Presidente de la Asociación de Isapres:
“Hasta el momento, la ley de Isapres se mantiene igual”
La misma opinión es la que tienen abogados expertos en la materia. El Superintendente de Salud, por su parte, se declara “en una etapa intermedia” y desde el Parlamento alerta sobre un eventual conflicto de interés en ese cargo. Al parecer, las Isapres siguen ganando.
Miércoles 28 de julio 2010 19:55 hrs.
Luego de que el Tribunal Constitucional acordara que la Tabla de Factores de Riesgo de la Ley de Isapres era discriminatoria y violaba el texto fundamental, hoy la discusión se centra en el futuro de esa ley.
El gobierno ya indicó que se enviará un proyecto que será elaborado por una Comisión Nacional de Expertos que deberá fijar, entre otras cosas, los criterios de la nueva legislación.
Esa es la preocupación principal de todos los sectores, pues la Tabla de Factores de Riesgo seguirá existiendo y siendo fijada por la Superintendencia de Salud, mientras no exista una nueva normativa al respecto.
El Presidente de la Asociación de Isapres, Hernán Doren, está esperanzado en que todo “sirva para que mejore la industria. Que podamos trabajar entre todos para mejorar el sistema. Pero, hasta el momento, la ley tal cual está hoy día se mantiene igual”.
Desde el Parlamento, el presidente del Senado, Jorge Pizarro, encendió las alarmas ante un eventual conflicto de interés del actual Superintendente de Salud, Luis Romero Strooy, quien llegó al cargo proveniente del mundo privado, donde se desempeñaba como subgerente general de la Isapre Colmena.
El senador DC indicó que “gente que ha manejado el sector privado o que han sido dueños o altos ejecutivos y que ahora vienen al sector público y que deben tomar decisiones respecto de lo que sucede en ese sector privado en el cual estuvieron hace seis meses, es un error conceptual. Es evidente que lo que hacen es terminar con una mala gestión, inhibir que tomen decisiones o estar dando explicaciones todo el tiempo”.
El abogado José Luis Baro, director de Defensalud, coincidió en que esta situación podría resultar perjudicial para los usuarios, pues mientras la Superintendencia tenga el mandato para fijar los alcances de la Tabla de Factores de Riesgo, estos podrían ser nuevamente discriminatorios.
| Miembros de la Comisión Nacional de Financiamiento de la Salud: César Oyarzo (gerente general de Integramédica), Manuel Inostroza (ex superintendente de Salud) , Pablo Rodríguez (presidente del Colegio Médico), Héctor Sánchez (ex superintendente de Salud), Alejandro Ferreiro (ex superintendente de Isapres y de Valores y Seguros), Fabio Valdés (vicepresidente Clínica Santa María), Gonzalo Simón (gerente de estudios Asociación de Isapres), Rodrigo Castro (vicedecano de Ingeniería, U. del Desarrollo), Rafael Caviedes (director ejecutivo Asociación de Isapres), Juan Pablo Illanes, Juan Hepp (subdirector de Clínica Alemana) y Andrés Tagle (ex vicepresidente de la Asociación de Isapres). |
“Prescindiéndose de las edades, la superintendencia tendrá que acudir a otros parámetros para determinar cómo va a quedar la tabla de riesgos de ahora en adelante. Esos mismos factores podrían ser en sí mismos discriminatorios y, por eso, seguiremos estando atentos a lo que ocurra”, indicó el experto.
La presidenta de la comisión de Salud de la Cámara, Karla Rubilar, intentando aclarar el panorama, indicó que “el fallo del Tribunal Constitucional dice que la Superintendencia no tiene las atribuciones para regular esa tabla de factores, por tanto, no hay ninguna inhabilidad por parte del Superintendente”.
El mismo Luis Romero evidenció que la situación aún no es del todo comprendida, pues se manifestó “en una etapa intermedia”, pues el TC sólo emitió un comunicado y no se conocen los alcances que tendrían las más de 100 hojas del fallo que se dará a conocer en un plazo de un mes.
“Estamos a la espera de la sentencia final del Tribunal Constitucional”, se limitó a decir el Superintendente.
