Ayer, después de un mes y medio de investigación por oficio, la Contraloría notificó del análisis sobre el proceso de venta del usufructo de la señal de televisión de la Universidad de Chile que fue traspasada en 1993 a Venevisión.
La auditoria se hace pública en momentos en que Chilevisión -hoy propiedad del Presidente Sebastián Piñera- se encuentra en su etapa final de venta, donde el grupo local Bethia y el conglomerado estadounidense Time Warner compiten para adjudicarse el canal.
El informe de 17 páginas establece que en 1993 el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) autorizó, por un plazo de 25 años, la transferencia de la Universidad de Chile al grupo Cisneros del uso de la concesión, sin considerar la posibilidad de una extensión automática. Con ellos, la casa de estudios tendrá que acordar la renovación del uso de la señal en 2018.
La Contraloría también aclaró que, según la legalidad vigente, la responsabilidad de los concesionarios de servicios de televisión por el contenido de esas transmisiones es indelegable.
Desde que se inició el proceso de enajenación de canal 11, el diputado DC Jorge Burgos ha planteado que este proceso no puede afectar los intereses de la casa de estudios. En ese sentido, dice que el dictamen de Contraloría deja las cosas claras y por ello, emplaza al mandatario a desprenderse lo antes posible de este activo que le genera varios conflictos de intereses.
“Si era necesario esperar esto, ya está. No hay ninguna razón, salvo las de carácter comercial, que puedan postergar la enajenación. Ojalá que se haga lo antes posible porque pone fin a un conflicto de intereses latente y además, hay una serie de cosas que están postergadas porque el Presidente mantiene su propiedad de usufructo en un canal de televisión, como el nombramiento del Consejo Nacional de Televisión y de Televisión Nacional, y lo que a mi juicio es más complejo, se encuentra absolutamente paralizada la tramitación del nuevo estatuto de la TV chilena, a partir de la llegada de la televisión digital”, sostuvo el parlamentario.
Por su lado, el experto en telecomunicaciones y profesor de derecho de la Universidad de Chile, Lucas Sierra, asegura que el contenido de la auditoria no plantea casi ninguna novedad respecto del proceso y agrega que la renovación de los derechos de explotación de la frecuencia debería acordarse sólo entre las partes, pues de acuerdo a su ley orgánica, el CNTV no puede tener injerencia en asuntos de esta naturaleza.
“No dice nada nuevo, siempre se supo que hay un usufructo, que dura hasta el año 2018, hay una cláusula de renovación automática entre las partes, y el CNTV tiene que volver a pronunciarse sobre eso, pero lo que no se dice es que el CNTV tiene una discrecionalidad extraordinariamente limitada para pronunciarse en una transacción respecto de una concesión, las causales están en la ley y son bastante específica. El CNTV, por suerte, no tiene la facultad para entrar a evaluar el mérito del negocio, por lo tanto, a la luz de la legislación vigente no habría razones jurídicas para que el CNTV no vuelva a renovar”, precisó Sierra.
En el documento, la unidad fiscalizadora critica que en 1993 las operaciones vinculadas con la venta de la estación no fueran puestas en conocimiento de la Contraloría para su respectivo control administrativo, y calculó en 1.366 millones de pesos actuales las pérdidas patrimoniales que le reportó a la Universidad de Chile la operación.
Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento del rector de la U. de Chile Víctor Pérez respecto de esta contingencia.
Ayer, después de un mes y medio de investigación por oficio, la Contraloría notificó del análisis sobre el proceso de venta del usufructo de la señal de televisión de la Universidad de Chile que fue traspasada en 1993 a Venevisión.
La auditoria se hace pública en momentos en que Chilevisión -hoy propiedad del Presidente Sebastián Piñera- se encuentra en su etapa final de venta, donde el grupo local Bethia y el conglomerado estadounidense Time Warner compiten para adjudicarse el canal.
El informe de 17 páginas establece que en 1993 el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) autorizó, por un plazo de 25 años, la transferencia de la Universidad de Chile al grupo Cisneros del uso de la concesión, sin considerar la posibilidad de una extensión automática. Con ellos, la casa de estudios tendrá que acordar la renovación del uso de la señal en 2018.
La Contraloría también aclaró que, según la legalidad vigente, la responsabilidad de los concesionarios de servicios de televisión por el contenido de esas transmisiones es indelegable.
Desde que se inició el proceso de enajenación de canal 11, el diputado DC Jorge Burgos ha planteado que este proceso no puede afectar los intereses de la casa de estudios. En ese sentido, dice que el dictamen de Contraloría deja las cosas claras y por ello, emplaza al mandatario a desprenderse lo antes posible de este activo que le genera varios conflictos de intereses.
“Si era necesario esperar esto, ya está. No hay ninguna razón, salvo las de carácter comercial, que puedan postergar la enajenación. Ojalá que se haga lo antes posible porque pone fin a un conflicto de intereses latente y además, hay una serie de cosas que están postergadas porque el Presidente mantiene su propiedad de usufructo en un canal de televisión, como el nombramiento del Consejo Nacional de Televisión y de Televisión Nacional, y lo que a mi juicio es más complejo, se encuentra absolutamente paralizada la tramitación del nuevo estatuto de la TV chilena, a partir de la llegada de la televisión digital”, sostuvo el parlamentario.
