Fallo de Contraloría pone una piedra en el zapato a venta de CHV
El informe del órgano contralor estableció que la concesión del usufructo de la señal vence el 2018, momento en que la Universidad de Chile, dueña del canal, y el Consejo Nacional de Televisión, podrían pronunciarse. El dictamen se conoció el mismo día en que la vocera de Gobierno anunció que la venta de CHV, propiedad del Presidente Piñera, se podría concretar en las próximas semanas, pero que ahora puede verse entorpecida por la resolución de la Contraloría.
Lunes 16 de agosto 2010 21:18 hrs.
La investigación especial acerca de la situación de la Universidad de Chile en la venta de Chilevisión que realizó la Contraloría General de la República vino a confirmar que la concesión del usufructo de la señal del canal 11, del cual la casa de estudios es propietaria, caduca el 2018.
De acuerdo al informe de la Contraloría que se conoció el lunes en la tarde, al momento del traspaso del usufructo de la señal de Red de Televisión Universidad de Chile RTU S.A. a la Corporación Venezolana de Televisión, en 1993, el Consejo Nacional de Televisión determinó que sería válido por un plazo de 25 años, no renovable automáticamente, como las autoridades universitarias de esa época intentaban imponer.
Esta determinación del órgano contralor puede afectar nuevamente el proceso de venta de Chilevisión, canal del que ahora es dueño el Presidente Sebastián Piñera, ya que los interesados deberán contemplar que en ocho años más, tanto la Universidad como el CNTV podrían pronunciarse sobre si renovar o no la concesión de la señal, tal como lo estableció hoy la Contraloría.
“El rector en la época que corresponda tendrá que ponderar si tiene algo que decir. De acuerdo a la situación bien demostrada de ese informe, hoy día la Universidad de Chile está bastante afuera del ‘negocio televisivo’, y las autoridades tendrán que ponderar en el minuto de la renovación si les corresponde decir algo o no, pero esa es una ponderación que tienen que hacer las autoridades intervinientes en su minuto, que son el Consejo Nacional de Televisión y cualquier otra autoridad que crea que tiene algún marco de competencia”, afirmó el contralor Ramiro Mendoza.
Si bien Sebastián Piñera había comprometido en campaña que vendería Chilevisión antes de asumir la Presidencia, a cinco meses de haber llegado a La Moneda la transacción aún no se concreta, lo que ha generado críticas incluso desde el interior de su propia coalición de Gobierno.
Y aunque la venta estuvo a punto de concretarse con Linzor Capital, el conglomerado rechazó la transacción el 3 de junio porque, de acuerdo a un informe en derecho que habrían encargado, la renovación del usufructo de la señal el 2018 hacía peligrar la inversión.
Ante esto, Larraín Vial, delegados para concretar el negocio, encargó su propio informe sosteniendo que la renovación sería automática, discusión que motivó la investigación de Contraloría.
Pero el mismo día que la ministra Secretaria General de Gobierno, Ena von Baer, había anunciado: “esperamos que la venta de Chilevisión se cumpla en las próximas semanas”, se hizo público el dictamen de Contraloría que podría poner paños fríos a las intensiones de Time Warner y Bethia de adquirir el canal.
Críticas a la Universidad
Además de esclarecer la discusión acerca del periodo de concesión, el órgano contralor realizó fuertes críticas a la forma en que la casa de estudios llevó a cabo el proceso de venta.
En el informe se consigna que las transacciones generaron diferencias que “habrían afectado el patrimonio universitario, con una pérdida de 741.541 millones de pesos, valor actual de 1.366.462 millones de pesos”.
Asimismo, concluye que la Universidad omitió procesos administrativos impidiendo a la Contraloría pronunciarse sobre la venta o anularla antes que se realizara.
“Hubo una serie de decisiones que no fueron llevadas al trámite de toma de razón en su minuto, en la primera época 92, 93, hace bastante tiempo atrás”, afirmó el contralor Mendoza, señalando que los actos prescribieron debido a los años que transcurrieron desde los hechos.
