La resolución fue emitida por el juez Marco Antonio Villeda, la noche del miércoles, después que encontrara sustento suficiente en la investigación realizada por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que apoya a la justicia guatemalteca.
En su acusación, la Cicig sostuvo que Portillo (2000-2004), así como sus ex ministros Eduardo Arévalo (Defensa) y Manuel Maza (Finanzas), formaban parte de una estructura criminal dedicada a saquear las arcas del Estado.
Está previsto que el juicio se inicie en setiembre, luego de que esta causa se iniciara en 2004, poco después que él dejara el poder y se fuera a México.
Los abogados de los tres acusados alegan que sus clientes no cometieron ningún delito.
“Ellos simplemente cumplieron con lo que la Constitución manda”, sostuvo Telésforo Guerra, defensor de Portillo.
Mientras tanto, el abogado de Arévalo, José Lobo Dubón, afirmó que su defendido lo único que hizo fue refrendar transferencias de dinero entre instituciones.
La Cicig afirma que Portillo ordenó a Maza transferir los fondos a las arcas de la cartera de Defensa, desde donde posteriormente fueron retirados en efectivo y, en término de 24 horas depositados en cuentas del ex mandatario, así como de familiares y amigos.
Portillo es acusado por Francia y Estados Unidos, entre otros países, del delito de lavado de dinero, pues lo inculpan de utilizar cuentas de esos países para desviar los fondos del erario guatemalteco.
Francia confirmó el 22 de julio que envió a Guatemala documentos de apoyo a las sospechas de malversación y lavado de dinero que pesan sobre el ex presidente, y que habría lavado fondos públicos en bancos franceses.
Los investigadores franceses descubrieron cuentas bancarias a nombre de la ex esposa de Portillo, Eugenia Padua, ya fallecida, y de su hija Otilia Portillo.
Según informes de prensa, Francia pidió congelar 2,8 millones de euros en cuentas del ex gobernante y presentó documentos de ocho movimientos bancarios realizados por Portillo desde Estados Unidos hacia Francia, Luxemburgo, Suiza y Liechtenstein.
El ex gobernante también es reclamado por la justicia estadounidense que lo acusa de malversar unos 70 millones de dólares, y está detenido desde el 26 de enero de 2010 en Guatemala, que autorizó su extradición a ese país.
No obstante, el procedimiento judicial sigue en curso por apelaciones de la defensa.
Portillo, quien volvió a Guatemala en octubre de 2008 extraditado por México, donde vivió refugiado cuatro años, había quedado en libertad tras pagar una fianza de 125.000 dólares. Sin embargo fue detenido en enero en una playa del noreste de Guatemala, cuando intentaba escapar a Belice.
La resolución fue emitida por el juez Marco Antonio Villeda, la noche del miércoles, después que encontrara sustento suficiente en la investigación realizada por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que apoya a la justicia guatemalteca.
En su acusación, la Cicig sostuvo que Portillo (2000-2004), así como sus ex ministros Eduardo Arévalo (Defensa) y Manuel Maza (Finanzas), formaban parte de una estructura criminal dedicada a saquear las arcas del Estado.
Está previsto que el juicio se inicie en setiembre, luego de que esta causa se iniciara en 2004, poco después que él dejara el poder y se fuera a México.
Los abogados de los tres acusados alegan que sus clientes no cometieron ningún delito.
“Ellos simplemente cumplieron con lo que la Constitución manda”, sostuvo Telésforo Guerra, defensor de Portillo.
Mientras tanto, el abogado de Arévalo, José Lobo Dubón, afirmó que su defendido lo único que hizo fue refrendar transferencias de dinero entre instituciones.
La Cicig afirma que Portillo ordenó a Maza transferir los fondos a las arcas de la cartera de Defensa, desde donde posteriormente fueron retirados en efectivo y, en término de 24 horas depositados en cuentas del ex mandatario, así como de familiares y amigos.
Portillo es acusado por Francia y Estados Unidos, entre otros países, del delito de lavado de dinero, pues lo inculpan de utilizar cuentas de esos países para desviar los fondos del erario guatemalteco.
