En un seminario organizado por una empresa aseguradora internacional, el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Medioambiente (Conama), Ignacio Toro, afirmó que las empresas que causen daños medioambientales en nuestro país podrían llegar a pagar multas de hasta ocho millones de dólares.
La cifra, a todas luces, parece insuficiente para las organizaciones ambientalistas que, de todas maneras, celebran que en Chile la legislación vaya recuperando el terreno perdido.
Esto, porque, por ejemplo, si en Chile se cometiera un error similar al de la empresa British Petroleum, que accidentalmente derramó más de 780 millones de litros de petróleo en las costas del Golfo de México, la empresa responsable apenas pagaría ocho millones de dólares.Eso, sin contar que además de los costos para el medioambiente existe una serie de consecuencias negativas para las comunidades cercanas a una empresa con gran riesgo medioambiental.
Para el director ejecutivo de Chileambiente, Patricio Rodrigo, las condiciones que tendrán que enfrentar las empresas son mucho más severas que las contempladas en la normativa actual.
La nueva legislación contemplará una serie de criterios técnicos que se aplicarán en las evaluaciones ambientales con el fin de asegurar imparcialidad al momento de autorizar unos proyectos sobre otros y que también garanticen que las empresas cumplirán con sus compromisos con el medioambiente.
Lo que sí indica Patricio Rodrigo, es que la nueva institucionalidad ambiental por ahora no contempla penas de cárcel para los ejecutivos de las empresas que causen daños graves al medioambiente como sí ocurre en otros países.
Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política, indicó que el principal problema no es a cuánto llegarán las multas, sino el garantizar que el gobierno hará una fiscalización efectiva.
Desde las organizaciones también echan de menos la existencia de ciertos delitos ambientales que sean, en cierto modo, imprescriptibles, como sucede en los casos de derechos humanos, en los que no baste sólo con penas civiles pagadas en multas.
Esta nueva institucionalidad ambiental, aún se está tramitando en el Parlamento debido a que falta aún la aprobación de los Tribunales Ambientales que tendrán que hacer cumplir la ley bajo ciertos criterios establecidos de antemano en la normativa.
En un seminario organizado por una empresa aseguradora internacional, el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Medioambiente (Conama), Ignacio Toro, afirmó que las empresas que causen daños medioambientales en nuestro país podrían llegar a pagar multas de hasta ocho millones de dólares.
La cifra, a todas luces, parece insuficiente para las organizaciones ambientalistas que, de todas maneras, celebran que en Chile la legislación vaya recuperando el terreno perdido.
Esto, porque, por ejemplo, si en Chile se cometiera un error similar al de la empresa British Petroleum, que accidentalmente derramó más de 780 millones de litros de petróleo en las costas del Golfo de México, la empresa responsable apenas pagaría ocho millones de dólares.Eso, sin contar que además de los costos para el medioambiente existe una serie de consecuencias negativas para las comunidades cercanas a una empresa con gran riesgo medioambiental.
Para el director ejecutivo de Chileambiente, Patricio Rodrigo, las condiciones que tendrán que enfrentar las empresas son mucho más severas que las contempladas en la normativa actual.
La nueva legislación contemplará una serie de criterios técnicos que se aplicarán en las evaluaciones ambientales con el fin de asegurar imparcialidad al momento de autorizar unos proyectos sobre otros y que también garanticen que las empresas cumplirán con sus compromisos con el medioambiente.
Lo que sí indica Patricio Rodrigo, es que la nueva institucionalidad ambiental por ahora no contempla penas de cárcel para los ejecutivos de las empresas que causen daños graves al medioambiente como sí ocurre en otros países.
Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política, indicó que el principal problema no es a cuánto llegarán las multas, sino el garantizar que el gobierno hará una fiscalización efectiva.
Desde las organizaciones también echan de menos la existencia de ciertos delitos ambientales que sean, en cierto modo, imprescriptibles, como sucede en los casos de derechos humanos, en los que no baste sólo con penas civiles pagadas en multas.
Esta nueva institucionalidad ambiental, aún se está tramitando en el Parlamento debido a que falta aún la aprobación de los Tribunales Ambientales que tendrán que hacer cumplir la ley bajo ciertos criterios establecidos de antemano en la normativa.
En un seminario organizado por una empresa aseguradora internacional, el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Medioambiente (Conama), Ignacio Toro, afirmó que las empresas que causen daños medioambientales en nuestro país podrían llegar a pagar multas de hasta ocho millones de dólares.
La cifra, a todas luces, parece insuficiente para las organizaciones ambientalistas que, de todas maneras, celebran que en Chile la legislación vaya recuperando el terreno perdido.
Esto, porque, por ejemplo, si en Chile se cometiera un error similar al de la empresa British Petroleum, que accidentalmente derramó más de 780 millones de litros de petróleo en las costas del Golfo de México, la empresa responsable apenas pagaría ocho millones de dólares.Eso, sin contar que además de los costos para el medioambiente existe una serie de consecuencias negativas para las comunidades cercanas a una empresa con gran riesgo medioambiental.
Para el director ejecutivo de Chileambiente, Patricio Rodrigo, las condiciones que tendrán que enfrentar las empresas son mucho más severas que las contempladas en la normativa actual.
La nueva legislación contemplará una serie de criterios técnicos que se aplicarán en las evaluaciones ambientales con el fin de asegurar imparcialidad al momento de autorizar unos proyectos sobre otros y que también garanticen que las empresas cumplirán con sus compromisos con el medioambiente.
Lo que sí indica Patricio Rodrigo, es que la nueva institucionalidad ambiental por ahora no contempla penas de cárcel para los ejecutivos de las empresas que causen daños graves al medioambiente como sí ocurre en otros países.
Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política, indicó que el principal problema no es a cuánto llegarán las multas, sino el garantizar que el gobierno hará una fiscalización efectiva.
Desde las organizaciones también echan de menos la existencia de ciertos delitos ambientales que sean, en cierto modo, imprescriptibles, como sucede en los casos de derechos humanos, en los que no baste sólo con penas civiles pagadas en multas.
Esta nueva institucionalidad ambiental, aún se está tramitando en el Parlamento debido a que falta aún la aprobación de los Tribunales Ambientales que tendrán que hacer cumplir la ley bajo ciertos criterios establecidos de antemano en la normativa.
