Más de dos mil cadáveres fueron hallados en una fosa común descubierta en las cercanías del pueblo La Macarena, ubicada a 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las áreas más complejas dentro del conflicto armado colombiano.
La Macarena pertenece al radio general de operaciones de la fuerza de tarea omega que persigue a Jorge Briceño, alias “Mono Jojoy”, jefe militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De acuerdo a lo que informó el Gobierno, el terreno donde se encontraron los cuerpos correspondería a un cementerio local donde las tropas del Ejército enterraban a los caídos en combate.
Sin embargo, de acuerdo a lo que informó elespectador.com el vocero del comité permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, Jairo Ramírez aseguró que varios de los cuerpos encontrados en esta fosa fueron asesinados durante el 2009 y que en Colombia “sigue ocurriendo la desaparición forzada de personas”.
El descubrimiento se realizó en medio de la visita de una delegación extranjera compuesta por diez dirigentes sindicales, seis miembros del parlamento europeo, tres del británico, tres delegados de España y dos de Estados Unidos, quienes dieron fe de este escalofriante cementerio ilegal.
Según el portal electrónico publico.es este hallazgo puso sobre la mesa la existencia de más de mil fosas comunes con cadáveres sin identificar. Durante el 2009 habrían aparecido cerca de dos mil 500 cuerpos en estas condiciones, de los que se lograron identificar 600 para ser entregados a sus familiares
Estos terrenos se han podido pesquisar gracias a las confesiones de los mandos medios presuntamente desmarcados del paramilitarismo y que están acogidos a la Ley de Justicia y Paz, que les otorga una pena simbólica a cambio de que revelen sus crímenes.
De acuerdo a los datos que entregó este mismo medio de comunicación la última de estas declaraciones habría sido la de John Jairo Rentería, alias Betún, quien habría declarado ante un fiscal y los familiares de las víctimas que él y sus secuaces enterraron “al menos a 800 personas” en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo. “Había que desmembrar a la gente. Todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva”, ha confesado el jefe paramilitar a la fiscal de Justicia y Paz.
Más de dos mil cadáveres fueron hallados en una fosa común descubierta en las cercanías del pueblo La Macarena, ubicada a 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las áreas más complejas dentro del conflicto armado colombiano.
La Macarena pertenece al radio general de operaciones de la fuerza de tarea omega que persigue a Jorge Briceño, alias “Mono Jojoy”, jefe militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De acuerdo a lo que informó el Gobierno, el terreno donde se encontraron los cuerpos correspondería a un cementerio local donde las tropas del Ejército enterraban a los caídos en combate.
Sin embargo, de acuerdo a lo que informó elespectador.com el vocero del comité permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, Jairo Ramírez aseguró que varios de los cuerpos encontrados en esta fosa fueron asesinados durante el 2009 y que en Colombia “sigue ocurriendo la desaparición forzada de personas”.
El descubrimiento se realizó en medio de la visita de una delegación extranjera compuesta por diez dirigentes sindicales, seis miembros del parlamento europeo, tres del británico, tres delegados de España y dos de Estados Unidos, quienes dieron fe de este escalofriante cementerio ilegal.
Según el portal electrónico publico.es este hallazgo puso sobre la mesa la existencia de más de mil fosas comunes con cadáveres sin identificar. Durante el 2009 habrían aparecido cerca de dos mil 500 cuerpos en estas condiciones, de los que se lograron identificar 600 para ser entregados a sus familiares
Estos terrenos se han podido pesquisar gracias a las confesiones de los mandos medios presuntamente desmarcados del paramilitarismo y que están acogidos a la Ley de Justicia y Paz, que les otorga una pena simbólica a cambio de que revelen sus crímenes.
De acuerdo a los datos que entregó este mismo medio de comunicación la última de estas declaraciones habría sido la de John Jairo Rentería, alias Betún, quien habría declarado ante un fiscal y los familiares de las víctimas que él y sus secuaces enterraron “al menos a 800 personas” en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo. “Había que desmembrar a la gente. Todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva”, ha confesado el jefe paramilitar a la fiscal de Justicia y Paz.
Más de dos mil cadáveres fueron hallados en una fosa común descubierta en las cercanías del pueblo La Macarena, ubicada a 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las áreas más complejas dentro del conflicto armado colombiano.
La Macarena pertenece al radio general de operaciones de la fuerza de tarea omega que persigue a Jorge Briceño, alias “Mono Jojoy”, jefe militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De acuerdo a lo que informó el Gobierno, el terreno donde se encontraron los cuerpos correspondería a un cementerio local donde las tropas del Ejército enterraban a los caídos en combate.
Sin embargo, de acuerdo a lo que informó elespectador.com el vocero del comité permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, Jairo Ramírez aseguró que varios de los cuerpos encontrados en esta fosa fueron asesinados durante el 2009 y que en Colombia “sigue ocurriendo la desaparición forzada de personas”.
El descubrimiento se realizó en medio de la visita de una delegación extranjera compuesta por diez dirigentes sindicales, seis miembros del parlamento europeo, tres del británico, tres delegados de España y dos de Estados Unidos, quienes dieron fe de este escalofriante cementerio ilegal.
Según el portal electrónico publico.es este hallazgo puso sobre la mesa la existencia de más de mil fosas comunes con cadáveres sin identificar. Durante el 2009 habrían aparecido cerca de dos mil 500 cuerpos en estas condiciones, de los que se lograron identificar 600 para ser entregados a sus familiares
Estos terrenos se han podido pesquisar gracias a las confesiones de los mandos medios presuntamente desmarcados del paramilitarismo y que están acogidos a la Ley de Justicia y Paz, que les otorga una pena simbólica a cambio de que revelen sus crímenes.
De acuerdo a los datos que entregó este mismo medio de comunicación la última de estas declaraciones habría sido la de John Jairo Rentería, alias Betún, quien habría declarado ante un fiscal y los familiares de las víctimas que él y sus secuaces enterraron “al menos a 800 personas” en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo. “Había que desmembrar a la gente. Todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva”, ha confesado el jefe paramilitar a la fiscal de Justicia y Paz.
