Colombia deja sin efecto acuerdo sobre bases militares con EEUU
La Corte Constitucional de Colombia dejó sin efecto el acuerdo que permitía a militares de Estados Unidos operar en siete bases del país latinoamericano.
Miércoles 18 de agosto 2010 14:42 hrs.
Según el fallo de la Corte Constitucional pronunciado este martes, el convenio militar entre Colombia y los Estados Unidos debe ser aprobado por el Congreso antes de que la Corte pueda determinar su validez. El presidente de la Corte, Mauricio González, señaló que al no haber pasado por el parlamento, “el acuerdo no puede surtir efectos en el ordenamiento interno de Colombia hasta tanto no satisfaga dicha exigencia”.
De esta manera, la Corte resolvió devolver el acuerdo al presidente Juan Manuel Santos, por entender que existen vicios de procedimiento.
Hay quienes aventuran que un fallo similar de la Corte Constitucional no habría sido posible bajo el mandato del ex presidente colombiano Álvaro Uribe. El abogado colombiano Hernando Valencia reconoce que el clima actual que se respira en Colombia es menos crispado pero, al mismo tiempo, recuerda que este tipo de procesos lleva su tiempo, y que el tratado sobre las bases militares a las cuales tendría acceso la fuerza militar norteamericana en Colombia no fue demandado ante la Corte Constitucional sino a principios de este año, por lo que la Corte ha necesitado de estos meses para pronunciarse de fondo al respecto.
“Durante la administración Uribe hubo un clima de cierta tensión entre los principales órganos del Estado y amplios sectores de la opinión pública en el sentido de que evidentemente este tipo de debates no se dieron con toda la libertad ni con toda la amplitud con que podrían y deberían hacerse en una democracia”, dice Valencia.
Acuerdo controvertido
El acuerdo entre Colombia y los Estados Unidos sobre el uso de las bases militares, cuya negociación concluyó a finales de junio de 2009 y fue firmado en octubre de ese año, generó entonces una crisis diplomática con Venezuela y fue demandado ante la Corte por una organización no gubernamental que lo consideró inconstitucional porque entre otros elementos, otorgaba inmunidad a los militares estadounidenses.
El acuerdo facilitada al ejército estadounidense la utilización de siete guarniciones militares colombianas para sus actividades antidrogas y contra grupos armados ilegales. Asimismo, autorizaba un máximo de 800 militares y 600 contratistas civiles. La negociación del acuerdo, en la que participó el entonces ministro de Defensa y ahora presidente, Juan Manuel Santos, originó el rechazo no sólo de Venezuela sino de varios países de la región. El presidente venezolano Hugo Chávez, ‘congeló’ las relaciones con Colombia, alegando que el convenio era una amenaza para la seguridad de la región.
El abogado Hernando Valencia dice a Radio Nederland que el fallo de la Corte Constitucional “viene a poner las cosas en su sitio, porque recuerda que todo lo que concierne a las relaciones internacionales del país debe ser aprobado por el Congreso mediante una ley de la República y no simplemente a través de un acuerdo puramente administrativo o ejecutivo que era lo que pretendía la administración Uribe en su momento”.
Reacción del gobierno colombiano
El Ejecutivo colombiano anunció, a través del ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, que acata la decisión y “estudiará detalladamente dicha decisión a la luz de las normas del derecho internacional, los acuerdos vigentes y las demás normas aplicables”.
Cabe preguntarse si esta declaración deja abierta la puerta a posibles argumentaciones para que el gobierno colombiano diga que el derecho internacional ampara la firma del acuerdo. Hernando Valencia responde categóricamente que no existe ese argumento y subraya que las decisiones de la Corte son obligatorias para el gobierno y para todas las instituciones y personas de Colombia. “El Gobierno no tiene posibilidad de apelar o cuestionar o querellarse contra esa decisión de la Corte; si está jugando en serio, tiene que cumplir al pie de la letra con esa sentencia”, sostiene.
La Constitución colombiana establece que todos los tratados públicos que se ocupen de cuestiones fundamentales deben pasar por el Congreso. Lo que le queda al gobierno colombiano es presentar el convenio ante el Congreso y hacerlo sufrir todo el trámite correspondiente, que consiste en cuatro debates parlamentarios, dos en comisiones y dos en plenarias. Una vez que la ley haya sido formalmente aprobada por las mayorías exigidas, antes de entrar en vigor, tiene que volver a la Corte Constitucional para que la revise y dé su visto bueno.
El abogado Valencia calcula que todo este proceso llevará por lo menos dos años y existe la posibilidad, al menos teórica, de que el tratado sea modificado por el Congreso y por la propia Corte Constitucional en la revisión.
No cuestiona otros acuerdos
En la resolución de este martes, la Corte aclaró que su fallo “no incluye pronunciamiento alguno sobre la validez o eficacia de otros acuerdos de cooperación y asistencia en seguridad y defensa, pactados anteriormente con Estados Unidos o con otros países”.