Francia confirmó el 22 de julio que envió a Guatemala documentos de apoyo a las sospechas de malversación y lavado de dinero que pesan sobre el ex presidente, y que habría lavado fondos públicos en bancos franceses.
Los investigadores franceses descubrieron cuentas bancarias a nombre de la ex esposa de Portillo, Eugenia Padua, ya fallecida, y de su hija Otilia Portillo.
Según informes de prensa, Francia pidió congelar 2,8 millones de euros en cuentas del ex gobernante y presentó documentos de ocho movimientos bancarios realizados por Portillo desde Estados Unidos hacia Francia, Luxemburgo, Suiza y Liechtenstein.
El ex gobernante también es reclamado por la justicia estadounidense que lo acusa de malversar unos 70 millones de dólares, y está detenido desde el 26 de enero de 2010 en Guatemala, que autorizó su extradición a ese país.
No obstante, el procedimiento judicial sigue en curso por apelaciones de la defensa.
Portillo, quien volvió a Guatemala en octubre de 2008 extraditado por México, donde vivió refugiado cuatro años, había quedado en libertad tras pagar una fianza de 125.000 dólares. Sin embargo fue detenido en enero en una playa del noreste de Guatemala, cuando intentaba escapar a Belice.
La resolución fue emitida por el juez Marco Antonio Villeda, la noche del miércoles, después que encontrara sustento suficiente en la investigación realizada por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que apoya a la justicia guatemalteca.
En su acusación, la Cicig sostuvo que Portillo (2000-2004), así como sus ex ministros Eduardo Arévalo (Defensa) y Manuel Maza (Finanzas), formaban parte de una estructura criminal dedicada a saquear las arcas del Estado.
Está previsto que el juicio se inicie en setiembre, luego de que esta causa se iniciara en 2004, poco después que él dejara el poder y se fuera a México.
Los abogados de los tres acusados alegan que sus clientes no cometieron ningún delito.
“Ellos simplemente cumplieron con lo que la Constitución manda”, sostuvo Telésforo Guerra, defensor de Portillo.
Mientras tanto, el abogado de Arévalo, José Lobo Dubón, afirmó que su defendido lo único que hizo fue refrendar transferencias de dinero entre instituciones.
La Cicig afirma que Portillo ordenó a Maza transferir los fondos a las arcas de la cartera de Defensa, desde donde posteriormente fueron retirados en efectivo y, en término de 24 horas depositados en cuentas del ex mandatario, así como de familiares y amigos.
Portillo es acusado por Francia y Estados Unidos, entre otros países, del delito de lavado de dinero, pues lo inculpan de utilizar cuentas de esos países para desviar los fondos del erario guatemalteco.
Francia confirmó el 22 de julio que envió a Guatemala documentos de apoyo a las sospechas de malversación y lavado de dinero que pesan sobre el ex presidente, y que habría lavado fondos públicos en bancos franceses.
Los investigadores franceses descubrieron cuentas bancarias a nombre de la ex esposa de Portillo, Eugenia Padua, ya fallecida, y de su hija Otilia Portillo.
Según informes de prensa, Francia pidió congelar 2,8 millones de euros en cuentas del ex gobernante y presentó documentos de ocho movimientos bancarios realizados por Portillo desde Estados Unidos hacia Francia, Luxemburgo, Suiza y Liechtenstein.
El ex gobernante también es reclamado por la justicia estadounidense que lo acusa de malversar unos 70 millones de dólares, y está detenido desde el 26 de enero de 2010 en Guatemala, que autorizó su extradición a ese país.
No obstante, el procedimiento judicial sigue en curso por apelaciones de la defensa.
Portillo, quien volvió a Guatemala en octubre de 2008 extraditado por México, donde vivió refugiado cuatro años, había quedado en libertad tras pagar una fianza de 125.000 dólares. Sin embargo fue detenido en enero en una playa del noreste de Guatemala, cuando intentaba escapar a Belice.