La Contraloría también rechazó el intento de la casa de estudios por desligarse de la injerencia en los contenidos que se emiten en el canal pues, según estableció, “la ley dispone expresamente que la responsabilidad de los concesionarios de servicios de televisión por las transmisiones que por intermedio de ellos se efectúen, es indelegable”.
El dictamen señala además que no se dejó registro de los acuerdos tomados o los aspectos centrales tratados en las sesiones secretas en las que se discutió la venta, lo que transgrede el Reglamento del Consejo Universitario.
La investigación especial acerca de la situación de la Universidad de Chile en la venta de Chilevisión que realizó la Contraloría General de la República vino a confirmar que la concesión del usufructo de la señal del canal 11, del cual la casa de estudios es propietaria, caduca el 2018.
De acuerdo al informe de la Contraloría que se conoció el lunes en la tarde, al momento del traspaso del usufructo de la señal de Red de Televisión Universidad de Chile RTU S.A. a la Corporación Venezolana de Televisión, en 1993, el Consejo Nacional de Televisión determinó que sería válido por un plazo de 25 años, no renovable automáticamente, como las autoridades universitarias de esa época intentaban imponer.
Esta determinación del órgano contralor puede afectar nuevamente el proceso de venta de Chilevisión, canal del que ahora es dueño el Presidente Sebastián Piñera, ya que los interesados deberán contemplar que en ocho años más, tanto la Universidad como el CNTV podrían pronunciarse sobre si renovar o no la concesión de la señal, tal como lo estableció hoy la Contraloría.
“El rector en la época que corresponda tendrá que ponderar si tiene algo que decir. De acuerdo a la situación bien demostrada de ese informe, hoy día la Universidad de Chile está bastante afuera del ‘negocio televisivo’, y las autoridades tendrán que ponderar en el minuto de la renovación si les corresponde decir algo o no, pero esa es una ponderación que tienen que hacer las autoridades intervinientes en su minuto, que son el Consejo Nacional de Televisión y cualquier otra autoridad que crea que tiene algún marco de competencia”, afirmó el contralor Ramiro Mendoza.
Si bien Sebastián Piñera había comprometido en campaña que vendería Chilevisión antes de asumir la Presidencia, a cinco meses de haber llegado a La Moneda la transacción aún no se concreta, lo que ha generado críticas incluso desde el interior de su propia coalición de Gobierno.
Y aunque la venta estuvo a punto de concretarse con Linzor Capital, el conglomerado rechazó la transacción el 3 de junio porque, de acuerdo a un informe en derecho que habrían encargado, la renovación del usufructo de la señal el 2018 hacía peligrar la inversión.
Ante esto, Larraín Vial, delegados para concretar el negocio, encargó su propio informe sosteniendo que la renovación sería automática, discusión que motivó la investigación de Contraloría.
Pero el mismo día que la ministra Secretaria General de Gobierno, Ena von Baer, había anunciado: “esperamos que la venta de Chilevisión se cumpla en las próximas semanas”, se hizo público el dictamen de Contraloría que podría poner paños fríos a las intensiones de Time Warner y Bethia de adquirir el canal.
Críticas a la Universidad
Además de esclarecer la discusión acerca del periodo de concesión, el órgano contralor realizó fuertes críticas a la forma en que la casa de estudios llevó a cabo el proceso de venta.
En el informe se consigna que las transacciones generaron diferencias que “habrían afectado el patrimonio universitario, con una pérdida de 741.541 millones de pesos, valor actual de 1.366.462 millones de pesos”.
Asimismo, concluye que la Universidad omitió procesos administrativos impidiendo a la Contraloría pronunciarse sobre la venta o anularla antes que se realizara.
“Hubo una serie de decisiones que no fueron llevadas al trámite de toma de razón en su minuto, en la primera época 92, 93, hace bastante tiempo atrás”, afirmó el contralor Mendoza, señalando que los actos prescribieron debido a los años que transcurrieron desde los hechos.
La Contraloría también rechazó el intento de la casa de estudios por desligarse de la injerencia en los contenidos que se emiten en el canal pues, según estableció, “la ley dispone expresamente que la responsabilidad de los concesionarios de servicios de televisión por las transmisiones que por intermedio de ellos se efectúen, es indelegable”.
