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Contralor afirma que no tiene facultad para cuestionar traspasos a ONG’s

Ricardo Salazar

  Jueves 19 de agosto 2010 18:19 hrs. 
Radio-Uchile

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La exposición de Ramiro Mendoza a la comisión investigadora por traspasos a Organizaciones No Gubernamentales le restó tensión al debate por los supuestos malos usos de estos recursos.

Mendoza señaló que, básicamente, existen dos tipos de transferencias, un tipo asociado a convenios, que es más fácil de fiscalizar en sus objetivos y otros que se registran como transferencias bancarias, por lo que se dificulta  ver sus detalles

“Cuando usted dice que tiene que materializar un convenio, porque ese convenio de transferencia tiene un control de juricidad previo, tiene un estándar de gasto público, usted seguramente está generando una convención que va a tener un tiempo de asentamiento jurídico, trámite de toma de razón y un tiempo de preparación para la asignación de esos recursos. Cuando usted dice ‘transfiera’, lo único que hay es un acto de disposición de recursos públicos y esa es una dificultad enorme para los efectos de la fiscalización”, indicó el contralor.

Ante esto, Contraloría detectó irregularidades, pero por no entrega de rendiciones o destinación de dineros a ONG’s.

El Contralor señaló que se puede revisar financieramente los traspasos, pero solamente hay que corroborar que hayan llegado efectivamente a las instituciones indicadas, pero no se puede considerar el fondo de los traspasos, ya que es facultad presidencial y se limita la potestad de Contraloría de acuerdo a la ley

“Las subvenciones presidenciales, en general, son de una amplitud tremenda, entonces, la Contraloría no tiene mucho espacio para entrar hacer un cuestionamiento de merito. La ley orgánica le dice a la contraloría “usted audite todo lo que quiera, pero no entre al mérito de la oportunidad o la conveniencia’. Si estuvo bien que el Presidente le diera una ayuda a una determinada familia,  como subvención presidencial, porque es la familia de su nana, yo no tengo nada que ver”, aseguró Mendoza.

En la Alianza siempre insistieron en un uso político en la entrega de fondos para criticar al Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, pero si en algún momento el oficialismo evaluó llevar este tema al plano legal, las palabras del diputado de la Udi Gustavo Hasbún, demuestran que no tendrían piso para eso.

“Lo que pasa a discrecionalidad en este caso es por un tema del  régimen presidencialista y eso es algo que se puede discutir mucho. Sin embargo a mi me gustaría  saber cómo se pueden gastar, y otra cosa es cuando se abusa de la discrecionalidad, y aquí también estamos en presencia, no a lo mejor, de un delito”, señaló Hasbún.

Mientras tanto, el diputado PPD Jorge Tarud señala que las exposiciones de los dos primeros invitados a la comisión le quitan totalmente el piso a seguir fiscalizando en el caso a la Alianza, si es que buscan subir el tono del tema.

“Las declaraciones de ambos no les convino dentro de su planificación política, que consiste exclusivamente en dañar la imagen de la ex Presidenta Bachelet. Aquí les ha salido el tiro por la culata, porque una representante del propio Gobierno dijo que no había irregularidades y también lo dijo nada menos que el cargado de controlar los gastos que es el Contralor General de la República, por lo tanto esta comisión investigadora se derrumbó sola”, sostuvo Tarud.

Mendoza señala que la realidad jurídica por malversación de recursos públicos, sólo sería delito en caso de que el funcionario público utilizara estos  personalmente.

Además el Contralor señala que la no rendición de cuentas es en sí una irregularidad, pero los efectos jurídicos del caso solamente se tendrán en cuarenta días más, cuando finalicen las auditorías que realiza el órgano controlaor respecto del uso de los recursos durante el año 2009 y primer semestre del 2010.

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