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Año XIII, 23 de enero de 2021

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Con acuerdo entre la Municipalidad de Puchuncaví -Quintero y AES Gener:

Termoeléctrica Campiche entra en funcionamiento pese al rechazo ciudadano

Luego de más de tres años de ardua oposición de las organizaciones ciudadanas, este lunes se le dio el vamos oficial a la Central Termoeléctrica Campiche en la región de Valparaíso. Pese a que el proyecto está emplazado en un área declarada como zona saturada de contaminación, el municipio llegó a un acuerdo con la empresa AES Gener para que invierta cuatro millones de dólares en iniciativas que sirvan a la comunidad para resarcir, en parte, el daño provocado por la polución y como condición para el inicio de las obras.

Diana Porras

  Martes 17 de agosto 2010 20:37 hrs. 
Radio-Uchile


Hace más de tres años, el 1 de agosto de 2007, fue presentado el proyecto de la Central Termoeléctrica Campiche. La historia de esta iniciativa  ha estado marcada por largos periodos de lucha de parte de las organizaciones ciudadanas, arreglos no tan claros desde la empresa y un sin número de recursos judiciales.

A fines de 2008, el Consejo de Puchuncaví-Quintero presentó un recurso de protección. En junio de 2009, la tercera sala de la Corte Suprema acogió el recurso en contra de la medida adoptada por la Corema de Valparaíso y resolvió que esta entidad incurrió en un acto ilegal al autorizar la central a carbón Campiche,  ya que entregó el permiso  sin que se cambiara el uso de suelo.

Con este antecedente continuaron una seguidilla de cambios desde las reparticiones públicas que fueron interpretadas como “abre camino” para la final puesta en marcha de esta empresa.  Mientras, la construcción de la infraestructura seguía su curso.

Finalmente, todo este proceso terminó con un acuerdo entre  la Municipalidad de Puchuncaví y  la empresa AES GENER donde  se invertirán más de cuatro millones de dólares en la comuna en importantes proyectos sociales y comunitarios.

David Insunza del Consejo Puchuncaví-Quintero aseguró que esta es una maniobra más del municipio que no se alinea con la necesidad de la zona.

“Para nosotros esto no ha sido un acuerdo legítimo porque no es inclusivo. No invita a las comunidades, en especial a las más afectadas que también están constituidas por ley en forma territorial. Ninguna de las juntas de vecinos  fue invitada a tomar conocimiento o a exponer su punto de vista respecto de esta negociación. Por eso carece de toda legitimidad y esto ha sido una conducta recurrente durante todo el proceso”, dijo el dirigente.

De todas formas, Insunza aseguró que están evaluando las acciones legales a seguir para enfrentar este último escollo.

El propio alcalde Agustín Valencia había dicho que “una y otra vez fue quedando en evidencia la voluntad del Estado por avalar la entrada en funcionamiento de Campiche, lo que llevó, muy a nuestro pesar, a abrirnos a la posibilidad de obtener un acuerdo con la empresa, donde a la comuna se le reparara en parte el daño que se le ha hecho con tantos años de contaminación”.

En este sentido, el concejal Guillermo Herrera manifestó que “una de las clausulas de esta transacción, que para nosotros es muy importante, fue la que obligaba a no construir más termoeléctricas en la zona. Esta es la última. Tenían la intención de construir nuevas plantas, pero no habrán nuevos proyectos aquí en Ventanas salvo los cuatro que ya se aprobaron. Eso no deja de ser  importante porque se había anunciado la posibilidad de construir dos o tres más”.

Finalmente, el gerente general de la empresa, Luis Felipe Cerón, informó que con fecha 10 de agosto, la dirección de obras del municipio de Puchuncaví “ha otorgado el permiso de construcción para la central termoeléctrica”. La compañía señaló que la otorgación del permiso fue informada por la municipalidad este lunes y que la notificación ya fue enviada a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Las obras de la central fueron suspendidas en junio de 2009.

El sector en el que se emplaza el proyecto corresponde a una zona declarada “saturada” para PM10 (material particulado) y SO2 (dióxido de azufre) desde el año 1993 y se encuentra sujeta a un plan de descontaminación.

Pese a ello, lejos quedó la disposición  del año 2009 donde la justicia insistía en que la Constitución Política “asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. La obligación constitucional que se le impone al Estado de proteger el medio ambiente sólo puede entenderse bajo la premisa que a partir de él se desarrolla toda forma de vida”.