Luego de una hora de interrogatorio, el alcalde de Providencia y ex coronel del Ejército, Cristián Labbé, se mostró molesto por ser parte del proceso judicial.
La jueza Raquel Lermanda que lleva la investigación por la Operación Colombo, en reemplazo temporal del ministro Víctor Montiglio, lo llamó a declarar en calidad de inculpado, a petición de los abogados del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior.
El interrogatorio efectuado en el Palacio de Tribunales pretendía conocer las funciones que desempeñaba Labbé al interior del Ejército, luego del golpe militar de 1973, durante su paso por el regimiento Tejas Verdes.
Después del trámite judicial, Labbé alegó que por este tipo de procesos los ex militares “ya no pueden vivir tranquilos”.
“Los terroristas son santas palomas que se han transformado en intelectuales, los ayudistas pueden llegar a ser Presidentes de la República y nosotros, los militares, todavía estamos en el banquillo de los acusados. Hasta cuando, los militares no aguantamos más. Esto no puede ser, que no podamos vivir en paz”, afirmó el edil.
Labbé además criticó que estas diligencias hayan sido solicitadas por un organismo, según dijo de su gobierno. Criticas que fueron desestimadas por el subsecretario del Interior, cartera de la cual depende el programa de DD.HH. “Nosotros y los abogados que ejecutan las labores están llamados a hacer todas las diligencias necesarias para clarificar las distintas causas que están en sus manos”, señaló.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, asemejó estas declaraciones a las emitidas hace algunas semanas por el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, quien se manifestó orgulloso de su labor en dictadura.
Según Pizarro, estas declaraciones no hacen más que confirmar que aún existe un número importante de civiles y ex militares que permanecen en la impunidad, además de la necesidad de que el Estado debe asumir la responsabilidad de perseguir a quienes violaron los derechos humanos en el pasado y asegurar el fin de cualquier amarre de impunidad que permita que estos hechos se repitan.
En el marco de la misma investigación, la jueza Lermanda ya había tomado declaración al hermano del alcalde de Providencia, el actual embajador chileno en Panamá, Alberto Labbé Galilea, quien colaboró en calidad de testigo.
Mediante la Operación Colombo, la dictadura de Augusto Pinochet hizo desaparecer y asesinó a 119 personas y posteriormente hizo parecer que se habían matado entre ellos.
Luego de una hora de interrogatorio, el alcalde de Providencia y ex coronel del Ejército, Cristián Labbé, se mostró molesto por ser parte del proceso judicial.
La jueza Raquel Lermanda que lleva la investigación por la Operación Colombo, en reemplazo temporal del ministro Víctor Montiglio, lo llamó a declarar en calidad de inculpado, a petición de los abogados del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior.
El interrogatorio efectuado en el Palacio de Tribunales pretendía conocer las funciones que desempeñaba Labbé al interior del Ejército, luego del golpe militar de 1973, durante su paso por el regimiento Tejas Verdes.
Después del trámite judicial, Labbé alegó que por este tipo de procesos los ex militares “ya no pueden vivir tranquilos”.
“Los terroristas son santas palomas que se han transformado en intelectuales, los ayudistas pueden llegar a ser Presidentes de la República y nosotros, los militares, todavía estamos en el banquillo de los acusados. Hasta cuando, los militares no aguantamos más. Esto no puede ser, que no podamos vivir en paz”, afirmó el edil.
Labbé además criticó que estas diligencias hayan sido solicitadas por un organismo, según dijo de su gobierno. Criticas que fueron desestimadas por el subsecretario del Interior, cartera de la cual depende el programa de DD.HH. “Nosotros y los abogados que ejecutan las labores están llamados a hacer todas las diligencias necesarias para clarificar las distintas causas que están en sus manos”, señaló.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, asemejó estas declaraciones a las emitidas hace algunas semanas por el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, quien se manifestó orgulloso de su labor en dictadura.
Según Pizarro, estas declaraciones no hacen más que confirmar que aún existe un número importante de civiles y ex militares que permanecen en la impunidad, además de la necesidad de que el Estado debe asumir la responsabilidad de perseguir a quienes violaron los derechos humanos en el pasado y asegurar el fin de cualquier amarre de impunidad que permita que estos hechos se repitan.
En el marco de la misma investigación, la jueza Lermanda ya había tomado declaración al hermano del alcalde de Providencia, el actual embajador chileno en Panamá, Alberto Labbé Galilea, quien colaboró en calidad de testigo.
Mediante la Operación Colombo, la dictadura de Augusto Pinochet hizo desaparecer y asesinó a 119 personas y posteriormente hizo parecer que se habían matado entre ellos.
Luego de una hora de interrogatorio, el alcalde de Providencia y ex coronel del Ejército, Cristián Labbé, se mostró molesto por ser parte del proceso judicial.
La jueza Raquel Lermanda que lleva la investigación por la Operación Colombo, en reemplazo temporal del ministro Víctor Montiglio, lo llamó a declarar en calidad de inculpado, a petición de los abogados del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior.
El interrogatorio efectuado en el Palacio de Tribunales pretendía conocer las funciones que desempeñaba Labbé al interior del Ejército, luego del golpe militar de 1973, durante su paso por el regimiento Tejas Verdes.
Después del trámite judicial, Labbé alegó que por este tipo de procesos los ex militares “ya no pueden vivir tranquilos”.
“Los terroristas son santas palomas que se han transformado en intelectuales, los ayudistas pueden llegar a ser Presidentes de la República y nosotros, los militares, todavía estamos en el banquillo de los acusados. Hasta cuando, los militares no aguantamos más. Esto no puede ser, que no podamos vivir en paz”, afirmó el edil.
Labbé además criticó que estas diligencias hayan sido solicitadas por un organismo, según dijo de su gobierno. Criticas que fueron desestimadas por el subsecretario del Interior, cartera de la cual depende el programa de DD.HH. “Nosotros y los abogados que ejecutan las labores están llamados a hacer todas las diligencias necesarias para clarificar las distintas causas que están en sus manos”, señaló.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, asemejó estas declaraciones a las emitidas hace algunas semanas por el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, quien se manifestó orgulloso de su labor en dictadura.
Según Pizarro, estas declaraciones no hacen más que confirmar que aún existe un número importante de civiles y ex militares que permanecen en la impunidad, además de la necesidad de que el Estado debe asumir la responsabilidad de perseguir a quienes violaron los derechos humanos en el pasado y asegurar el fin de cualquier amarre de impunidad que permita que estos hechos se repitan.
En el marco de la misma investigación, la jueza Lermanda ya había tomado declaración al hermano del alcalde de Providencia, el actual embajador chileno en Panamá, Alberto Labbé Galilea, quien colaboró en calidad de testigo.
Mediante la Operación Colombo, la dictadura de Augusto Pinochet hizo desaparecer y asesinó a 119 personas y posteriormente hizo parecer que se habían matado entre ellos.
