De los 26 mil millones de pesos que comprende la construcción de esta clínica, más de cuatro mil seiscientos millones saldrían del presupuesto municipal de Ñuñoa. De hecho, dos mil millones de pesos ya fueron otorgados, además el municipio se comprometió a entregar otros dos mil seiscientos millones para el 2011. Lo más grave de la denuncia es que se trata de una especia de “subsidio a privados”, ya que la clínica es de la empresa Claro, Vicuña, Valenzuela SA, y con fines de lucro.
Estos antecedentes tienen muy molestos a más de la mitad de los integrantes del Concejo Municipal, quienes llegaron por segunda vez en este mes a la Contraloría General de la República a entregar nuevos antecedentes sobre las irregularidades que envuelven a este proyecto y al municipio.
Para el concejal Jaime Castillo es “ilegal” que el alcalde con sólo dos votos (de los concejales Rosasco y Zarhi) haya firmado un documento donde asegura “fue aprobado por mayoría el proyecto”. Sobre todo considerando que fueron cinco los concejales que estuvieron en contra y uno, el concejal Labbé, quien se abstuvo. A lo que se agrega la negativa del ministerio de Planificación Social de comprometer nuevos recursos para un proyecto que no involucraba un beneficio directo para la comunidad.
“Sabat nos engañó al decirnos que el proyecto del Gobierno había tenido muy buena recepción, que iban a haber recursos del Gobierno central para poder construir esa clínica, pero nosotros hemos hecho las averiguaciones en Mideplan y allí no existe ningún antecedente ingresado. Esto aumenta nuestra calificación de grados de irresponsabilidad mayor y su actitud se acerca a un notable abandono de deberes que tendremos que hacerlo ver ante las instancias pertinentes que señala el ordenamiento jurídico del país”, señaló Castillo.
Según anunció Jaime Castillo, acudir hasta la Contraloría es sólo el primer paso de una serie de acciones legales en contra del alcalde Pedro Sabat y del proyecto, como un proceso judicial en la Corte de Apelaciones donde esperan se decrete la paralización de las actividades de construcción, las cuales ya comenzaron.
“Se está actuando de manera absolutamente inversa. El Gobierno deja que privados financien construcciones hospitalarias y luego las administra el ministerio de Salud, pero no al contrario, que el Gobierno construya para entregarla a privados que la administren, y este es el caso de Ñuñoa, es decir, estamos yendo contra lo que se está haciendo hoy en Chile”, indicó el concejal Pablo Vergara.
En tanto, la concejala Claudia Vera, indicó que la construcción de esta clínica responde únicamente a una obsesión del alcalde Sabat, quien comprometió el centro médico en su campaña política.
“Los recursos hoy no deberían destinarse a una clínica privada, debería destinarse a arreglar las casas de la gente de la Villa Olímpica, para que puedan tener agua, puedan tener gas, a la asistencialidad. En el tema de la inversión municipal hoy somos la tercera comuna con más hoyos de Santiago, lo que nunca había ocurrido, pero como se está haciendo una bolsa de dinero para poder pagar esta clínica, se está dejando de hacer muchas cosas, por ejemplo, se dejó de entregar subvenciones a las organizaciones comunitarias (adultos mayores, clubes deportivos) por destinar recursos a esta área. Eso es inaceptable porque parece más una obsesión que realmente un proyecto para la comunidad”, explicó Vera.
Según los concejales denunciantes, ésta no es la primera vez que el alcalde Sabat hace uso de recursos municipales para la construcción de establecimientos privados. Denunciaron además la construcción del centro deportivo Sportlife, que fue levantado con recursos municipales y quitando terrenos de un parque comunal a los vecinos con el argumento de que se construiría un “centro deportivo de calidad”. Sin embargo, actualmente es administrado por un gimnasio particular que cobra altas sumas para los que se interesen en aprovechar sus dependencias, y otorgando sólo 20 becas anuales a los vecinos durante un plazo de 30 años y con horarios determinados.
Denuncias que se producen mientras en la Villa Olímpica aún hay muchos vecinos que no tienen servicios básicos habilitados y que están viviendo en sus departamentos pese a ser declarados “inhabitables” después del terremoto, sin que el municipio de Ñuñoa les de otra alternativa aduciendo falta de recursos.