Lo único que cambiaría la situación sería la existencia de una nueva Ley de Isapres que comience a operar para cuando se deban fijar los nuevos precios de los planes de la salud privada, lo que ocurrirá en abril del próximo año.
Si no hay una nueva normativa, la Superintendencia se verá obligada a fijar la estructura de las tablas de factores. De ahí la importancia de los criterios que se tomen en consideración a la hora de establecer “los tipos de beneficiarios, según sexo y condición de cotizante o carga, y los rangos de edad que se deban utilizar”, según sigue indicando la ley.
Según el abogado Pedro Barría, lo único que ha hecho el Tribunal Constitucional es “mandar todo tipo de señales al Poder Ejecutivo y Legislativo” al advertir sobre las consecuencias que tendría esta situación y la urgencia de cambiar la legislación.
“Mientras no haya una ley nueva, las Isapres no van a querer afiliar personas, porque no saben en qué condiciones las van a afiliar y las personas tampoco van a querer afiliarse porque no conocen la tabla de factores que va a operar”, agregó.
Por ahora, ya están definidos los doce miembros de la Comisión Nacional de Expertos elegidos por el Ejecutivo, quienes trabajarán en el tema.
El presidente del Colegio Médico, Pablo Rodríguez, quien también forma parte de esta mesa de trabajo que modificará el actual sistema de financiamiento de la salud, indicó que una nueva ley será el “primer punto” a abordar.
En la lista de expertos, sin embargo, resaltan nombres de ex superintendentes de Salud, Isapres y Valores y Seguros, pero también el de altos ejecutivos del sector privado y de la misma Asociación de Isapres, quienes deberán definir el futuro de un sistema que, hasta ahora, es discriminatorio.
Luego de que el Tribunal Constitucional acordara que la Tabla de Factores de Riesgo de la Ley de Isapres era discriminatoria y violaba el texto fundamental, hoy la discusión se centra en el futuro de esa ley.
El gobierno ya indicó que se enviará un proyecto que será elaborado por una Comisión Nacional de Expertos que deberá fijar, entre otras cosas, los criterios de la nueva legislación.
Esa es la preocupación principal de todos los sectores, pues la Tabla de Factores de Riesgo seguirá existiendo y siendo fijada por la Superintendencia de Salud, mientras no exista una nueva normativa al respecto.
El Presidente de la Asociación de Isapres, Hernán Doren, está esperanzado en que todo “sirva para que mejore la industria. Que podamos trabajar entre todos para mejorar el sistema. Pero, hasta el momento, la ley tal cual está hoy día se mantiene igual”.
Desde el Parlamento, el presidente del Senado, Jorge Pizarro, encendió las alarmas ante un eventual conflicto de interés del actual Superintendente de Salud, Luis Romero Strooy, quien llegó al cargo proveniente del mundo privado, donde se desempeñaba como subgerente general de la Isapre Colmena.
El senador DC indicó que “gente que ha manejado el sector privado o que han sido dueños o altos ejecutivos y que ahora vienen al sector público y que deben tomar decisiones respecto de lo que sucede en ese sector privado en el cual estuvieron hace seis meses, es un error conceptual. Es evidente que lo que hacen es terminar con una mala gestión, inhibir que tomen decisiones o estar dando explicaciones todo el tiempo”.
El abogado José Luis Baro, director de Defensalud, coincidió en que esta situación podría resultar perjudicial para los usuarios, pues mientras la Superintendencia tenga el mandato para fijar los alcances de la Tabla de Factores de Riesgo, estos podrían ser nuevamente discriminatorios.
| Miembros de la Comisión Nacional de Financiamiento de la Salud: César Oyarzo (gerente general de Integramédica), Manuel Inostroza (ex superintendente de Salud) , Pablo Rodríguez (presidente del Colegio Médico), Héctor Sánchez (ex superintendente de Salud), Alejandro Ferreiro (ex superintendente de Isapres y de Valores y Seguros), Fabio Valdés (vicepresidente Clínica Santa María), Gonzalo Simón (gerente de estudios Asociación de Isapres), Rodrigo Castro (vicedecano de Ingeniería, U. del Desarrollo), Rafael Caviedes (director ejecutivo Asociación de Isapres), Juan Pablo Illanes, Juan Hepp (subdirector de Clínica Alemana) y Andrés Tagle (ex vicepresidente de la Asociación de Isapres). |
“Prescindiéndose de las edades, la superintendencia tendrá que acudir a otros parámetros para determinar cómo va a quedar la tabla de riesgos de ahora en adelante. Esos mismos factores podrían ser en sí mismos discriminatorios y, por eso, seguiremos estando atentos a lo que ocurra”, indicó el experto.
