El Convenio 169 de la OIT establece en su artículo 33 la obligación estatal de destinar los recursos suficientes para garantizar los derechos indígenas y el cumplimiento de sus obligaciones adquiridas a través de la ratificación del convenio.
Por esa razón el Centro de Políticas Públicas se cuestiona el limitado presupuesto que los últimos y el actual gobierno ha destinando a este tipo de políticas públicas.
Esto es reflejado en el propio Informe de Recomendaciones a Chile que redactó el Relator Especial de la ONU, James Anaya. En ese documento se “enfatiza la necesidad de que la Ley de Presupuesto público dote del financiamiento necesario a las políticas y programas destinados a los pueblos indígenas prestar especial atención a, entre otros, programas de tierra y aguas, educación bilingüe intercultural, hogares de estudiantes indígena, salud intercultural, y asegurar el financiamiento para los procesos de consulta”.
El centro de políticas públicas denuncia que la propuesta que entregará la CONADI con más de 62 mil millones de pesos tiene ítem muy reducidos ante estas problemáticas que incluso están presentes en la preocupación internacional.
Matías Meza, abogado del Observatorio Ciudadano, manifestó que lamentablemente la línea que sigue este nuevo gobierno sigue perdiendo la voz de las propias comunidades y de estos consejos y reglas internacionales.
“El Gobierno en su programa y lo que ha anunciado el 21 de mayo acentúa la lógica desarrollista de las políticas públicas de pueblos indígenas que vienen desde el Estado a los pueblos originarios y no son políticas desarrolladas en acuerdo con las comunidades como establece el derecho internacional, especialmente el Convenio 169 de la OIT. Se enfatiza en subsidios individuales para la adquisición de tierras que obviamente es una solución que apunta a resolver escasez de tierras, pobreza, es un enfoque agrario”, indicó el abogado.
Según el centro este proyecto de presupuesto “no se hace cargo de medidas para encarar el incremento de la pobreza indígena que reveló la CASEN 2009.
A esto se suma que dentro de esta iniciativa se plantearía disminuir en un 16 por ciento el presupuesto de Fondo de Tierras. Desde más de 39 mil millones que tenía este fondo bajaría a 33 mil millones.
En este sentido, Meza dijo que “falta la reconstrucción territorial” para el ejercicio de sus derechos políticos.
“En definitiva se genera expectativa en la población indígena y después no se cumple y en ese sentido hay políticas equivocadas en la forma de implementar las herramientas institucionales para resolver estos problemas que fundamentalmente es el Fondo de Tierras que en los veinte años de gobiernos de la Concertación tuvo una dotación de recursos importante, pero que fueron aplicados en una lógica desarrollista de “sacar de la pobreza a las comunidades”, señaló el experto.
Las estimaciones hablan de que el presupuesto de la nación sólo alcanza un 0,3 por ciento para políticas indígenas.
Fernando Lira, abogado de la ONG Liberar, aseguró qua ya no es un problema de dinero sino de voluntad de diálogo.
“Yo no creo que sea un poco de plata más o un poco de plata menos. Hoy si es que el problema no se trata en el fondo simplemente será pan para hoy y hambre para mañana, vamos a tener el mismo conflicto radicado más adelante. En este momento se deben escuchar las necesidades urgentes del mundo mapuche que está sobreviviendo a una situación”, enfatizó Lira.
Si las líneas de solución no cambian esto significa la permanencia del conflicto entre el Estado y las comunidades, no fue suficiente el llamado “Nuevo Trato” del presidente Ricardo Lagos ni los proyectos sobre reordenamiento de las instituciones con Michelle Bachelet porque hoy numerosos presos políticos mapuche se encuentran en huelga de hambre intentando ser escuchados.
El Convenio 169 de la OIT establece en su artículo 33 la obligación estatal de destinar los recursos suficientes para garantizar los derechos indígenas y el cumplimiento de sus obligaciones adquiridas a través de la ratificación del convenio.
Por esa razón el Centro de Políticas Públicas se cuestiona el limitado presupuesto que los últimos y el actual gobierno ha destinando a este tipo de políticas públicas.
Esto es reflejado en el propio Informe de Recomendaciones a Chile que redactó el Relator Especial de la ONU, James Anaya. En ese documento se “enfatiza la necesidad de que la Ley de Presupuesto público dote del financiamiento necesario a las políticas y programas destinados a los pueblos indígenas prestar especial atención a, entre otros, programas de tierra y aguas, educación bilingüe intercultural, hogares de estudiantes indígena, salud intercultural, y asegurar el financiamiento para los procesos de consulta”.
El centro de políticas públicas denuncia que la propuesta que entregará la CONADI con más de 62 mil millones de pesos tiene ítem muy reducidos ante estas problemáticas que incluso están presentes en la preocupación internacional.
Matías Meza, abogado del Observatorio Ciudadano, manifestó que lamentablemente la línea que sigue este nuevo gobierno sigue perdiendo la voz de las propias comunidades y de estos consejos y reglas internacionales.
“El Gobierno en su programa y lo que ha anunciado el 21 de mayo acentúa la lógica desarrollista de las políticas públicas de pueblos indígenas que vienen desde el Estado a los pueblos originarios y no son políticas desarrolladas en acuerdo con las comunidades como establece el derecho internacional, especialmente el Convenio 169 de la OIT. Se enfatiza en subsidios individuales para la adquisición de tierras que obviamente es una solución que apunta a resolver escasez de tierras, pobreza, es un enfoque agrario”, indicó el abogado.