El dictamen señala además que no se dejó registro de los acuerdos tomados o los aspectos centrales tratados en las sesiones secretas en las que se discutió la venta, lo que transgrede el Reglamento del Consejo Universitario.
La investigación especial acerca de la situación de la Universidad de Chile en la venta de Chilevisión que realizó la Contraloría General de la República vino a confirmar que la concesión del usufructo de la señal del canal 11, del cual la casa de estudios es propietaria, caduca el 2018.
De acuerdo al informe de la Contraloría que se conoció el lunes en la tarde, al momento del traspaso del usufructo de la señal de Red de Televisión Universidad de Chile RTU S.A. a la Corporación Venezolana de Televisión, en 1993, el Consejo Nacional de Televisión determinó que sería válido por un plazo de 25 años, no renovable automáticamente, como las autoridades universitarias de esa época intentaban imponer.
Esta determinación del órgano contralor puede afectar nuevamente el proceso de venta de Chilevisión, canal del que ahora es dueño el Presidente Sebastián Piñera, ya que los interesados deberán contemplar que en ocho años más, tanto la Universidad como el CNTV podrían pronunciarse sobre si renovar o no la concesión de la señal, tal como lo estableció hoy la Contraloría.
“El rector en la época que corresponda tendrá que ponderar si tiene algo que decir. De acuerdo a la situación bien demostrada de ese informe, hoy día la Universidad de Chile está bastante afuera del ‘negocio televisivo’, y las autoridades tendrán que ponderar en el minuto de la renovación si les corresponde decir algo o no, pero esa es una ponderación que tienen que hacer las autoridades intervinientes en su minuto, que son el Consejo Nacional de Televisión y cualquier otra autoridad que crea que tiene algún marco de competencia”, afirmó el contralor Ramiro Mendoza.
Si bien Sebastián Piñera había comprometido en campaña que vendería Chilevisión antes de asumir la Presidencia, a cinco meses de haber llegado a La Moneda la transacción aún no se concreta, lo que ha generado críticas incluso desde el interior de su propia coalición de Gobierno.
Y aunque la venta estuvo a punto de concretarse con Linzor Capital, el conglomerado rechazó la transacción el 3 de junio porque, de acuerdo a un informe en derecho que habrían encargado, la renovación del usufructo de la señal el 2018 hacía peligrar la inversión.
Ante esto, Larraín Vial, delegados para concretar el negocio, encargó su propio informe sosteniendo que la renovación sería automática, discusión que motivó la investigación de Contraloría.
Pero el mismo día que la ministra Secretaria General de Gobierno, Ena von Baer, había anunciado: “esperamos que la venta de Chilevisión se cumpla en las próximas semanas”, se hizo público el dictamen de Contraloría que podría poner paños fríos a las intensiones de Time Warner y Bethia de adquirir el canal.
Críticas a la Universidad
Además de esclarecer la discusión acerca del periodo de concesión, el órgano contralor realizó fuertes críticas a la forma en que la casa de estudios llevó a cabo el proceso de venta.
En el informe se consigna que las transacciones generaron diferencias que “habrían afectado el patrimonio universitario, con una pérdida de 741.541 millones de pesos, valor actual de 1.366.462 millones de pesos”.
Asimismo, concluye que la Universidad omitió procesos administrativos impidiendo a la Contraloría pronunciarse sobre la venta o anularla antes que se realizara.
“Hubo una serie de decisiones que no fueron llevadas al trámite de toma de razón en su minuto, en la primera época 92, 93, hace bastante tiempo atrás”, afirmó el contralor Mendoza, señalando que los actos prescribieron debido a los años que transcurrieron desde los hechos.
La Contraloría también rechazó el intento de la casa de estudios por desligarse de la injerencia en los contenidos que se emiten en el canal pues, según estableció, “la ley dispone expresamente que la responsabilidad de los concesionarios de servicios de televisión por las transmisiones que por intermedio de ellos se efectúen, es indelegable”.
El dictamen señala además que no se dejó registro de los acuerdos tomados o los aspectos centrales tratados en las sesiones secretas en las que se discutió la venta, lo que transgrede el Reglamento del Consejo Universitario.
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