Una serie de concurridas movilizaciones se han realizado en Santiago, Concepción y Temuco por la libertad de los presos políticos mapuches y en solidaridad al grupo de ellos que inició una huelga de hambre en diversos centros carcelarios de la Región del Bío y Bío y la Araucanía hace ya más de una semana.

Por su parte,  grupos de la sociedad civil como el Observatorio Ciudadano  y la Asociación Chilena de Organizaciones No Gubernamentales (Acción A.G) se sumaron  a este apoyo e hicieron un llamado a las autoridades de gobierno a considerar las demandas de los presos mapuches.

“En particular poniendo término a  la aplicación de la  ley antiterrorista en su contra, así como la militarización de las comunidades mapuches involucradas en procesos de reivindicación de derechos humanos (…) A adoptar a la brevedad las reformas legislativas propuestas  por los órganos de Naciones Unidas a esta ley y  al Código de Justicia Militar”, agregaron desde las organizaciones.

Además, criticaron que  tanto la opinión pública como el mundo político ignoren sistemáticamente la medida de presión  tomada por  los presos  mapuches,  toda vez que celebran iniciativas como la liberación de presos políticos en Cuba, producto, precisamente, de la huelga de hambre que sostuvo uno de ellos.

“Llamamos a tener mayor coherencia en su actuación, aplicando en este caso, el mismo razonamiento esgrimido recientemente a favor de la liberación de los presos políticos en Cuba e instando a la revisión y al término de los  procesamientos y prisión arbitraria que afectan a más de medio centenar de mapuches en el país”, criticaron los grupos.

Actualmente existe en el país un total de 58 personas mapuches procesadas o condenadas por la ley antiterrorista por actos vinculados a las reivindicaciones de derechos de tierra o políticos. De ellas, cinco se encuentran condenadas, 42 en prisión preventiva y once con medias cautelares.

Aprobada bajo la dictadura, la Ley Antiterrorista  ha sido aplicada por cerca de una década en forma casi exclusiva a los mapuches en  situaciones de protestas sociales. Aunque algunas de ellas puedan ser constitutivas de delito, organizaciones nacionales e internacionales han cuestionado la rigurosidad de esta normativa, ya que su aplicación arbitraria puede condenar hechos no necesariamente de carácter terrorista que podrían ser juzgados bajo la ley penal ordinaria.

La legislación también ha sido discutida, pues al permitir el secreto de investigación por largos períodos de tiempo, admitir la protección de los testigos, interceptar comunicaciones e impedir la aplicación de medidas cautelares, no garantiza un debido proceso judicial a los presos del mundo mapuche. Además, establece una elevada penalidad, que en muchos casos duplica la de la legislación ordinaria.

Es por ello que el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2007, el Consejo de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación radial y el Relator Especial de Derechos Indígenas, James Anaya, pidieron al Estado chileno revisar la aplicación de  esta ley y reformarla, con el objetivo de evitar su posible aplicación arbitraria.

Asimismo, este lunes, un grupo de dirigentes mapuche presentó una denuncia contra el Estado chileno ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por la aplicación de la ley antiterrorista contra miembros de su comunidad.