Según el centro este proyecto de presupuesto “no se hace cargo de medidas para encarar el incremento de la pobreza indígena que reveló la CASEN 2009.
A esto se suma que dentro de esta iniciativa se plantearía disminuir en un 16 por ciento el presupuesto de Fondo de Tierras. Desde más de 39 mil millones que tenía este fondo bajaría a 33 mil millones.
En este sentido, Meza dijo que “falta la reconstrucción territorial” para el ejercicio de sus derechos políticos.
“En definitiva se genera expectativa en la población indígena y después no se cumple y en ese sentido hay políticas equivocadas en la forma de implementar las herramientas institucionales para resolver estos problemas que fundamentalmente es el Fondo de Tierras que en los veinte años de gobiernos de la Concertación tuvo una dotación de recursos importante, pero que fueron aplicados en una lógica desarrollista de “sacar de la pobreza a las comunidades”, señaló el experto.
Las estimaciones hablan de que el presupuesto de la nación sólo alcanza un 0,3 por ciento para políticas indígenas.
Fernando Lira, abogado de la ONG Liberar, aseguró qua ya no es un problema de dinero sino de voluntad de diálogo.
“Yo no creo que sea un poco de plata más o un poco de plata menos. Hoy si es que el problema no se trata en el fondo simplemente será pan para hoy y hambre para mañana, vamos a tener el mismo conflicto radicado más adelante. En este momento se deben escuchar las necesidades urgentes del mundo mapuche que está sobreviviendo a una situación”, enfatizó Lira.
Si las líneas de solución no cambian esto significa la permanencia del conflicto entre el Estado y las comunidades, no fue suficiente el llamado “Nuevo Trato” del presidente Ricardo Lagos ni los proyectos sobre reordenamiento de las instituciones con Michelle Bachelet porque hoy numerosos presos políticos mapuche se encuentran en huelga de hambre intentando ser escuchados.
El Convenio 169 de la OIT establece en su artículo 33 la obligación estatal de destinar los recursos suficientes para garantizar los derechos indígenas y el cumplimiento de sus obligaciones adquiridas a través de la ratificación del convenio.
Por esa razón el Centro de Políticas Públicas se cuestiona el limitado presupuesto que los últimos y el actual gobierno ha destinando a este tipo de políticas públicas.
Esto es reflejado en el propio Informe de Recomendaciones a Chile que redactó el Relator Especial de la ONU, James Anaya. En ese documento se “enfatiza la necesidad de que la Ley de Presupuesto público dote del financiamiento necesario a las políticas y programas destinados a los pueblos indígenas prestar especial atención a, entre otros, programas de tierra y aguas, educación bilingüe intercultural, hogares de estudiantes indígena, salud intercultural, y asegurar el financiamiento para los procesos de consulta”.
El centro de políticas públicas denuncia que la propuesta que entregará la CONADI con más de 62 mil millones de pesos tiene ítem muy reducidos ante estas problemáticas que incluso están presentes en la preocupación internacional.
Matías Meza, abogado del Observatorio Ciudadano, manifestó que lamentablemente la línea que sigue este nuevo gobierno sigue perdiendo la voz de las propias comunidades y de estos consejos y reglas internacionales.
“El Gobierno en su programa y lo que ha anunciado el 21 de mayo acentúa la lógica desarrollista de las políticas públicas de pueblos indígenas que vienen desde el Estado a los pueblos originarios y no son políticas desarrolladas en acuerdo con las comunidades como establece el derecho internacional, especialmente el Convenio 169 de la OIT. Se enfatiza en subsidios individuales para la adquisición de tierras que obviamente es una solución que apunta a resolver escasez de tierras, pobreza, es un enfoque agrario”, indicó el abogado.
Según el centro este proyecto de presupuesto “no se hace cargo de medidas para encarar el incremento de la pobreza indígena que reveló la CASEN 2009.
A esto se suma que dentro de esta iniciativa se plantearía disminuir en un 16 por ciento el presupuesto de Fondo de Tierras. Desde más de 39 mil millones que tenía este fondo bajaría a 33 mil millones.
En este sentido, Meza dijo que “falta la reconstrucción territorial” para el ejercicio de sus derechos políticos.
“En definitiva se genera expectativa en la población indígena y después no se cumple y en ese sentido hay políticas equivocadas en la forma de implementar las herramientas institucionales para resolver estos problemas que fundamentalmente es el Fondo de Tierras que en los veinte años de gobiernos de la Concertación tuvo una dotación de recursos importante, pero que fueron aplicados en una lógica desarrollista de “sacar de la pobreza a las comunidades”, señaló el experto.
Las estimaciones hablan de que el presupuesto de la nación sólo alcanza un 0,3 por ciento para políticas indígenas.
Fernando Lira, abogado de la ONG Liberar, aseguró qua ya no es un problema de dinero sino de voluntad de diálogo.
“Yo no creo que sea un poco de plata más o un poco de plata menos. Hoy si es que el problema no se trata en el fondo simplemente será pan para hoy y hambre para mañana, vamos a tener el mismo conflicto radicado más adelante. En este momento se deben escuchar las necesidades urgentes del mundo mapuche que está sobreviviendo a una situación”, enfatizó Lira.
Si las líneas de solución no cambian esto significa la permanencia del conflicto entre el Estado y las comunidades, no fue suficiente el llamado “Nuevo Trato” del presidente Ricardo Lagos ni los proyectos sobre reordenamiento de las instituciones con Michelle Bachelet porque hoy numerosos presos políticos mapuche se encuentran en huelga de hambre intentando ser escuchados.