De los 26 mil millones de pesos que comprende la construcción de esta clínica, más de cuatro mil seiscientos millones saldrían del presupuesto municipal de Ñuñoa. De hecho, dos mil millones de pesos ya fueron otorgados, además el municipio se comprometió a entregar otros dos mil seiscientos millones para el 2011. Lo más grave de la denuncia es que se trata de una especia de “subsidio a privados”, ya que la clínica es de la empresa Claro, Vicuña, Valenzuela SA, y con fines de lucro.
Estos antecedentes tienen muy molestos a más de la mitad de los integrantes del Concejo Municipal, quienes llegaron por segunda vez en este mes a la Contraloría General de la República a entregar nuevos antecedentes sobre las irregularidades que envuelven a este proyecto y al municipio.
Para el concejal Jaime Castillo es “ilegal” que el alcalde con sólo dos votos (de los concejales Rosasco y Zarhi) haya firmado un documento donde asegura “fue aprobado por mayoría el proyecto”. Sobre todo considerando que fueron cinco los concejales que estuvieron en contra y uno, el concejal Labbé, quien se abstuvo. A lo que se agrega la negativa del ministerio de Planificación Social de comprometer nuevos recursos para un proyecto que no involucraba un beneficio directo para la comunidad.
“Sabat nos engañó al decirnos que el proyecto del Gobierno había tenido muy buena recepción, que iban a haber recursos del Gobierno central para poder construir esa clínica, pero nosotros hemos hecho las averiguaciones en Mideplan y allí no existe ningún antecedente ingresado. Esto aumenta nuestra calificación de grados de irresponsabilidad mayor y su actitud se acerca a un notable abandono de deberes que tendremos que hacerlo ver ante las instancias pertinentes que señala el ordenamiento jurídico del país”, señaló Castillo.
Según anunció Jaime Castillo, acudir hasta la Contraloría es sólo el primer paso de una serie de acciones legales en contra del alcalde Pedro Sabat y del proyecto, como un proceso judicial en la Corte de Apelaciones donde esperan se decrete la paralización de las actividades de construcción, las cuales ya comenzaron.
“Se está actuando de manera absolutamente inversa. El Gobierno deja que privados financien construcciones hospitalarias y luego las administra el ministerio de Salud, pero no al contrario, que el Gobierno construya para entregarla a privados que la administren, y este es el caso de Ñuñoa, es decir, estamos yendo contra lo que se está haciendo hoy en Chile”, indicó el concejal Pablo Vergara.
En tanto, la concejala Claudia Vera, indicó que la construcción de esta clínica responde únicamente a una obsesión del alcalde Sabat, quien comprometió el centro médico en su campaña política.
“Los recursos hoy no deberían destinarse a una clínica privada, debería destinarse a arreglar las casas de la gente de la Villa Olímpica, para que puedan tener agua, puedan tener gas, a la asistencialidad. En el tema de la inversión municipal hoy somos la tercera comuna con más hoyos de Santiago, lo que nunca había ocurrido, pero como se está haciendo una bolsa de dinero para poder pagar esta clínica, se está dejando de hacer muchas cosas, por ejemplo, se dejó de entregar subvenciones a las organizaciones comunitarias (adultos mayores, clubes deportivos) por destinar recursos a esta área. Eso es inaceptable porque parece más una obsesión que realmente un proyecto para la comunidad”, explicó Vera.
Según los concejales denunciantes, ésta no es la primera vez que el alcalde Sabat hace uso de recursos municipales para la construcción de establecimientos privados. Denunciaron además la construcción del centro deportivo Sportlife, que fue levantado con recursos municipales y quitando terrenos de un parque comunal a los vecinos con el argumento de que se construiría un “centro deportivo de calidad”. Sin embargo, actualmente es administrado por un gimnasio particular que cobra altas sumas para los que se interesen en aprovechar sus dependencias, y otorgando sólo 20 becas anuales a los vecinos durante un plazo de 30 años y con horarios determinados.
Denuncias que se producen mientras en la Villa Olímpica aún hay muchos vecinos que no tienen servicios básicos habilitados y que están viviendo en sus departamentos pese a ser declarados “inhabitables” después del terremoto, sin que el municipio de Ñuñoa les de otra alternativa aduciendo falta de recursos.
