Un acuerdo que permitía a militares de Estados Unidos operar en siete bases en Colombia quedó sin efecto este martes por un fallo de la Corte Constitucional colombiana, que dispuso que el convenio debe ser aprobado por el Congreso antes de que la misma pueda determinar su validez.
Al no haber sido avalado por el Legislativo, “el acuerdo no puede surtir efectos en el ordenamiento interno de Colombia hasta tanto no satisfaga dicha exigencia”, declaró el Presidente de la Corte, Mauricio González.
Por lo tanto la Corte -que vigila la observancia de la Constitución- decidió devolver el acuerdo al Presidente Juan Manuel Santos, por entender que existen vicios de procedimiento.
En caso de que sea enviado y aprobado por el Congreso, de mayoría oficialista, deberá ser sometido a un nuevo examen del tribunal.
El acuerdo, cuya negociación concluyó a finales de junio de 2009 y fue firmado en octubre, desató en su momento una crisis diplomática con Venezuela y fue demandado ante la Corte por una ONG, que lo consideró inconstitucional porque entre otros elementos, otorgaba inmunidad a los militares estadounidenses.
El acuerdo permite la utilización por parte de Estados Unidos de siete guarniciones militares colombianas para sus actividades antidrogas y contra grupos armados ilegales. Asimismo, autorizaba un máximo de 800 militares y 600 contratistas civiles.
En su sentencia, la Corte consideró que el uso de bases por parte de tropas extranjeras debe estar amparado por un tratado internacional, y no por los acuerdos de cooperación existentes entre los dos países.
Un acuerdo que permitía a militares de Estados Unidos operar en siete bases en Colombia quedó sin efecto este martes por un fallo de la Corte Constitucional colombiana, que dispuso que el convenio debe ser aprobado por el Congreso antes de que la misma pueda determinar su validez.
Al no haber sido avalado por el Legislativo, “el acuerdo no puede surtir efectos en el ordenamiento interno de Colombia hasta tanto no satisfaga dicha exigencia”, declaró el Presidente de la Corte, Mauricio González.
Por lo tanto la Corte -que vigila la observancia de la Constitución- decidió devolver el acuerdo al Presidente Juan Manuel Santos, por entender que existen vicios de procedimiento.
En caso de que sea enviado y aprobado por el Congreso, de mayoría oficialista, deberá ser sometido a un nuevo examen del tribunal.
El acuerdo, cuya negociación concluyó a finales de junio de 2009 y fue firmado en octubre, desató en su momento una crisis diplomática con Venezuela y fue demandado ante la Corte por una ONG, que lo consideró inconstitucional porque entre otros elementos, otorgaba inmunidad a los militares estadounidenses.
El acuerdo permite la utilización por parte de Estados Unidos de siete guarniciones militares colombianas para sus actividades antidrogas y contra grupos armados ilegales. Asimismo, autorizaba un máximo de 800 militares y 600 contratistas civiles.
En su sentencia, la Corte consideró que el uso de bases por parte de tropas extranjeras debe estar amparado por un tratado internacional, y no por los acuerdos de cooperación existentes entre los dos países.
Un acuerdo que permitía a militares de Estados Unidos operar en siete bases en Colombia quedó sin efecto este martes por un fallo de la Corte Constitucional colombiana, que dispuso que el convenio debe ser aprobado por el Congreso antes de que la misma pueda determinar su validez.
Al no haber sido avalado por el Legislativo, “el acuerdo no puede surtir efectos en el ordenamiento interno de Colombia hasta tanto no satisfaga dicha exigencia”, declaró el Presidente de la Corte, Mauricio González.
Por lo tanto la Corte -que vigila la observancia de la Constitución- decidió devolver el acuerdo al Presidente Juan Manuel Santos, por entender que existen vicios de procedimiento.
En caso de que sea enviado y aprobado por el Congreso, de mayoría oficialista, deberá ser sometido a un nuevo examen del tribunal.
El acuerdo, cuya negociación concluyó a finales de junio de 2009 y fue firmado en octubre, desató en su momento una crisis diplomática con Venezuela y fue demandado ante la Corte por una ONG, que lo consideró inconstitucional porque entre otros elementos, otorgaba inmunidad a los militares estadounidenses.
El acuerdo permite la utilización por parte de Estados Unidos de siete guarniciones militares colombianas para sus actividades antidrogas y contra grupos armados ilegales. Asimismo, autorizaba un máximo de 800 militares y 600 contratistas civiles.
En su sentencia, la Corte consideró que el uso de bases por parte de tropas extranjeras debe estar amparado por un tratado internacional, y no por los acuerdos de cooperación existentes entre los dos países.
