Después de más de cuatro meses de investigación, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) anunció que formulará cargos contra las 115 empresas que integran el Sistema Interconectado Central por la responsabilidad que tuvieron en el apagón del pasado 14 de marzo.
Según explicaron las autoridades, la acusación contra estas compañías sería por “el incumplimiento de la obligación de coordinarse con el fin de preservar la seguridad del servicio”.
En específico, la SEC acusa a las firmas de no haber coordinado la operación ante circunstancias imprevistas; no velar por la operación segura y eficiente del sistema eléctrico; y no haber establecido restricciones en la operación de los coordinados dado que existían necesidades de seguridad y calidad de servicio que así lo requerían.
El corte del suministro eléctrico sucedió en las dos semanas posteriores al terremoto y afectó a trece millones de habitantes desde Taltal a Chiloé. La falla se originó en la subestación Charrúa, ubicada en la VIII Región, propiedad de la empresa Transelec.
La superintendenta de Electricidad Patricia Chotzen detalló que la normativa vigente contempla multas de hasta 10 mil Unidades Tributarias Anuales, lo que corresponde a poco más de ocho millones de dólares. Asimismo, explicó que las empresas disponen de 15 días hábiles para presentar sus descargos, los que serán evaluados por el regulador para luego definir las sanciones o multas.
“El sistema consiste en que la Superintendencia inicia la investigación, luego las empresas pueden interponer recursos de reposición o dirigirse directamente a tribunales y la sanción no queda completa sino hasta que los tribunales se hayan pronunciado respecto de la legalidad de la resolución. Las multas son a beneficio fiscal, pero las compensaciones son aparte. Las distribuidoras las tienen que pagar y las compensaciones tienen que ver con el servicio no prestado”, precisó Chotzen.
A su vez, el ministro de Energía Ricardo Raineri informó que se formularán cargos adicionales contra Endesa, Transelec y Tranquillota por las fallas en sus instalaciones o por la información deficiente entregada al Centro Económico de Despacho de Carga.
“Los cargos adicionales formulados en contra de Endesa tienen relación con el retraso en la entrada de las centrales El Toro y Antuco. En el caso de Transelec, por las fallas en las instalaciones de la subestación Charrúa; en Transquillota por problemas de sus líneas de transmisión y en el caso de Chilectra por deficiencias de coordinación en la toma de carga, lo que también dificultó la recuperación del sistema”, dijo el secretario de Estado.
El ingeniero de la consultora Energética, Rodrigo Fernández, por su lado, aseguró que luego del sismo el Sistema Interconectado Central no resultó con daños considerables y por ende el apagón del 14 de marzo era un hecho evitable.
“El sistema ya se había recuperado del terremoto. Si bien, está operando en forma frágil, el centro de despachos económicos de cargas, que es el encargado de velar por la operación del sistema al mínimo costo y con la seguridad correspondiente, no fue capaz de coordinar la operación de forma tal que, en caso de producirse una falla, no se cayera todo el sistema”, afirmó.
El último apagón ocurrido en el país fue el del 21 de marzo del 2005, el que dejó sin energía eléctrica a la población entre Taltal y Talca por una hora. En aquella ocasión se aplicó una multa de 560 UTA.
Después de más de cuatro meses de investigación, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) anunció que formulará cargos contra las 115 empresas que integran el Sistema Interconectado Central por la responsabilidad que tuvieron en el apagón del pasado 14 de marzo.
Según explicaron las autoridades, la acusación contra estas compañías sería por “el incumplimiento de la obligación de coordinarse con el fin de preservar la seguridad del servicio”.
En específico, la SEC acusa a las firmas de no haber coordinado la operación ante circunstancias imprevistas; no velar por la operación segura y eficiente del sistema eléctrico; y no haber establecido restricciones en la operación de los coordinados dado que existían necesidades de seguridad y calidad de servicio que así lo requerían.
El corte del suministro eléctrico sucedió en las dos semanas posteriores al terremoto y afectó a trece millones de habitantes desde Taltal a Chiloé. La falla se originó en la subestación Charrúa, ubicada en la VIII Región, propiedad de la empresa Transelec.
La superintendenta de Electricidad Patricia Chotzen detalló que la normativa vigente contempla multas de hasta 10 mil Unidades Tributarias Anuales, lo que corresponde a poco más de ocho millones de dólares. Asimismo, explicó que las empresas disponen de 15 días hábiles para presentar sus descargos, los que serán evaluados por el regulador para luego definir las sanciones o multas.
“El sistema consiste en que la Superintendencia inicia la investigación, luego las empresas pueden interponer recursos de reposición o dirigirse directamente a tribunales y la sanción no queda completa sino hasta que los tribunales se hayan pronunciado respecto de la legalidad de la resolución. Las multas son a beneficio fiscal, pero las compensaciones son aparte. Las distribuidoras las tienen que pagar y las compensaciones tienen que ver con el servicio no prestado”, precisó Chotzen.
