Como la punta del iceberg de varias irregularidades en materia de seguridad laboral que afectan a la pequeña y a la gran minería calificaron algunas organizaciones sindicales el derrumbe ocurrido en la mina San José de Copiapó que dejó enterrados a treinta y tres pirquineros.
Las principales críticas apuntan a los últimos gobiernos y a los empresarios cupreros por la falta de fiscalización y las precarias condiciones de seguridad que hay para operar en condiciones adversas.
Por eso, el secretario general de la Central Autónoma de Trabajadores, Alfonso Pastene, aseguró que como entidad presentarán una queja formal en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, con el fin de velar por la seguridad ocupacional de los mineros.
“Nosotros vamos a hacer acciones legales, la OIT, porque con los recursos que tiene hoy la Minería no pueden suceder este tipo de situaciones. Hay trabajadores extranjeros que hoy también están ahí sepultados y están sin ningún tipo de protección”, indicó el dirigente.
Por su lado, el diputado PS Juan Luis Castro anticipó que hoy acudirá a la Contraloría para solicitar una investigación administrativa respecto de la falta fiscalización que habría tenido el ente regulador de la industria, el Servicio Nacional de Geología y Minería, y el ministerio del Trabajo en la faena.
“Cuántas minas más de la pequeña Minería en la Tercera y Cuarta región están bajo esta situación precaria, silenciosa donde nadie se hace responsable de aquellos pirquineros y mineros que están en estas condiciones trabajando para ganarse la vida y lamentablemente las empresas se aprovechan de esta situación y los exponen a los riesgos que aquí estamos viendo, por eso vamos a pedir la fiscalización para que la Contraloría dictamine las verdaderas responsabilidades del Estado en permitir que esta compañia minera privada ejerzan ésta acción laboral, pero bajo condiciones realmente misérrimas”, señaló el parlamentario.
Una visión más crítica manifestó el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, Cristián Cuevas, quien tildó como acción criminal la actitud que ha tenido la autoridad y los empleadores con este yacimiento.
Cuevas agregó que el mismo ministro de Minería, Laurence Golborne, fue informado hace un par de semanas sobre las precarias condiciones de la mina.
“Hemos dicho que aquí hay una acción criminal de los empleadores, del Estado y su institucionalidad porque esta Mina había sido denunciada años atrás por parte de los propios trabajadores y los dirigentes sindicales que no podía desarrollar labor extractiva porque se encontraba insegura, pero fue el Sernageomín, que cuenta con dos funcionarios en la región que autorizó el desarrollo de esa labor extractiva”, enfatizó Cuevas.
Desde el epicentro del desastre, en la Región de Atacama, el obispo de Copiapó, Gaspar Quintana, llamó a la tranquilidad de los familiares de los afectados y emplazó al gobierno y al sector privado a sacar lecciones de este incidente.
“La repercusión de este hecho dramático ha sido muy fuerte y yo le he escrito un mensaje a todas las comunidades cristianas de Atacama para que nos mantengamos en la oración y hagamos lo posible por estar pendientes de esta situación que nos compromete a todos, porque es un mandato de Jesús, ámense unos a otros y esa sería una forma concreta de manifestar nuestra preocupación por los que sufren, los trabajadores. Le hemos pedido al señor sacar las lecciones que corresponde, tanto a nivel de Gobierno, empresarios, trabajadores. De manera que el dolor que ha producido esta situación nos haga crecer socialmente como parte de un país”, destacó el prelado.
En los últimos años la minera que es propiedad del grupo San Esteban ha debido enfrentar varios accidentes ocupacionales. El último ocurrió el pasado 3 de julio, cuando un trabajador resultó herido al caerle una plancha metálica encima.
Ante esta situación, parte de las faenas del yacimiento fueron suspendidas. No obstante, en 2008 la firma fue autorizada por el Sernageomin para continuar con los trabajos de extracción de cobre y oro.
