo que nos ha planteado el ministro y queremos emplazar al Gobierno a que lo defina rápidamente, porque nosotros nos vamos a oponer con mucha fuerza a que se enajenen acciones que no sólo son importantes para Corfo, sino que son estratégicas para todo el país”, señaló el parlamentario.
En defensa del Gobierno, el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Baja, el diputado UDI Gonzalo Arenas, dijo que la posible liquidación de estos títulos no representará un alza de precios en las cuentas de agua potable.
“Los usuarios no se deberían ver afectados porque todo lo relativo a la empresa sanitaria está regulado por ley, son procesos que tienen fijación de tarifas y por ende el control del Estado sobre ese mercado va a seguir siendo tal como está hoy. En la actualidad, el Estado por ser accionista de las sanitarias no tiene ningún poder adicional para regular ese mercado y por el contrario incluso se daría una especie de conflicto de intereses por ser el regulador y además accionista de esas empresas”, explicó Arenas.
El año pasado Aguas Andinas, Esval, Essbio y Essal aportaron por concepto de dividendos a las arcas fiscales casi cien millones de dólares.
Si La Moneda se decide por vender podría recaudar y reinvertir cerca de mil 600 millones de dólares para el Fondo Nacional de Reconstrucción, de acuerdo al valor de mercado de cada una de estas firmas, pero terminaría de entregar a privados el control de varias empresas que proveen bienes estratégicos, como el agua.
En el próximo comité ejecutivo de la Corporación de Fomento Productivo, que se realizará en una fecha todavía por definir, el Gobierno decidirá la posibilidad de enajenar la participación minoritaria que tiene el Fisco en las empresas sanitarias como instrumento para reunir fondos para la reconstrucción.
La venta de los activos públicos prescindibles, a juicio del oficialismo, se habría visto presionada por el rechazo en el Parlamento de la invariabilidad tributaria que estipulaba el articulado del royalty minero. A través de este mecanismo el Ejecutivo pretendía recaudar setecientos millones de dólares para financiar la reedificación.
Esta operación no requeriría de una discusión legislativa en el Congreso y sería el mayor cambio de propiedad de las operadoras de agua potable desde su privatización realizada en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
El ministro de Economía y presidente del directorio de CORFO, Juan Andrés Fontaine, indicó que además de este mecanismo existen otras vías para asumir los costos de la catástrofe del 27 de febrero.
“No se ha tomado ninguna decisión al respecto. La instancia va a tomar esa decisión en el consejo de Corfo y el rechazo al royalty hace que tenga que evaluarse cada una de las posibilidades alternativas de financiamiento. Hay varias de ellas”, indicó el secretario de Estado.
El diputado DC Fuad Chahín criticó la privatización de estos activos y señaló que las sanitarias representan más del diez por ciento de los ingresos totales de Corfo y son empresas estratégicas desde el punto de vista social.
“Nos parece grave lo que nos ha planteado el ministro y queremos emplazar al Gobierno a que lo defina rápidamente, porque nosotros nos vamos a oponer con mucha fuerza a que se enajenen acciones que no sólo son importantes para Corfo, sino que son estratégicas para todo el país”, señaló el parlamentario.
En defensa del Gobierno, el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Baja, el diputado UDI Gonzalo Arenas, dijo que la posible liquidación de estos títulos no representará un alza de precios en las cuentas de agua potable.
“Los usuarios no se deberían ver afectados porque todo lo relativo a la empresa sanitaria está regulado por ley, son procesos que tienen fijación de tarifas y por ende el control del Estado sobre ese mercado va a seguir siendo tal como está hoy. En la actualidad, el Estado por ser accionista de las sanitarias no tiene ningún poder adicional para regular ese mercado y por el contrario incluso se daría una especie de conflicto de intereses por ser el regulador y además accionista de esas empresas”, explicó Arenas.
El año pasado Aguas Andinas, Esval, Essbio y Essal aportaron por concepto de dividendos a las arcas fiscales casi cien millones de dólares.
Si La Moneda se decide por vender podría recaudar y reinvertir cerca de mil 600 millones de dólares para el Fondo Nacional de Reconstrucción, de acuerdo al valor de mercado de cada una de estas firmas, pero terminaría de entregar a privados el control de varias empresas que proveen bienes estratégicos, como el agua.
En el próximo comité ejecutivo de la Corporación de Fomento Productivo, que se realizará en una fecha todavía por definir, el Gobierno decidirá la posibilidad de enajenar la participación minoritaria que tiene el Fisco en las empresas sanitarias como instrumento para reunir fondos para la reconstrucción.
La venta de los activos públicos prescindibles, a juicio del oficialismo, se habría visto presionada por el rechazo en el Parlamento de la invariabilidad tributaria que estipulaba el articulado del royalty minero. A través de este mecanismo el Ejecutivo pretendía recaudar setecientos millones de dólares para financiar la reedificación.
Esta operación no requeriría de una discusión legislativa en el Congreso y sería el mayor cambio de propiedad de las operadoras de agua potable desde su privatización realizada en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
El ministro de Economía y presidente del directorio de CORFO, Juan Andrés Fontaine, indicó que además de este mecanismo existen otras vías para asumir los costos de la catástrofe del 27 de febrero.
“No se ha tomado ninguna decisión al respecto. La instancia va a tomar esa decisión en el consejo de Corfo y el rechazo al royalty hace que tenga que evaluarse cada una de las posibilidades alternativas de financiamiento. Hay varias de ellas”, indicó el secretario de Estado.
El diputado DC Fuad Chahín criticó la privatización de estos activos y señaló que las sanitarias representan más del diez por ciento de los ingresos totales de Corfo y son empresas estratégicas desde el punto de vista social.
“Nos parece grave lo que nos ha planteado el ministro y queremos emplazar al Gobierno a que lo defina rápidamente, porque nosotros nos vamos a oponer con mucha fuerza a que se enajenen acciones que no sólo son importantes para Corfo, sino que son estratégicas para todo el país”, señaló el parlamentario.
En defensa del Gobierno, el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Baja, el diputado UDI Gonzalo Arenas, dijo que la posible liquidación de estos títulos no representará un alza de precios en las cuentas de agua potable.
“Los usuarios no se deberían ver afectados porque todo lo relativo a la empresa sanitaria está regulado por ley, son procesos que tienen fijación de tarifas y por ende el control del Estado sobre ese mercado va a seguir siendo tal como está hoy. En la actualidad, el Estado por ser accionista de las sanitarias no tiene ningún poder adicional para regular ese mercado y por el contrario incluso se daría una especie de conflicto de intereses por ser el regulador y además accionista de esas empresas”, explicó Arenas.
El año pasado Aguas Andinas, Esval, Essbio y Essal aportaron por concepto de dividendos a las arcas fiscales casi cien millones de dólares.
Si La Moneda se decide por vender podría recaudar y reinvertir cerca de mil 600 millones de dólares para el Fondo Nacional de Reconstrucción, de acuerdo al valor de mercado de cada una de estas firmas, pero terminaría de entregar a privados el control de varias empresas que proveen bienes estratégicos, como el agua.
