En un encuentro a puertas cerradas que se llevó a cabo en la casa central de la Universidad de Chile y que se extendió por casi una hora, los parlamentarios del Frente por la Defensa de la Educación Pública dieron públicamente su respaldo a la propuesta del rector Víctor Pérez sobre instaurar un Nuevo Trato entre Estado con sus universidades.
Una de las principales ideas de esta iniciativa es aumentar el financiamiento basal que entrega el aparato estatal a los planteles de educación superior que forman parte del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas para conservar la calidad de estas instituciones.
El diputado PPD de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Rodrigo González, se mostró partidario de discutir a través de una vía formal la propuesta del rector Pérez. Al mismo tiempo, criticó las palabras del ministro de Educación, Joaquín Lavín, sobre pedir una tregua a la Concertación para impulsar cambios al régimen de educación pública.
“No aceptamos de ninguna manera que el ministro Lavín nos esté planteando una tregua como si estuviéramos en guerra y si se han abierto hostilidades éstas han sido del propio secretario de Estado al plantear, por ejemplo, poner en el mismo plano a las universidades públicas y privadas. Le hemos dicho que las universidades públicas y especialmente las del consorcio de rectores, deben tener un trato preferente”, señaló el parlamentario.
En este sentido, González agregó que no se puede “poner en juego la tradición universitaria chilena y la necesidad de contar con universidades que garanticen el desarrollo nacional, que aseguren la unidad de la nación y que sirvan los intereses generales”.
Los legisladores dijeron ser proclives a discutir con el gobierno medidas para asegurar la calidad de enseñanza, siempre y cuando esto no signifique un debilitamiento de la educación pública.
Por su parte, el jefe de bancada del Partido Socialista, Sergio Aguiló respaldó la idea de elevar los aportes del Estado a las universidades públicas con el propósito de que esto sirva para crear un arancel diferenciado a los estudiantes de menores ingresos.
“Nos parece absolutamente obvio que las universidades públicas sean financiadas por el Estado. Eso ocurre en todos los países del mundo y juegan un rol que no pueden jugar las universidades privadas”, indicó.
Aguiló continuó diciendo que los planteles privados “ideológicamente son – y tienen todo el derecho a serlo -completamente sesgados: hay algunos que son de la masonería otros del Opus Dei y cada una de esas visiones son tan particulares que no pueden reflejar la vida de un país entero. Una universidad pública tiene que integrar a los 16 millones de chilenos y la única manera de hacerlo es que exista una universidad laica y que si no va a ser gratuita para todos sus estudiantes, tenga algún tipo de arancel diferenciado”.
Hoy el Estado provee el 14 por ciento de los recursos que necesita anualmente para funcionar la Universidad de Chile. A juicio de los parlamentarios, ese aporte es el más bajo de todos los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde Chile figura a la cabeza de la privatización de la educación superior.
En un encuentro a puertas cerradas que se llevó a cabo en la casa central de la Universidad de Chile y que se extendió por casi una hora, los parlamentarios del Frente por la Defensa de la Educación Pública dieron públicamente su respaldo a la propuesta del rector Víctor Pérez sobre instaurar un Nuevo Trato entre Estado con sus universidades.
Una de las principales ideas de esta iniciativa es aumentar el financiamiento basal que entrega el aparato estatal a los planteles de educación superior que forman parte del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas para conservar la calidad de estas instituciones.
El diputado PPD de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Rodrigo González, se mostró partidario de discutir a través de una vía formal la propuesta del rector Pérez. Al mismo tiempo, criticó las palabras del ministro de Educación, Joaquín Lavín, sobre pedir una tregua a la Concertación para impulsar cambios al régimen de educación pública.
“No aceptamos de ninguna manera que el ministro Lavín nos esté planteando una tregua como si estuviéramos en guerra y si se han abierto hostilidades éstas han sido del propio secretario de Estado al plantear, por ejemplo, poner en el mismo plano a las universidades públicas y privadas. Le hemos dicho que las universidades públicas y especialmente las del consorcio de rectores, deben tener un trato preferente”, señaló el parlamentario.
En este sentido, González agregó que no se puede “poner en juego la tradición universitaria chilena y la necesidad de contar con universidades que garanticen el desarrollo nacional, que aseguren la unidad de la nación y que sirvan los intereses generales”.