Como la punta del iceberg de varias irregularidades en materia de seguridad laboral que afectan a la pequeña y a la gran minería calificaron algunas organizaciones sindicales el derrumbe ocurrido en la mina San José de Copiapó que dejó enterrados a treinta y tres pirquineros.
Las principales críticas apuntan a los últimos gobiernos y a los empresarios cupreros por la falta de fiscalización y las precarias condiciones de seguridad que hay para operar en condiciones adversas.
Por eso, el secretario general de la Central Autónoma de Trabajadores, Alfonso Pastene, aseguró que como entidad presentarán una queja formal en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, con el fin de velar por la seguridad ocupacional de los mineros.
“Nosotros vamos a hacer acciones legales, la OIT, porque con los recursos que tiene hoy la Minería no pueden suceder este tipo de situaciones. Hay trabajadores extranjeros que hoy también están ahí sepultados y están sin ningún tipo de protección”, indicó el dirigente.
Por su lado, el diputado PS Juan Luis Castro anticipó que hoy acudirá a la Contraloría para solicitar una investigación administrativa respecto de la falta fiscalización que habría tenido el ente regulador de la industria, el Servicio Nacional de Geología y Minería, y el ministerio del Trabajo en la faena.
“Cuántas minas más de la pequeña Minería en la Tercera y Cuarta región están bajo esta situación precaria, silenciosa donde nadie se hace responsable de aquellos pirquineros y mineros que están en estas condiciones trabajando para ganarse la vida y lamentablemente las empresas se aprovechan de esta situación y los exponen a los riesgos que aquí estamos viendo, por eso vamos a pedir la fiscalización para que la Contraloría dictamine las verdaderas responsabilidades del Estado en permitir que esta compañia minera privada ejerzan ésta acción laboral, pero bajo condiciones realmente misérrimas”, señaló el parlamentario.
Una visión más crítica manifestó el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, Cristián Cuevas, quien tildó como acción criminal la actitud que ha tenido la autoridad y los empleadores con este yacimiento.
Cuevas agregó que el mismo ministro de Minería, Laurence Golborne, fue informado hace un par de semanas sobre las precarias condiciones de la mina.
“Hemos dicho que aquí hay una acción criminal de los empleadores, del Estado y su institucionalidad porque esta Mina había sido denunciada años atrás por parte de los propios trabajadores y los dirigentes sindicales que no podía desarrollar labor extractiva porque se encontraba insegura, pero fue el Sernageomín, que cuenta con dos funcionarios en la región que autorizó el desarrollo de esa labor extractiva”, enfatizó Cuevas.
Desde el epicentro del desastre, en la Región de Atacama, el obispo de Copiapó, Gaspar Quintana, llamó a la tranquilidad de los familiares de los afectados y emplazó al gobierno y al sector privado a sacar lecciones de este incidente.
“La repercusión de este hecho dramático ha sido muy fuerte y yo le he escrito un mensaje a todas las comunidades cristianas de Atacama para que nos mantengamos en la oración y hagamos lo posible por estar pendientes de esta situación que nos compromete a todos, porque es un mandato de Jesús, ámense unos a otros y esa sería una forma concreta de manifestar nuestra preocupación por los que sufren, los trabajadores. Le hemos pedido al señor sacar las lecciones que corresponde, tanto a nivel de Gobierno, empresarios, trabajadores. De manera que el dolor que ha producido esta situación nos haga crecer socialmente como parte de un país”, destacó el prelado.
En los últimos años la minera que es propiedad del grupo San Esteban ha debido enfrentar varios accidentes ocupacionales. El último ocurrió el pasado 3 de julio, cuando un trabajador resultó herido al caerle una plancha metálica encima.
Ante esta situación, parte de las faenas del yacimiento fueron suspendidas. No obstante, en 2008 la firma fue autorizada por el Sernageomin para continuar con los trabajos de extracción de cobre y oro.