La presidenta de la comisión de Salud de la Cámara, Karla Rubilar, intentando aclarar el panorama, indicó que “el fallo del Tribunal Constitucional dice que la Superintendencia no tiene las atribuciones para regular esa tabla de factores, por tanto, no hay ninguna inhabilidad por parte del Superintendente”.
El mismo Luis Romero evidenció que la situación aún no es del todo comprendida, pues se manifestó “en una etapa intermedia”, pues el TC sólo emitió un comunicado y no se conocen los alcances que tendrían las más de 100 hojas del fallo que se dará a conocer en un plazo de un mes.
“Estamos a la espera de la sentencia final del Tribunal Constitucional”, se limitó a decir el Superintendente.
Lo único que cambiaría la situación sería la existencia de una nueva Ley de Isapres que comience a operar para cuando se deban fijar los nuevos precios de los planes de la salud privada, lo que ocurrirá en abril del próximo año.
Si no hay una nueva normativa, la Superintendencia se verá obligada a fijar la estructura de las tablas de factores. De ahí la importancia de los criterios que se tomen en consideración a la hora de establecer “los tipos de beneficiarios, según sexo y condición de cotizante o carga, y los rangos de edad que se deban utilizar”, según sigue indicando la ley.
Según el abogado Pedro Barría, lo único que ha hecho el Tribunal Constitucional es “mandar todo tipo de señales al Poder Ejecutivo y Legislativo” al advertir sobre las consecuencias que tendría esta situación y la urgencia de cambiar la legislación.
“Mientras no haya una ley nueva, las Isapres no van a querer afiliar personas, porque no saben en qué condiciones las van a afiliar y las personas tampoco van a querer afiliarse porque no conocen la tabla de factores que va a operar”, agregó.
Por ahora, ya están definidos los doce miembros de la Comisión Nacional de Expertos elegidos por el Ejecutivo, quienes trabajarán en el tema.
El presidente del Colegio Médico, Pablo Rodríguez, quien también forma parte de esta mesa de trabajo que modificará el actual sistema de financiamiento de la salud, indicó que una nueva ley será el “primer punto” a abordar.
En la lista de expertos, sin embargo, resaltan nombres de ex superintendentes de Salud, Isapres y Valores y Seguros, pero también el de altos ejecutivos del sector privado y de la misma Asociación de Isapres, quienes deberán definir el futuro de un sistema que, hasta ahora, es discriminatorio.
Luego de que el Tribunal Constitucional acordara que la Tabla de Factores de Riesgo de la Ley de Isapres era discriminatoria y violaba el texto fundamental, hoy la discusión se centra en el futuro de esa ley.
El gobierno ya indicó que se enviará un proyecto que será elaborado por una Comisión Nacional de Expertos que deberá fijar, entre otras cosas, los criterios de la nueva legislación.
Esa es la preocupación principal de todos los sectores, pues la Tabla de Factores de Riesgo seguirá existiendo y siendo fijada por la Superintendencia de Salud, mientras no exista una nueva normativa al respecto.
El Presidente de la Asociación de Isapres, Hernán Doren, está esperanzado en que todo “sirva para que mejore la industria. Que podamos trabajar entre todos para mejorar el sistema. Pero, hasta el momento, la ley tal cual está hoy día se mantiene igual”.
Desde el Parlamento, el presidente del Senado, Jorge Pizarro, encendió las alarmas ante un eventual conflicto de interés del actual Superintendente de Salud, Luis Romero Strooy, quien llegó al cargo proveniente del mundo privado, donde se desempeñaba como subgerente general de la Isapre Colmena.
