Durante este miércoles  se podría definir el futuro de uno de los proyectos energéticos más polémicos del último tiempo. La Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema)  someterá a votación la construcción de la central Termoeléctrica Castilla ubicada en la región de Atacama.

Se trata de uno de los proyectos energéticos más grandes de la historia de nuestro país. Contempla seis centrales a carbón de 350 mega watts cada una, más dos centrales a petróleo, con un total proyectado de más de dos mil 300 mega watts.

De acuerdo a los planes de la empresa del multimillonario brasileño Eike Batista, MPX Energía de Chile Ltda., la Termoeléctrica Castilla se construirá en la zona de Punta Cachos, a 80 km al sur-oeste de Copiapó, en una zona que se caracteriza por su biodiversidad, destacando una colonia de tortugas marinas descritas en foros científicos como la más austral del mundo, colonias de pingüinos Humboldt y Guanay y donde también se da un fenómeno único: el desierto florido.

Toda esta rica zona está en riesgo de ser destruida, ya que el proyecto, que contempla una inversión de cuatro mil 400 millones de dólares, considera la instalación de un depósito de cenizas de 125 hectáreas y la construcción de un terminal portuario para abastecer a la termoeléctrica, con el impacto ambiental correspondiente.

Por ello, diferentes organizaciones ciudadanas y políticas rechazan la construcción de la planta y acusan irregularidades en los pasos previos a esta votación, pues el proyecto había sido prácticamente rechazado por el Gobierno anterior. De hecho, la empresa había decidido posponer el proceso de construcción.

Sin embargo, la semana pasada el seremi de Salud de Atacama, Raúl Martínez, cambió el estatus del proyecto de “contaminante” a “molesto”, lo que generó las condiciones para que sea discutido por la Corema.

Así lo afirma el presidente de la comisión de Salud del Senado, Guido Girardi, quien de paso anunció una serie de medidas ante la justicia para frenar la iniciativa ante el alto nivel contaminante.

“Este proyecto contaba con el rechazo de casi todos los municipios, de casi todos los ministerios y lo van a aprobar igual, violando las normas y cambiando su calificación, entre gallos y medianoche. Vamos a presentar acciones en el Ministerio Público,  vamos a pedir que se establezca una comisión investigadora para indagar estos hechos”, afirmó Girardi.

El proceso tecnológico de la Central Termoeléctrica considera la toma de agua de mar para el enfriamiento de sus maquinarias, a través de una tubería que succionará toda la comunidad marina que se encuentre en su radio de acción.

Por eso, para Sara Larraín, directora Ejecutiva de Chile Sustentable la construcción de esta central sería fatal para la zona y sus habitantes, además, tomando en cuenta que un megaproyecto de carbón y es altamente contaminante, ya que tiene óxido de nitrógeno, níquel y mercurio.

Larraín detalló los daños al medioambiente que se presentarán de aprobarse este megaproyecto termoeléctrico. “Ustedes han visto lo que ha pasado con los depósitos de ceniza contaminantes con plomo en Cerro Chuño en Arica, los niños contaminados por plomo”, denunció Larraín.

Por su parte, el aludido Seremi de Salud de Atacama, Raúl Martínez, sostuvo que a su llegada al cargo analizaron el proyecto y describieron que presentaba errores de cálculo en los índices de contaminación.

Mientras, para la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, se trata de un proyecto que se sometió a la Evaluación de Impacto Ambiental hace al menos un año y medio, y ha seguido el transcurso normal con el resguardo de todos los organismos públicos.

“La evaluación ambiental se ha llevado, opinaron todos, aquí los organismos con competencia son más de 25 todos efectuaron sus observaciones y las empresas las respondió”, indicó Benítez.

Los denunciantes criticaron que al mismo tiempo en que Sebastián Piñera en su programa de Gobierno y el discurso del 21 de mayo, señalara que buscan tener el 20 por ciento de las energías renovables al 2020, un funcionario de gobierno está aprobando lo que había sido rechazado por las autoridades de la administración anterior.