Como la punta del iceberg de varias irregularidades en materia de seguridad laboral que afectan a la pequeña y a la gran minería calificaron algunas organizaciones sindicales el derrumbe ocurrido en la mina San José de Copiapó que dejó enterrados a treinta y tres pirquineros.
Las principales críticas apuntan a los últimos gobiernos y a los empresarios cupreros por la falta de fiscalización y las precarias condiciones de seguridad que hay para operar en condiciones adversas.
Por eso, el secretario general de la Central Autónoma de Trabajadores, Alfonso Pastene, aseguró que como entidad presentarán una queja formal en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, con el fin de velar por la seguridad ocupacional de los mineros.
“Nosotros vamos a hacer acciones legales, la OIT, porque con los recursos que tiene hoy la Minería no pueden suceder este tipo de situaciones. Hay trabajadores extranjeros que hoy también están ahí sepultados y están sin ningún tipo de protección”, indicó el dirigente.
Por su lado, el diputado PS Juan Luis Castro anticipó que hoy acudirá a la Contraloría para solicitar una investigación administrativa respecto de la falta fiscalización que habría tenido el ente regulador de la industria, el Servicio Nacional de Geología y Minería, y el ministerio del Trabajo en la faena.
“Cuántas minas más de la pequeña Minería en la Tercera y Cuarta región están bajo esta situación precaria, silenciosa donde nadie se hace responsable de aquellos pirquineros y mineros que están en estas condiciones trabajando para ganarse la vida y lamentablemente las empresas se aprovechan de esta situación y los exponen a los riesgos que aquí estamos viendo, por eso vamos a pedir la fiscalización para que la Contraloría dictamine las verdaderas responsabilidades del Estado en permitir que esta compañia minera privada ejerzan ésta acción laboral, pero bajo condiciones realmente misérrimas”, señaló el parlamentario.
Una visión más crítica manifestó el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, Cristián Cuevas, quien tildó como acción criminal la actitud que ha tenido la autoridad y los empleadores con este yacimiento.
Cuevas agregó que el mismo ministro de Minería, Laurence Golborne, fue informado hace un par de semanas sobre las precarias condiciones de la mina.
“Hemos dicho que aquí hay una acción criminal de los empleadores, del Estado y su institucionalidad porque esta Mina había sido denunciada años atrás por parte de los propios trabajadores y los dirigentes sindicales que no podía desarrollar labor extractiva porque se encontraba insegura, pero fue el Sernageomín, que cuenta con dos funcionarios en la región que autorizó el desarrollo de esa labor extractiva”, enfatizó Cuevas.
Desde el epicentro del desastre, en la Región de Atacama, el obispo de Copiapó, Gaspar Quintana, llamó a la tranquilidad de los familiares de los afectados y emplazó al gobierno y al sector privado a sacar lecciones de este incidente.
“La repercusión de este hecho dramático ha sido muy fuerte y yo le he escrito un mensaje a todas las comunidades cristianas de Atacama para que nos mantengamos en la oración y hagamos lo posible por estar pendientes de esta situación que nos compromete a todos, porque es un mandato de Jesús, ámense unos a otros y esa sería una forma concreta de manifestar nuestra preocupación por los que sufren, los trabajadores. Le hemos pedido al señor sacar las lecciones que corresponde, tanto a nivel de Gobierno, empresarios, trabajadores. De manera que el dolor que ha producido esta situación nos haga crecer socialmente como parte de un país”, destacó el prelado.
En los últimos años la minera que es propiedad del grupo San Esteban ha debido enfrentar varios accidentes ocupacionales. El último ocurrió el pasado 3 de julio, cuando un trabajador resultó herido al caerle una plancha metálica encima.
Ante esta situación, parte de las faenas del yacimiento fueron suspendidas. No obstante, en 2008 la firma fue autorizada por el Sernageomin para continuar con los trabajos de extracción de cobre y oro.