A su vez, el ministro de Energía Ricardo Raineri informó que se formularán cargos adicionales contra Endesa, Transelec y Tranquillota por las fallas en sus instalaciones o por la información deficiente entregada al Centro Económico de Despacho de Carga.
“Los cargos adicionales formulados en contra de Endesa tienen relación con el retraso en la entrada de las centrales El Toro y Antuco. En el caso de Transelec, por las fallas en las instalaciones de la subestación Charrúa; en Transquillota por problemas de sus líneas de transmisión y en el caso de Chilectra por deficiencias de coordinación en la toma de carga, lo que también dificultó la recuperación del sistema”, dijo el secretario de Estado.
El ingeniero de la consultora Energética, Rodrigo Fernández, por su lado, aseguró que luego del sismo el Sistema Interconectado Central no resultó con daños considerables y por ende el apagón del 14 de marzo era un hecho evitable.
“El sistema ya se había recuperado del terremoto. Si bien, está operando en forma frágil, el centro de despachos económicos de cargas, que es el encargado de velar por la operación del sistema al mínimo costo y con la seguridad correspondiente, no fue capaz de coordinar la operación de forma tal que, en caso de producirse una falla, no se cayera todo el sistema”, afirmó.
El último apagón ocurrido en el país fue el del 21 de marzo del 2005, el que dejó sin energía eléctrica a la población entre Taltal y Talca por una hora. En aquella ocasión se aplicó una multa de 560 UTA.
Después de más de cuatro meses de investigación, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) anunció que formulará cargos contra las 115 empresas que integran el Sistema Interconectado Central por la responsabilidad que tuvieron en el apagón del pasado 14 de marzo.
Según explicaron las autoridades, la acusación contra estas compañías sería por “el incumplimiento de la obligación de coordinarse con el fin de preservar la seguridad del servicio”.
En específico, la SEC acusa a las firmas de no haber coordinado la operación ante circunstancias imprevistas; no velar por la operación segura y eficiente del sistema eléctrico; y no haber establecido restricciones en la operación de los coordinados dado que existían necesidades de seguridad y calidad de servicio que así lo requerían.
El corte del suministro eléctrico sucedió en las dos semanas posteriores al terremoto y afectó a trece millones de habitantes desde Taltal a Chiloé. La falla se originó en la subestación Charrúa, ubicada en la VIII Región, propiedad de la empresa Transelec.
La superintendenta de Electricidad Patricia Chotzen detalló que la normativa vigente contempla multas de hasta 10 mil Unidades Tributarias Anuales, lo que corresponde a poco más de ocho millones de dólares. Asimismo, explicó que las empresas disponen de 15 días hábiles para presentar sus descargos, los que serán evaluados por el regulador para luego definir las sanciones o multas.
“El sistema consiste en que la Superintendencia inicia la investigación, luego las empresas pueden interponer recursos de reposición o dirigirse directamente a tribunales y la sanción no queda completa sino hasta que los tribunales se hayan pronunciado respecto de la legalidad de la resolución. Las multas son a beneficio fiscal, pero las compensaciones son aparte. Las distribuidoras las tienen que pagar y las compensaciones tienen que ver con el servicio no prestado”, precisó Chotzen.
A su vez, el ministro de Energía Ricardo Raineri informó que se formularán cargos adicionales contra Endesa, Transelec y Tranquillota por las fallas en sus instalaciones o por la información deficiente entregada al Centro Económico de Despacho de Carga.
“Los cargos adicionales formulados en contra de Endesa tienen relación con el retraso en la entrada de las centrales El Toro y Antuco. En el caso de Transelec, por las fallas en las instalaciones de la subestación Charrúa; en Transquillota por problemas de sus líneas de transmisión y en el caso de Chilectra por deficiencias de coordinación en la toma de carga, lo que también dificultó la recuperación del sistema”, dijo el secretario de Estado.
El ingeniero de la consultora Energética, Rodrigo Fernández, por su lado, aseguró que luego del sismo el Sistema Interconectado Central no resultó con daños considerables y por ende el apagón del 14 de marzo era un hecho evitable.
“El sistema ya se había recuperado del terremoto. Si bien, está operando en forma frágil, el centro de despachos económicos de cargas, que es el encargado de velar por la operación del sistema al mínimo costo y con la seguridad correspondiente, no fue capaz de coordinar la operación de forma tal que, en caso de producirse una falla, no se cayera todo el sistema”, afirmó.
El último apagón ocurrido en el país fue el del 21 de marzo del 2005, el que dejó sin energía eléctrica a la población entre Taltal y Talca por una hora. En aquella ocasión se aplicó una multa de 560 UTA.