Además, agregó “que las relaciones de ayuda, asistencia y cooperación entre Colombia y Estados Unidos, podrán regirse por los tratados, convenios y acuerdos simplificados o complementarios vigentes que los desarrollen y que con anterioridad al 30 de octubre de 2009, se han venido aplicando”.
Según el fallo de la Corte Constitucional pronunciado este martes, el convenio militar entre Colombia y los Estados Unidos debe ser aprobado por el Congreso antes de que la Corte pueda determinar su validez. El presidente de la Corte, Mauricio González, señaló que al no haber pasado por el parlamento, “el acuerdo no puede surtir efectos en el ordenamiento interno de Colombia hasta tanto no satisfaga dicha exigencia”.
De esta manera, la Corte resolvió devolver el acuerdo al presidente Juan Manuel Santos, por entender que existen vicios de procedimiento.
Hay quienes aventuran que un fallo similar de la Corte Constitucional no habría sido posible bajo el mandato del ex presidente colombiano Álvaro Uribe. El abogado colombiano Hernando Valencia reconoce que el clima actual que se respira en Colombia es menos crispado pero, al mismo tiempo, recuerda que este tipo de procesos lleva su tiempo, y que el tratado sobre las bases militares a las cuales tendría acceso la fuerza militar norteamericana en Colombia no fue demandado ante la Corte Constitucional sino a principios de este año, por lo que la Corte ha necesitado de estos meses para pronunciarse de fondo al respecto.
“Durante la administración Uribe hubo un clima de cierta tensión entre los principales órganos del Estado y amplios sectores de la opinión pública en el sentido de que evidentemente este tipo de debates no se dieron con toda la libertad ni con toda la amplitud con que podrían y deberían hacerse en una democracia”, dice Valencia.
Acuerdo controvertido
El acuerdo entre Colombia y los Estados Unidos sobre el uso de las bases militares, cuya negociación concluyó a finales de junio de 2009 y fue firmado en octubre de ese año, generó entonces una crisis diplomática con Venezuela y fue demandado ante la Corte por una organización no gubernamental que lo consideró inconstitucional porque entre otros elementos, otorgaba inmunidad a los militares estadounidenses.
El acuerdo facilitada al ejército estadounidense la utilización de siete guarniciones militares colombianas para sus actividades antidrogas y contra grupos armados ilegales. Asimismo, autorizaba un máximo de 800 militares y 600 contratistas civiles. La negociación del acuerdo, en la que participó el entonces ministro de Defensa y ahora presidente, Juan Manuel Santos, originó el rechazo no sólo de Venezuela sino de varios países de la región. El presidente venezolano Hugo Chávez, ‘congeló’ las relaciones con Colombia, alegando que el convenio era una amenaza para la seguridad de la región.
El abogado Hernando Valencia dice a Radio Nederland que el fallo de la Corte Constitucional “viene a poner las cosas en su sitio, porque recuerda que todo lo que concierne a las relaciones internacionales del país debe ser aprobado por el Congreso mediante una ley de la República y no simplemente a través de un acuerdo puramente administrativo o ejecutivo que era lo que pretendía la administración Uribe en su momento”.
Reacción del gobierno colombiano
El Ejecutivo colombiano anunció, a través del ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, que acata la decisión y “estudiará detalladamente dicha decisión a la luz de las normas del derecho internacional, los acuerdos vigentes y las demás normas aplicables”.
Cabe preguntarse si esta declaración deja abierta la puerta a posibles argumentaciones para que el gobierno colombiano diga que el derecho internacional ampara la firma del acuerdo. Hernando Valencia responde categóricamente que no existe ese argumento y subraya que las decisiones de la Corte son obligatorias para el gobierno y para todas las instituciones y personas de Colombia. “El Gobierno no tiene posibilidad de apelar o cuestionar o querellarse contra esa decisión de la Corte; si está jugando en serio, tiene que cumplir al pie de la letra con esa sentencia”, sostiene.
La Constitución colombiana establece que todos los tratados públicos que se ocupen de cuestiones fundamentales deben pasar por el Congreso. Lo que le queda al gobierno colombiano es presentar el convenio ante el Congreso y hacerlo sufrir todo el trámite correspondiente, que consiste en cuatro debates parlamentarios, dos en comisiones y dos en plenarias. Una vez que la ley haya sido formalmente aprobada por las mayorías exigidas, antes de entrar en vigor, tiene que volver a la Corte Constitucional para que la revise y dé su visto bueno.
El abogado Valencia calcula que todo este proceso llevará por lo menos dos años y existe la posibilidad, al menos teórica, de que el tratado sea modificado por el Congreso y por la propia Corte Constitucional en la revisión.
No cuestiona otros acuerdos
En la resolución de este martes, la Corte aclaró que su fallo “no incluye pronunciamiento alguno sobre la validez o eficacia de otros acuerdos de cooperación y asistencia en seguridad y defensa, pactados anteriormente con Estados Unidos o con otros países”.
Además, agregó “que las relaciones de ayuda, asistencia y cooperación entre Colombia y Estados Unidos, podrán regirse por los tratados, convenios y acuerdos simplificados o complementarios vigentes que los desarrollen y que con anterioridad al 30 de octubre de 2009, se han venido aplicando”.