Los legisladores dijeron ser proclives a discutir con el gobierno medidas para asegurar la calidad de enseñanza, siempre y cuando esto no signifique un debilitamiento de la educación pública.
Por su parte, el jefe de bancada del Partido Socialista, Sergio Aguiló respaldó la idea de elevar los aportes del Estado a las universidades públicas con el propósito de que esto sirva para crear un arancel diferenciado a los estudiantes de menores ingresos.
“Nos parece absolutamente obvio que las universidades públicas sean financiadas por el Estado. Eso ocurre en todos los países del mundo y juegan un rol que no pueden jugar las universidades privadas”, indicó.
Aguiló continuó diciendo que los planteles privados “ideológicamente son – y tienen todo el derecho a serlo -completamente sesgados: hay algunos que son de la masonería otros del Opus Dei y cada una de esas visiones son tan particulares que no pueden reflejar la vida de un país entero. Una universidad pública tiene que integrar a los 16 millones de chilenos y la única manera de hacerlo es que exista una universidad laica y que si no va a ser gratuita para todos sus estudiantes, tenga algún tipo de arancel diferenciado”.
Hoy el Estado provee el 14 por ciento de los recursos que necesita anualmente para funcionar la Universidad de Chile. A juicio de los parlamentarios, ese aporte es el más bajo de todos los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde Chile figura a la cabeza de la privatización de la educación superior.
En un encuentro a puertas cerradas que se llevó a cabo en la casa central de la Universidad de Chile y que se extendió por casi una hora, los parlamentarios del Frente por la Defensa de la Educación Pública dieron públicamente su respaldo a la propuesta del rector Víctor Pérez sobre instaurar un Nuevo Trato entre Estado con sus universidades.
Una de las principales ideas de esta iniciativa es aumentar el financiamiento basal que entrega el aparato estatal a los planteles de educación superior que forman parte del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas para conservar la calidad de estas instituciones.
El diputado PPD de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Rodrigo González, se mostró partidario de discutir a través de una vía formal la propuesta del rector Pérez. Al mismo tiempo, criticó las palabras del ministro de Educación, Joaquín Lavín, sobre pedir una tregua a la Concertación para impulsar cambios al régimen de educación pública.
“No aceptamos de ninguna manera que el ministro Lavín nos esté planteando una tregua como si estuviéramos en guerra y si se han abierto hostilidades éstas han sido del propio secretario de Estado al plantear, por ejemplo, poner en el mismo plano a las universidades públicas y privadas. Le hemos dicho que las universidades públicas y especialmente las del consorcio de rectores, deben tener un trato preferente”, señaló el parlamentario.
En este sentido, González agregó que no se puede “poner en juego la tradición universitaria chilena y la necesidad de contar con universidades que garanticen el desarrollo nacional, que aseguren la unidad de la nación y que sirvan los intereses generales”.
Los legisladores dijeron ser proclives a discutir con el gobierno medidas para asegurar la calidad de enseñanza, siempre y cuando esto no signifique un debilitamiento de la educación pública.
Por su parte, el jefe de bancada del Partido Socialista, Sergio Aguiló respaldó la idea de elevar los aportes del Estado a las universidades públicas con el propósito de que esto sirva para crear un arancel diferenciado a los estudiantes de menores ingresos.
“Nos parece absolutamente obvio que las universidades públicas sean financiadas por el Estado. Eso ocurre en todos los países del mundo y juegan un rol que no pueden jugar las universidades privadas”, indicó.
Aguiló continuó diciendo que los planteles privados “ideológicamente son – y tienen todo el derecho a serlo -completamente sesgados: hay algunos que son de la masonería otros del Opus Dei y cada una de esas visiones son tan particulares que no pueden reflejar la vida de un país entero. Una universidad pública tiene que integrar a los 16 millones de chilenos y la única manera de hacerlo es que exista una universidad laica y que si no va a ser gratuita para todos sus estudiantes, tenga algún tipo de arancel diferenciado”.
Hoy el Estado provee el 14 por ciento de los recursos que necesita anualmente para funcionar la Universidad de Chile. A juicio de los parlamentarios, ese aporte es el más bajo de todos los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde Chile figura a la cabeza de la privatización de la educación superior.
