Para muchas de las personas que vieron cómo sus casas sufrieron graves daños con el terremoto del 27 de febrero pasado o que, simplemente, las perdieron, el seguro era la única herramienta para intentar salvar algo, reparar y seguir adelante.

Según las cifras que maneja la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de una total de cuatro millones de viviendas que existen en las regiones afectadas por la catástrofe, sólo un 23, 8 por ciento cuentan con un seguro contra incendio y terremoto.

El contrato por este tipo de siniestros no es obligatorio a la hora de tomar un crédito hipotecario como el de desgravamen y pese que las aseguradoras han recibido un poco más de 200 mil denuncias por daños ocasionados por el cataclismo, a cinco meses de la catástrofe sólo se han cancelado un 39 por ciento de las pólizas.

Las autoridades reconocen que el proceso ha sido lento y, por lo mismo, se han implementado diversos mecanismos para que las compañías de seguro agilicen los pagos entre los que se incluyen la habilitación de nuevos aseguradores que habían estado fuera del mercado hasta ahora, la abreviación de las etapas para entregar el dinero y  la limitación las prórrogas para que las empresas liquiden los seguros.

Pero los retrasos continúan e incluso existen casos en los que se comunicó a los clientes que sus seguros serían cancelados dentro del plazo estimado para ello (90 días) y un mes más tarde, todavía no han visto un peso.

Para el diputado DC Ricardo Rincón, que representa al distrito 33 donde se ubican parte las comunas rurales más dañadas por la catástrofe en la región de O´higgins, el problema pasa porque “las aseguradoras trabajan mucho al valor del mercado”.

“Su negocio se basa en las grandes cifras estadísticas y en la teoría del riesgo. Los desastres totales atentan contra esa lógica porque si se incendia una casa en diez mil y un edificio en un millón el sistema trabaja en esas condiciones. Entonces, tienen los liquidadores justos, las oficinas justas y todo así, en un país donde lo normal son los desastres naturales como los sismos que si no son en el centro, pueden ocurrir en el norte o en el sur”, sostuvo el parlamentario.

Pero además Rincón indica que estas compañías “apostaron fuertemente a que, dada la magnitud del siniestro, iba a ver una prórroga casi automática del plazo para liquidar. Entonces podían ir a su ritmo cansino liquidando los seguros y pagando sin responderle a todos porque iban a terminar teniendo más plazo y eso rentabilizaba su negocio: pocos funcionarios, pocas oficinas, lentitud de atención, no gastar mucho y seguir rentabilizando algo que de por sí es muy rentable dada las cantidades que la gente que paga mes a mes sin recibir nada porque habitualmente no hay catástrofes”.

Otro de los grandes problemas que ha salido a la luz con el terremoto son los deducibles que se pagan con cada seguro y que, dadas las condiciones actuales, limitan la capacidad que tiene cada usuario para pagarlos. Una vez que se tasan los daños, la compañía puede determinar que el valor de éstos puede ser menor o mayor a lo que cubre el seguro. Si es menor, no se procede al pago y si es mayor, la diferencia tiene que correr por cuenta del cliente.

Por ejemplo, si los daños a una vivienda ascienden a los dos millones de pesos y, el contrato sólo cubre uno, el otro millón debe ser cancelado por el contratante o la casa no es reparada.

Además, el presidente de la Corporación de Consumidores y Usuarios (Conadecus) Hernán Calderón denunció que “están utilizando también para rebajar los valores a pagar el subterfugio de la depreciación de la vivienda, con lo cual el seguro a pagar se rebaja ostensiblemente y queda reducido al mínimo. Eso es un abuso contra sus clientes”.

Calderón también manifestó que “se está abusando de personas que sufrieron una tremenda tragedia, que tienen una gran necesidad que se entreguen esos recursos para poder reparar los daños de sus viviendas y a través de los seguros que pagaron sagradamente a las compañías. Ellas, en cambio, lo que hacen es dilatar y dilatar para buscar pagar menos de lo que debiera ser”.

Según los datos de la Asociación de Aseguradores de Chile al 10 de julio se han pagado 780,2 millones de dólares en indemnizaciones y se han inspeccionado cerca de 183 mil propiedades.

Nuevas alzas

Pero los problemas con los seguros no terminan ahí. En los últimos días se han producido una serie de denuncias sobre eventuales alzas en las pólizas de los seguros que vienen asociados al crédito hipotecario debido al efecto terremoto.
“No me extrañaría que por la presión de las reaseguradas, empresas extranjeras que son las que finalmente pagan los montos adeudados y que  tienen una visión muy panorámica de las catástrofes, se intente un alza en la póliza de seguro en Chile”, dijo el diputado Rincón.

De todas formas, el incremento del valor de las pólizas sólo se puede realizar a la hora de renovar un contrato. Cualquier cambio previo a eso ilegal y está regulado por la Ley de Protección al Consumidor.

Los expertos señalan que lo ideal es que el usuario cotice qué compañía ofrece las mejores tarifas, pues no es obligación tomar el seguro asociado al crédito que ofrece el banco.

Tanto las autoridades como las organizaciones de consumidores hicieron un llamado a que las personas denuncien ante la Superintendencia de Valores y Seguros cualquier tipo de irregularidad que se presente a la hora de cobrar un seguro o acudir a las instituciones pertinentes como el Sernac.

Las quejas pueden ser ingresadas al sitio: www.svs.cl