Según el fallo de la Corte Constitucional pronunciado este martes, el convenio militar entre Colombia y los Estados Unidos debe ser aprobado por el Congreso antes de que la Corte pueda determinar su validez. El presidente de la Corte, Mauricio González, señaló que al no haber pasado por el parlamento, “el acuerdo no puede surtir efectos en el ordenamiento interno de Colombia hasta tanto no satisfaga dicha exigencia”.
De esta manera, la Corte resolvió devolver el acuerdo al presidente Juan Manuel Santos, por entender que existen vicios de procedimiento.
Hay quienes aventuran que un fallo similar de la Corte Constitucional no habría sido posible bajo el mandato del ex presidente colombiano Álvaro Uribe. El abogado colombiano Hernando Valencia reconoce que el clima actual que se respira en Colombia es menos crispado pero, al mismo tiempo, recuerda que este tipo de procesos lleva su tiempo, y que el tratado sobre las bases militares a las cuales tendría acceso la fuerza militar norteamericana en Colombia no fue demandado ante la Corte Constitucional sino a principios de este año, por lo que la Corte ha necesitado de estos meses para pronunciarse de fondo al respecto.
“Durante la administración Uribe hubo un clima de cierta tensión entre los principales órganos del Estado y amplios sectores de la opinión pública en el sentido de que evidentemente este tipo de debates no se dieron con toda la libertad ni con toda la amplitud con que podrían y deberían hacerse en una democracia”, dice Valencia.
Acuerdo controvertido
El acuerdo entre Colombia y los Estados Unidos sobre el uso de las bases militares, cuya negociación concluyó a finales de junio de 2009 y fue firmado en octubre de ese año, generó entonces una crisis diplomática con Venezuela y fue demandado ante la Corte por una organización no gubernamental que lo consideró inconstitucional porque entre otros elementos, otorgaba inmunidad a los militares estadounidenses.
El acuerdo facilitada al ejército estadounidense la utilización de siete guarniciones militares colombianas para sus actividades antidrogas y contra grupos armados ilegales. Asimismo, autorizaba un máximo de 800 militares y 600 contratistas civiles. La negociación del acuerdo, en la que participó el entonces ministro de Defensa y ahora presidente, Juan Manuel Santos, originó el rechazo no sólo de Venezuela sino de varios países de la región. El presidente venezolano Hugo Chávez, ‘congeló’ las relaciones con Colombia, alegando que el convenio era una amenaza para la seguridad de la región.
El abogado Hernando Valencia dice a Radio Nederland que el fallo de la Corte Constitucional “viene a poner las cosas en su sitio, porque recuerda que todo lo que concierne a las relaciones internacionales del país debe ser aprobado por el Congreso mediante una ley de la República y no simplemente a través de un acuerdo puramente administrativo o ejecutivo que era lo que pretendía la administración Uribe en su momento”.
Reacción del gobierno colombiano
El Ejecutivo colombiano anunció, a través del ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, que acata la decisión y “estudiará detalladamente dicha decisión a la luz de las normas del derecho internacional, los acuerdos vigentes y las demás normas aplicables”.
Cabe preguntarse si esta declaración deja abierta la puerta a posibles argumentaciones para que el gobierno colombiano diga que el derecho internacional ampara la firma del acuerdo. Hernando Valencia responde categóricamente que no existe ese argumento y subraya que las decisiones de la Corte son obligatorias para el gobierno y para todas las instituciones y personas de Colombia. “El Gobierno no tiene posibilidad de apelar o cuestionar o querellarse contra esa decisión de la Corte; si está jugando en serio, tiene que cumplir al pie de la letra con esa sentencia”, sostiene.
La Constitución colombiana establece que todos los tratados públicos que se ocupen de cuestiones fundamentales deben pasar por el Congreso. Lo que le queda al gobierno colombiano es presentar el convenio ante el Congreso y hacerlo sufrir todo el trámite correspondiente, que consiste en cuatro debates parlamentarios, dos en comisiones y dos en plenarias. Una vez que la ley haya sido formalmente aprobada por las mayorías exigidas, antes de entrar en vigor, tiene que volver a la Corte Constitucional para que la revise y dé su visto bueno.
El abogado Valencia calcula que todo este proceso llevará por lo menos dos años y existe la posibilidad, al menos teórica, de que el tratado sea modificado por el Congreso y por la propia Corte Constitucional en la revisión.
No cuestiona otros acuerdos
En la resolución de este martes, la Corte aclaró que su fallo “no incluye pronunciamiento alguno sobre la validez o eficacia de otros acuerdos de cooperación y asistencia en seguridad y defensa, pactados anteriormente con Estados Unidos o con otros países”.
Además, agregó “que las relaciones de ayuda, asistencia y cooperación entre Colombia y Estados Unidos, podrán regirse por los tratados, convenios y acuerdos simplificados o complementarios vigentes que los desarrollen y que con anterioridad al 30 de octubre de 2009, se han venido aplicando”.
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