El senador DC indicó que “gente que ha manejado el sector privado o que han sido dueños o altos ejecutivos y que ahora vienen al sector público y que deben tomar decisiones respecto de lo que sucede en ese sector privado en el cual estuvieron hace seis meses, es un error conceptual. Es evidente que lo que hacen es terminar con una mala gestión, inhibir que tomen decisiones o estar dando explicaciones todo el tiempo”.
El abogado José Luis Baro, director de Defensalud, coincidió en que esta situación podría resultar perjudicial para los usuarios, pues mientras la Superintendencia tenga el mandato para fijar los alcances de la Tabla de Factores de Riesgo, estos podrían ser nuevamente discriminatorios.
| Miembros de la Comisión Nacional de Financiamiento de la Salud: César Oyarzo (gerente general de Integramédica), Manuel Inostroza (ex superintendente de Salud) , Pablo Rodríguez (presidente del Colegio Médico), Héctor Sánchez (ex superintendente de Salud), Alejandro Ferreiro (ex superintendente de Isapres y de Valores y Seguros), Fabio Valdés (vicepresidente Clínica Santa María), Gonzalo Simón (gerente de estudios Asociación de Isapres), Rodrigo Castro (vicedecano de Ingeniería, U. del Desarrollo), Rafael Caviedes (director ejecutivo Asociación de Isapres), Juan Pablo Illanes, Juan Hepp (subdirector de Clínica Alemana) y Andrés Tagle (ex vicepresidente de la Asociación de Isapres). |
“Prescindiéndose de las edades, la superintendencia tendrá que acudir a otros parámetros para determinar cómo va a quedar la tabla de riesgos de ahora en adelante. Esos mismos factores podrían ser en sí mismos discriminatorios y, por eso, seguiremos estando atentos a lo que ocurra”, indicó el experto.
La presidenta de la comisión de Salud de la Cámara, Karla Rubilar, intentando aclarar el panorama, indicó que “el fallo del Tribunal Constitucional dice que la Superintendencia no tiene las atribuciones para regular esa tabla de factores, por tanto, no hay ninguna inhabilidad por parte del Superintendente”.
El mismo Luis Romero evidenció que la situación aún no es del todo comprendida, pues se manifestó “en una etapa intermedia”, pues el TC sólo emitió un comunicado y no se conocen los alcances que tendrían las más de 100 hojas del fallo que se dará a conocer en un plazo de un mes.
“Estamos a la espera de la sentencia final del Tribunal Constitucional”, se limitó a decir el Superintendente.
Lo único que cambiaría la situación sería la existencia de una nueva Ley de Isapres que comience a operar para cuando se deban fijar los nuevos precios de los planes de la salud privada, lo que ocurrirá en abril del próximo año.
Si no hay una nueva normativa, la Superintendencia se verá obligada a fijar la estructura de las tablas de factores. De ahí la importancia de los criterios que se tomen en consideración a la hora de establecer “los tipos de beneficiarios, según sexo y condición de cotizante o carga, y los rangos de edad que se deban utilizar”, según sigue indicando la ley.
Según el abogado Pedro Barría, lo único que ha hecho el Tribunal Constitucional es “mandar todo tipo de señales al Poder Ejecutivo y Legislativo” al advertir sobre las consecuencias que tendría esta situación y la urgencia de cambiar la legislación.
“Mientras no haya una ley nueva, las Isapres no van a querer afiliar personas, porque no saben en qué condiciones las van a afiliar y las personas tampoco van a querer afiliarse porque no conocen la tabla de factores que va a operar”, agregó.
Por ahora, ya están definidos los doce miembros de la Comisión Nacional de Expertos elegidos por el Ejecutivo, quienes trabajarán en el tema.
El presidente del Colegio Médico, Pablo Rodríguez, quien también forma parte de esta mesa de trabajo que modificará el actual sistema de financiamiento de la salud, indicó que una nueva ley será el “primer punto” a abordar.
En la lista de expertos, sin embargo, resaltan nombres de ex superintendentes de Salud, Isapres y Valores y Seguros, pero también el de altos ejecutivos del sector privado y de la misma Asociación de Isapres, quienes deberán definir el futuro de un sistema que, hasta ahora, es discriminatorio.
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