La gobernadora del estado norteamericano de Arizona, la republicana Jan Brewer, una de las principales impulsoras de la ley contra la inmigración ilegal, habría recibido dinero de campaña por parte de una administradora privada de cárceles que se iba a beneficiar con la norma, denunció hoy un periódico de Phoenix.
La Corrections Corporation of America (CCA), con base en Tennessee, administra seis prisiones en Arizona, algunas de las cuales alojan personas detenidas por el servicio de migraciones de Estados Unidos.
Según el periódico New Times, de la capital de Arizona, la CCA aportó 1.780 dólares a la campaña electoral de Brewer y 10.000 dólares a la campaña para hacer aprobar una reforma fiscal estadual que solidificó la popularidad de la gobernadora.
Brewer, de 65 años, quedó al frente del ejecutivo en Phoenix en enero del año pasado cuando la hasta entonces gobernadora, la demócrata Janet Napolitano, abandonó el cargo para convertirse en ministra de Seguridad Interior del gobierno del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Después de firmar la ley contra la inmigración ilegal, el 23 de abril último, Brewer se convirtió en una figura de nivel nacional y en una heroína de los sectores conservadores del país. La súbita popularidad impulsó todavía más sus aspiraciones de consagrarse como gobernadora por un mandato completo en las elecciones de noviembre próximo.
Pero, según el New Times, la firma de la ley por parte de la gobernadora tiene no sólo connotaciones políticas sino también económicas.
El semanario citó una investigación de la filial local de la cadena televisiva CBS, según la cual uno de los principales colaboradores de Brewer, Paul Senseman, trabajó para una firma que tiene como cliente a la CCA.
La investigación mostró que Senseman trabajó para el Policy Development Group, que tiene a la CCA como cliente, y que su esposa, Kathy, está registrada como lobbysta en favor de la administradora de prisiones.
La denuncia se conoce cuando entra en vigor la polémica ley de inmigración, que ayer fue acotada de último momento por una jueza federal en sus partes más sensibles para México y otros países pero abre el camino para una larga batalla legal.
La gobernadora del estado norteamericano de Arizona, la republicana Jan Brewer, una de las principales impulsoras de la ley contra la inmigración ilegal, habría recibido dinero de campaña por parte de una administradora privada de cárceles que se iba a beneficiar con la norma, denunció hoy un periódico de Phoenix.
La Corrections Corporation of America (CCA), con base en Tennessee, administra seis prisiones en Arizona, algunas de las cuales alojan personas detenidas por el servicio de migraciones de Estados Unidos.
Según el periódico New Times, de la capital de Arizona, la CCA aportó 1.780 dólares a la campaña electoral de Brewer y 10.000 dólares a la campaña para hacer aprobar una reforma fiscal estadual que solidificó la popularidad de la gobernadora.
Brewer, de 65 años, quedó al frente del ejecutivo en Phoenix en enero del año pasado cuando la hasta entonces gobernadora, la demócrata Janet Napolitano, abandonó el cargo para convertirse en ministra de Seguridad Interior del gobierno del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Después de firmar la ley contra la inmigración ilegal, el 23 de abril último, Brewer se convirtió en una figura de nivel nacional y en una heroína de los sectores conservadores del país. La súbita popularidad impulsó todavía más sus aspiraciones de consagrarse como gobernadora por un mandato completo en las elecciones de noviembre próximo.
Pero, según el New Times, la firma de la ley por parte de la gobernadora tiene no sólo connotaciones políticas sino también económicas.
El semanario citó una investigación de la filial local de la cadena televisiva CBS, según la cual uno de los principales colaboradores de Brewer, Paul Senseman, trabajó para una firma que tiene como cliente a la CCA.
La investigación mostró que Senseman trabajó para el Policy Development Group, que tiene a la CCA como cliente, y que su esposa, Kathy, está registrada como lobbysta en favor de la administradora de prisiones.
La denuncia se conoce cuando entra en vigor la polémica ley de inmigración, que ayer fue acotada de último momento por una jueza federal en sus partes más sensibles para México y otros países pero abre el camino para una larga batalla legal.
La gobernadora del estado norteamericano de Arizona, la republicana Jan Brewer, una de las principales impulsoras de la ley contra la inmigración ilegal, habría recibido dinero de campaña por parte de una administradora privada de cárceles que se iba a beneficiar con la norma, denunció hoy un periódico de Phoenix.
La Corrections Corporation of America (CCA), con base en Tennessee, administra seis prisiones en Arizona, algunas de las cuales alojan personas detenidas por el servicio de migraciones de Estados Unidos.
Según el periódico New Times, de la capital de Arizona, la CCA aportó 1.780 dólares a la campaña electoral de Brewer y 10.000 dólares a la campaña para hacer aprobar una reforma fiscal estadual que solidificó la popularidad de la gobernadora.
Brewer, de 65 años, quedó al frente del ejecutivo en Phoenix en enero del año pasado cuando la hasta entonces gobernadora, la demócrata Janet Napolitano, abandonó el cargo para convertirse en ministra de Seguridad Interior del gobierno del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Después de firmar la ley contra la inmigración ilegal, el 23 de abril último, Brewer se convirtió en una figura de nivel nacional y en una heroína de los sectores conservadores del país. La súbita popularidad impulsó todavía más sus aspiraciones de consagrarse como gobernadora por un mandato completo en las elecciones de noviembre próximo.
Pero, según el New Times, la firma de la ley por parte de la gobernadora tiene no sólo connotaciones políticas sino también económicas.
El semanario citó una investigación de la filial local de la cadena televisiva CBS, según la cual uno de los principales colaboradores de Brewer, Paul Senseman, trabajó para una firma que tiene como cliente a la CCA.
La investigación mostró que Senseman trabajó para el Policy Development Group, que tiene a la CCA como cliente, y que su esposa, Kathy, está registrada como lobbysta en favor de la administradora de prisiones.
La denuncia se conoce cuando entra en vigor la polémica ley de inmigración, que ayer fue acotada de último momento por una jueza federal en sus partes más sensibles para México y otros países pero abre el camino para una larga batalla legal.
