El Presidente Sebastián Piñera junto al Ministro de Mideplan, Felipe Kast, han dado a conocer los resultados de la última Encuesta Casen, instrumento estadístico para la toma de decisiones socioeconómicas de Gobierno. La encuesta fue realizada el año pasado, en momentos en que Chile se encontraba aún bajo los efectos de la crisis internacional del 2008, la que, como se sabe, hizo caer la economía un 1,9 por ciento. Esta es una de las razones por las cuales la pobreza aumentó en esta medición en un 1,4%, al compararla con la última del 2006. ¿Consecuencia?: los niveles de pobreza subieron desde 13,7 por ciento a un 15,1. Es decir, 355 mil chilenos retornaron a la población más vulnerable que conforma hoy un total de 2,5 millones de personas. En 1990 la cifra alcanzaba a 6 millones.

Por cuestiones metodológicas, discutibles en otros planos, se entiende indigente a personas cuyos ingresos mensuales se ubican en la irrisoria cifra de 33.000 pesos (unos 62 dólares), mientras que se les define como pobres cuando sus ingresos mensuales no superan los 67 mil pesos, es decir, 127 dólares al mes. Si se suponen grupos familiares promedio de cuatro integrantes, el ingreso de una familia pobre no superaría los 268 mil pesos mensuales –de allí la cifra de ingreso ético familiar-, mientras que el de una indigente, no alcanzaría a los 132 mil. Asimismo, se entiende por indigente a quienes no pueden salir de su condición por sí mismos, mientras que se estima pobre a uno que si puede hacerlo por propio esfuerzo, aunque con algunos subsidios.

Las citadas cifras fueron fijadas considerando que esos ingresos no alcanzan, en el caso de los indigentes, o apenas cubren, en el caso de los pobres, para adquirir una canasta alimenticia que aporta un mínimo de 1.500 calorías diarias. Nada más. En tal condición viven pues, nada menos que 2,5 millones de compatriotas, en un país cuyo per cápita es de unos 14 mil dólares y que recientemente se ha integrado orgullosamente a la OCDE.

A estas alturas de conocimiento, todos sabemos que la pobreza es un problema complejo que exige soluciones complejas: desde luego, mejor redistribución del ingreso vía una verdadera reforma tributaria que posibilite subsidios habitacionales y al trabajo, que incentiven la actividad y contratación; capacitación y educación permanente para estos sectores; atención de salud básica asegurada, creación de más empresas que incrementen anualmente las plazas de ocupación, más productividad y en fin, focalización del esfuerzo social en los 2,5 millones de pobres e indigentes que lo requieren, por un lapso no menor a los 10 años. Los recursos requeridos son equivalentes al 1% del PIB, es decir, unos 1.500 millones de dólares anuales sacados del Presupuesto Nacional de 40 mil millones de dólares. De allí también, la necesidad de mejor gestión.

Pero, como siempre, la entrega de la información ha ocasionado otra inútil polémica en el ámbito político medial, aprovechando el penoso espectáculo de dirigentes que se culpan públicamente, unos a otros. Estos resultados debieran indignarnos a todos y provocarnos pudor ante nuestra incapacidad histórica como sociedad de generar un orden que al menos entregue al conjunto de sus hijos, la alimentación necesaria para sobrevivir. Es de esperar que en lo sucesivo, en vez de polémicas insulsas sobre las culpas –que apenas aportan ventajas politiqueras-, nuestros dirigentes sociales, económicos, religiosos y políticos se aboquen  igual pasión a materializar soluciones a esta ya bicentenaria vergüenza nacional.