ANEF llama a paro nacional el 26 de agosto por despidos en el Estado
El presidente de los empleados fiscales, Raúl de la Puente, anunció que las movilizaciones son en rechazo a los ya 2.500 despidos en la administración pública, que se espera sigan en aumento. Aseguró además que las movilizaciones no incluirán a trabajadores de la Salud.
Jueves 19 de agosto 2010 14:41 hrs.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales convocó a un paro nacional para el próximo 26 de agosto en rechazo a los despidos ocurridos con el cambio de gobierno.
La movilización de los funcionarios públicos será a nivel nacional, se extenderá por 24 horas, y no incluirá a los trabajadores de hospitales y servicios asistenciales dependientes del ministerio de Salud.
La decisión fue confirmada por el presidente del gremio sectorial, Raúl de la Puente, quien dijo que ya han sido desvinculados de sus puestos cerca de 2500 funcionarios y advirtió que, de acuerdo a lo señalado en un oficio del ministerio de Hacienda enviado a la ANEF, en las próximas semanas podrían venir más despidos.
El dirigente justificó la movilización sobre la base de los criterios subjetivos y arbitrarios que aplicó el Ejecutivo para dar curso a las cesaciones.
“Nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo, pero en esta ocasión hemos tomado la decisión firme, soberana y democrática de impulsar este paro con convicción, porque vemos que este Gobierno respecto al tema del empleo no tiene una solución para los funcionarios públicos. El paro va y le hemos pedido al Presidente de la República que intervenga directamente”, afirmó el presidente de la ANEF.
De la Puente también advirtió que hay 105 mil trabajadores de sector fiscal con contrato hasta fin de año que podrían ser desvinculados.
“Son 95 mil funcionarios que son a contrata, pero que desempeñan funciones regulares, que permanentemente han sido renovados sus contratos, pero que tienen sí empleos temporales que caducan el 31 de diciembre. Y diez mil funcionarios a honorarios que están por más de un año trabajando en esta calidad, que desempeñan funciones regulares. Con los criterios emanados del ministerio de Hacienda se lee que los despidos en la administración pública continuarán y que los criterios con se adoptarán son subjetivos y arbitrarios”, sostuvo.
En este escenario, el dirigente acusó que los empleados fiscales viven en un “estado de nerviosismo” y anticipó que el próximo 31 de agosto 370 trabajadores en calidad de honorarios del Instituto de Previsión Social serán despedidos.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales convocó a un paro nacional para el próximo 26 de agosto en rechazo a los despidos ocurridos con el cambio de gobierno.
La movilización de los funcionarios públicos será a nivel nacional, se extenderá por 24 horas, y no incluirá a los trabajadores de hospitales y servicios asistenciales dependientes del ministerio de Salud.
La decisión fue confirmada por el presidente del gremio sectorial, Raúl de la Puente, quien dijo que ya han sido desvinculados de sus puestos cerca de 2500 funcionarios y advirtió que, de acuerdo a lo señalado en un oficio del ministerio de Hacienda enviado a la ANEF, en las próximas semanas podrían venir más despidos.
El dirigente justificó la movilización sobre la base de los criterios subjetivos y arbitrarios que aplicó el Ejecutivo para dar curso a las cesaciones.
“Nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo, pero en esta ocasión hemos tomado la decisión firme, soberana y democrática de impulsar este paro con convicción, porque vemos que este Gobierno respecto al tema del empleo no tiene una solución para los funcionarios públicos. El paro va y le hemos pedido al Presidente de la República que intervenga directamente”, afirmó el presidente de la ANEF.
De la Puente también advirtió que hay 105 mil trabajadores de sector fiscal con contrato hasta fin de año que podrían ser desvinculados.
“Son 95 mil funcionarios que son a contrata, pero que desempeñan funciones regulares, que permanentemente han sido renovados sus contratos, pero que tienen sí empleos temporales que caducan el 31 de diciembre. Y diez mil funcionarios a honorarios que están por más de un año trabajando en esta calidad, que desempeñan funciones regulares. Con los criterios emanados del ministerio de Hacienda se lee que los despidos en la administración pública continuarán y que los criterios con se adoptarán son subjetivos y arbitrarios”, sostuvo.
En este escenario, el dirigente acusó que los empleados fiscales viven en un “estado de nerviosismo” y anticipó que el próximo 31 de agosto 370 trabajadores en calidad de honorarios del Instituto de Previsión Social serán despedidos.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales convocó a un paro nacional para el próximo 26 de agosto en rechazo a los despidos ocurridos con el cambio de gobierno.
La movilización de los funcionarios públicos será a nivel nacional, se extenderá por 24 horas, y no incluirá a los trabajadores de hospitales y servicios asistenciales dependientes del ministerio de Salud.
La decisión fue confirmada por el presidente del gremio sectorial, Raúl de la Puente, quien dijo que ya han sido desvinculados de sus puestos cerca de 2500 funcionarios y advirtió que, de acuerdo a lo señalado en un oficio del ministerio de Hacienda enviado a la ANEF, en las próximas semanas podrían venir más despidos.
El dirigente justificó la movilización sobre la base de los criterios subjetivos y arbitrarios que aplicó el Ejecutivo para dar curso a las cesaciones.
“Nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo, pero en esta ocasión hemos tomado la decisión firme, soberana y democrática de impulsar este paro con convicción, porque vemos que este Gobierno respecto al tema del empleo no tiene una solución para los funcionarios públicos. El paro va y le hemos pedido al Presidente de la República que intervenga directamente”, afirmó el presidente de la ANEF.
De la Puente también advirtió que hay 105 mil trabajadores de sector fiscal con contrato hasta fin de año que podrían ser desvinculados.
“Son 95 mil funcionarios que son a contrata, pero que desempeñan funciones regulares, que permanentemente han sido renovados sus contratos, pero que tienen sí empleos temporales que caducan el 31 de diciembre. Y diez mil funcionarios a honorarios que están por más de un año trabajando en esta calidad, que desempeñan funciones regulares. Con los criterios emanados del ministerio de Hacienda se lee que los despidos en la administración pública continuarán y que los criterios con se adoptarán son subjetivos y arbitrarios”, sostuvo.
En este escenario, el dirigente acusó que los empleados fiscales viven en un “estado de nerviosismo” y anticipó que el próximo 31 de agosto 370 trabajadores en calidad de honorarios del Instituto de Previsión Social serán despedidos.