Por su lado, el experto en telecomunicaciones y profesor de derecho de la Universidad de Chile, Lucas Sierra, asegura que el contenido de la auditoria no plantea casi ninguna novedad respecto del proceso y agrega que la renovación de los derechos de explotación de la frecuencia debería acordarse sólo entre las partes, pues de acuerdo a su ley orgánica, el CNTV no puede tener injerencia en asuntos de esta naturaleza.
“No dice nada nuevo, siempre se supo que hay un usufructo, que dura hasta el año 2018, hay una cláusula de renovación automática entre las partes, y el CNTV tiene que volver a pronunciarse sobre eso, pero lo que no se dice es que el CNTV tiene una discrecionalidad extraordinariamente limitada para pronunciarse en una transacción respecto de una concesión, las causales están en la ley y son bastante específica. El CNTV, por suerte, no tiene la facultad para entrar a evaluar el mérito del negocio, por lo tanto, a la luz de la legislación vigente no habría razones jurídicas para que el CNTV no vuelva a renovar”, precisó Sierra.
En el documento, la unidad fiscalizadora critica que en 1993 las operaciones vinculadas con la venta de la estación no fueran puestas en conocimiento de la Contraloría para su respectivo control administrativo, y calculó en 1.366 millones de pesos actuales las pérdidas patrimoniales que le reportó a la Universidad de Chile la operación.
Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento del rector de la U. de Chile Víctor Pérez respecto de esta contingencia.
Ayer, después de un mes y medio de investigación por oficio, la Contraloría notificó del análisis sobre el proceso de venta del usufructo de la señal de televisión de la Universidad de Chile que fue traspasada en 1993 a Venevisión.
La auditoria se hace pública en momentos en que Chilevisión -hoy propiedad del Presidente Sebastián Piñera- se encuentra en su etapa final de venta, donde el grupo local Bethia y el conglomerado estadounidense Time Warner compiten para adjudicarse el canal.
El informe de 17 páginas establece que en 1993 el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) autorizó, por un plazo de 25 años, la transferencia de la Universidad de Chile al grupo Cisneros del uso de la concesión, sin considerar la posibilidad de una extensión automática. Con ellos, la casa de estudios tendrá que acordar la renovación del uso de la señal en 2018.
La Contraloría también aclaró que, según la legalidad vigente, la responsabilidad de los concesionarios de servicios de televisión por el contenido de esas transmisiones es indelegable.
Desde que se inició el proceso de enajenación de canal 11, el diputado DC Jorge Burgos ha planteado que este proceso no puede afectar los intereses de la casa de estudios. En ese sentido, dice que el dictamen de Contraloría deja las cosas claras y por ello, emplaza al mandatario a desprenderse lo antes posible de este activo que le genera varios conflictos de intereses.
“Si era necesario esperar esto, ya está. No hay ninguna razón, salvo las de carácter comercial, que puedan postergar la enajenación. Ojalá que se haga lo antes posible porque pone fin a un conflicto de intereses latente y además, hay una serie de cosas que están postergadas porque el Presidente mantiene su propiedad de usufructo en un canal de televisión, como el nombramiento del Consejo Nacional de Televisión y de Televisión Nacional, y lo que a mi juicio es más complejo, se encuentra absolutamente paralizada la tramitación del nuevo estatuto de la TV chilena, a partir de la llegada de la televisión digital”, sostuvo el parlamentario.
Por su lado, el experto en telecomunicaciones y profesor de derecho de la Universidad de Chile, Lucas Sierra, asegura que el contenido de la auditoria no plantea casi ninguna novedad respecto del proceso y agrega que la renovación de los derechos de explotación de la frecuencia debería acordarse sólo entre las partes, pues de acuerdo a su ley orgánica, el CNTV no puede tener injerencia en asuntos de esta naturaleza.
“No dice nada nuevo, siempre se supo que hay un usufructo, que dura hasta el año 2018, hay una cláusula de renovación automática entre las partes, y el CNTV tiene que volver a pronunciarse sobre eso, pero lo que no se dice es que el CNTV tiene una discrecionalidad extraordinariamente limitada para pronunciarse en una transacción respecto de una concesión, las causales están en la ley y son bastante específica. El CNTV, por suerte, no tiene la facultad para entrar a evaluar el mérito del negocio, por lo tanto, a la luz de la legislación vigente no habría razones jurídicas para que el CNTV no vuelva a renovar”, precisó Sierra.
En el documento, la unidad fiscalizadora critica que en 1993 las operaciones vinculadas con la venta de la estación no fueran puestas en conocimiento de la Contraloría para su respectivo control administrativo, y calculó en 1.366 millones de pesos actuales las pérdidas patrimoniales que le reportó a la Universidad de Chile la operación.
Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento del rector de la U. de Chile Víctor Pérez respecto de esta contingencia.
