El Consejo Nacional Electoral (CNE)  de Caracas rechazó  la resolución adoptada la semana pasada por el Senado chileno, donde se pidió mayor vigilancia internacional a los comicios de septiembre en Venezuela, al mismo tiempo que designó a un grupo de parlamentarios como observadores de los comicios.

A través de una declaración pública, el CNE advirtió que “no permitirá la pretendida imposición de actores políticos extranjeros que contravienen las reglas de observación electoral internacional. Las expresiones contenidas en el acuerdo del Senado de la República de Chile y en el comunicado de prensa de la Cancillería de ese país son una violación a estas reglas”.

El comunicado continúa manifestado su desaprobación a “toda ofensa a la soberanía nacional y al pueblo venezolano”, llamando  “a las instituciones del Estado chileno al cese de esa actitud irrespetuosa”.

A la reacción del CNE, se suma a la anteriormente emitida por la Asamblea Nacional de Venezuela, donde se inhabilitó a los parlamentarios chilenos de participar en el proceso eleccionario de esa nación y a las propias declaraciones del Presidente Hugo Chávez, quien aseguró que los senadores “no van a entrar”  al país.

Al respecto, la Cancillería chilena hizo pública su molestia por el lenguaje “inaceptable, ofensivo e inapropiado”  utilizado por los legisladores venezolanos, quienes se refirieron a los parlamentarios chilenos como “senadores pinochetistas” y  sostuvo que un país democrático no debería objetar la presencia de observadores internacionales.

Este lunes, la ministra vocera de gobierno, Ena Von Baer, aseguró que no se seguirá otras acciones en relación al impasse porque “el Gobierno ya manifestó a través de la Cancillería el desacuerdo en una forma muy respetuosa, pero también muy firme respecto al lenguaje utilizado al Senado chileno”.

Sin embargo, dentro de la Alianza y la Concertación  se tejen diferentes posturas en relación a cómo debería actuar el gobierno ante el conflicto con Venezuela.

El senador UDI Hernán Larraín solicitó que la OEA no se convierta solo en un observador de esta situación, incluso comparando lo que se está viviendo actualmente con el poco interés que la entidad habría mostrado durante el golpe militar en Honduras el año pasado. Además, indicó que el sólo hecho de ser observadores de un proceso eleccionario en un país como Venezuela, es parte de las reglas que deben ser aceptadas por el gobierno de esa nación.

No obstante, el secretario  general del organismo, José Miguel Insulza, ya aclaró que aunque, a petición de la Cancillería, podría actuar a favor del ingreso de los parlamentarios como observadores, están imposibilitados para intervenir en la situación, pues eso queda en manos del gobierno de Chávez.

“No podemos intervenir. Si Cancillería lo pide, se analizará esa solicitud en el Consejo Permanente y éste decidirá si corresponde o no corresponde. Pero, de acuerdo con la normativa actual, no podemos imponerle eso a nadie”, aclaró el secretario general.

Al mismo tiempo, Insulza aclaró que de acuerdo a la normativa vigente, es una prerrogativa de cada país “invitar a quien se quiera. No conozco ninguna norma internacional que permita que un país vaya a otro a observar una elección”

En tanto, en defensa del gobierno venezolano salió el senador Alejandro Navarro, quien afirmó que los parlamentarios que lideraron la iniciativa, Walker y Allamand, “actúan como si fueran de la CÍA” y que “decir que Venezuela tiene un sistema electoral antidemocrático es faltarle el respeto a ese país, pero también a los chilenos, que no gozamos de beneficios que sí cuentan los venezolanos”, aseguró.

El parlamentario fue acusado por el secretario general de la UDI, Víctor Pérez “de estar actuando como un funcionario del gobierno de Hugo Chávez y no como senador de Chile”. Asimismo emplazó al senador a “pedir disculpas al Senado por calificar de agentes de la CIA a parlamentarios que buscan resguardar los valores democráticos”.

En tanto, el presidente de RN, Carlos Larraín, indicó que el tema no debe ser agrandado, sino que hay que dejar que el Ejecutivo lo maneje a través de la Cancillería.

Por su parte, el líder de la UDI, Juan Antonio Coloma, sostuvo no entender la postura de Hugo Chávez y afirmó que hay que evitar la escalada de declaraciones cruzadas entre Venezuela y Chile, pues las reacciones del mandatario venezolano serán cada vez más agresivas, fiel a su estilo confrontacional.