De los 26 mil millones de pesos que comprende la construcción de esta clínica, más de cuatro mil seiscientos millones saldrían del presupuesto municipal de Ñuñoa. De hecho, dos mil millones de pesos ya fueron otorgados, además el municipio se comprometió a entregar otros dos mil seiscientos millones para el 2011. Lo más grave de la denuncia es que se trata de una especia de “subsidio a privados”, ya que la clínica es de la empresa Claro, Vicuña, Valenzuela SA, y con fines de lucro.
Estos antecedentes tienen muy molestos a más de la mitad de los integrantes del Concejo Municipal, quienes llegaron por segunda vez en este mes a la Contraloría General de la República a entregar nuevos antecedentes sobre las irregularidades que envuelven a este proyecto y al municipio.
Para el concejal Jaime Castillo es “ilegal” que el alcalde con sólo dos votos (de los concejales Rosasco y Zarhi) haya firmado un documento donde asegura “fue aprobado por mayoría el proyecto”. Sobre todo considerando que fueron cinco los concejales que estuvieron en contra y uno, el concejal Labbé, quien se abstuvo. A lo que se agrega la negativa del ministerio de Planificación Social de comprometer nuevos recursos para un proyecto que no involucraba un beneficio directo para la comunidad.
“Sabat nos engañó al decirnos que el proyecto del Gobierno había tenido muy buena recepción, que iban a haber recursos del Gobierno central para poder construir esa clínica, pero nosotros hemos hecho las averiguaciones en Mideplan y allí no existe ningún antecedente ingresado. Esto aumenta nuestra calificación de grados de irresponsabilidad mayor y su actitud se acerca a un notable abandono de deberes que tendremos que hacerlo ver ante las instancias pertinentes que señala el ordenamiento jurídico del país”, señaló Castillo.
Según anunció Jaime Castillo, acudir hasta la Contraloría es sólo el primer paso de una serie de acciones legales en contra del alcalde Pedro Sabat y del proyecto, como un proceso judicial en la Corte de Apelaciones donde esperan se decrete la paralización de las actividades de construcción, las cuales ya comenzaron.
“Se está actuando de manera absolutamente inversa. El Gobierno deja que privados financien construcciones hospitalarias y luego las administra el ministerio de Salud, pero no al contrario, que el Gobierno construya para entregarla a privados que la administren, y este es el caso de Ñuñoa, es decir, estamos yendo contra lo que se está haciendo hoy en Chile”, indicó el concejal Pablo Vergara.
En tanto, la concejala Claudia Vera, indicó que la construcción de esta clínica responde únicamente a una obsesión del alcalde Sabat, quien comprometió el centro médico en su campaña política.
“Los recursos hoy no deberían destinarse a una clínica privada, debería destinarse a arreglar las casas de la gente de la Villa Olímpica, para que puedan tener agua, puedan tener gas, a la asistencialidad. En el tema de la inversión municipal hoy somos la tercera comuna con más hoyos de Santiago, lo que nunca había ocurrido, pero como se está haciendo una bolsa de dinero para poder pagar esta clínica, se está dejando de hacer muchas cosas, por ejemplo, se dejó de entregar subvenciones a las organizaciones comunitarias (adultos mayores, clubes deportivos) por destinar recursos a esta área. Eso es inaceptable porque parece más una obsesión que realmente un proyecto para la comunidad”, explicó Vera.
Según los concejales denunciantes, ésta no es la primera vez que el alcalde Sabat hace uso de recursos municipales para la construcción de establecimientos privados. Denunciaron además la construcción del centro deportivo Sportlife, que fue levantado con recursos municipales y quitando terrenos de un parque comunal a los vecinos con el argumento de que se construiría un “centro deportivo de calidad”. Sin embargo, actualmente es administrado por un gimnasio particular que cobra altas sumas para los que se interesen en aprovechar sus dependencias, y otorgando sólo 20 becas anuales a los vecinos durante un plazo de 30 años y con horarios determinados.
Denuncias que se producen mientras en la Villa Olímpica aún hay muchos vecinos que no tienen servicios básicos habilitados y que están viviendo en sus departamentos pese a ser declarados “inhabitables” después del terremoto, sin que el municipio de Ñuñoa les de otra alternativa aduciendo falta de recursos.
