Revuelo causaron las declaraciones de Alejandro Bohn, uno de los dueños la mina San José, quien manifestó que los ejecutivos están tranquilos ante su eventual responsabilidad en los hechos que desencadenaron el accidente.

Estos dichos fueron fuertemente criticados por el ministro de Minería, Laurence Goldborne, quien calificó las afirmaciones como “increíbles y sorprendentes”.

El secretario de Estado indicó que el tema se va a analizar “a nivel de gobierno” para dar cumplimiento íntegro a la ley, pero reiteró que “las principales obligaciones son de la empresa”. Incluso, fue enfático en aclarar que “no habrá impunidad”.

“La fiscalía y los abogados determinarán las figuras legales, las faltas y delitos. Nosotros vamos a aplicar la ley en todo lo que se nos permita, obviamente hay un estado de derecho y lo vamos a respetar, pero les aseguro que aquí no va a haber mano blanda ni trepidar en la medida en que tengamos las facultades. Aquí no van a haber impunidades ni públicas ni privadas”, afirmó el ministro.

Idea que reafirmó el Presidente Sebastián Piñera quien, anunciando reformas en materia de seguridad laboral, insistió en que se castigará a los responsables.

“Los mineros están vivos, pero la tarea no ha terminado. En esta materia no va a haber impunidad y quiero recalcar que las investigaciones tanto en lo penal como en lo civil ya se han iniciado y vamos a investigar las responsabilidades y sancionar a quienes tengan responsabilidad”, dijo el Jefe de Estado.

Igualmente, la ministra del Trabajo, Camila Merino, señaló que se perseguirá a los culpables y agregó que materia laboral siempre hay “buenos y malos empresarios”.

Dueños de la mina piden a Contraloría investigar permisos

En tanto, los abogados de la compañía minera San Esteban acudieron esta mañana a la Contraloría para solicitar que se revisen los permisos que se otorgaron por parte del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y otras entidades públicas que autorizaron la reapertura de la mina San José en 2008.

Según el abogado Hernán Tuane, habría eventuales faltas a la probidad en las autorizaciones de parte de los servicios públicos encargados de fiscalizar las faenas mineras. Sin embargo, Tuane señaló que con esta solicitud no se pretende eludir la responsabilidad de la minera ante posibles acciones legales que presenten los familiares de los mineros atrapados o el mismo Estado.

El jurista aseguró que todas las responsabilidades de la empresa deberán ser determinadas en una investigación judicial o a través de la investigación que realizará la Contraloría.

De esta manera, reiteró las palabras del gerente general de la empresa, Alejandro Bohn, quien señaló que los mineros con vida reflejan las condiciones de seguridad que tenían esta operación minera, eludiendo cualquier responsabilidad preventiva de la empresa en el accidente.

“Si no hubiera habido seguridad, si no hubiera existido el refugio donde los 33 mineros están, estarían muertos. El trabajo de seguridad que mis representados hicieron fue un  trabajo de excelencia. La causa de este desastre no es la falta de seguridad en sí, tiene otras motivaciones que serán determinadas por los expertos en su momento”, afirmó Tuane.

Esta afirmación fue refutada por el ingeniero en minas y director de la Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales de Codelco, Enés Zepeda, quien señaló que ha quedado de manifestó que la mina San José no contaba con los instrumentos básicos de alerta temprana ante derrumbes.

“Y la condición insegura es la que predominó en el accidente de la mina San José. Allí faltó el instrumental técnico que permitiera indicar tempranamente que el cerro estaba ejerciendo presión y que en el algún momento se iba a desplomar. Hay tecnología suficiente para el mediano empresario, para que instale en sus faenas instrumentos de detección temprana. Por otro lado, debe tener procedimientos de alerta temprana. Lamentablemente no se realizaron las medidas preventivas del caso para tomar las alertas tempranas y que no hubiera ocurrido lo que ocurrió”, indicó Zepeda.

Asimismo, para el abogado de derechos humanos, Roberto Garretón, en este caso hubo una clara vulneración a las garantías de los trabajadores y sería, además, posible establecer un cuasi delito.

“Víctimas hay, hay 33 personas que han estado encerrados durante tanto tiempo, no murieron, pero víctimas son, por lo tanto, hay que investigar si hay responsabilidades penales. Estoy de acuerdo que no hay un dolo de parte de los dueños de la mina, ellos no trataron de matarlos, pero sí puede haber un delito culposo, lo que en Chile llamamos cuasi delito, es decir, no tomamos las medidas para evitar lo que ocurrió”. Sostuvo el abogado en el programa A Fondo de nuestra emisora.

Empresarios se niegan a comparecer ante comisión de la Cámara

El jefe de bancada de Renovación Nacional, Mario Bertolino, lamentó que los dueños de la minera San Esteban se negaran a asistir al llamado de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados para aclarar los hechos.

“Está dentro de lo que el libre juego de la democracia permite. Lo lamento mucho porque hoy día cuando estamos todos contentos (…) es un punto negro que los empresarios y propietarios de la mina se resten a poder hacer un aporte para poder esclarecer esta situación y evitar que en el futuro se produzca”, dijo el parlamentario.

La negativa de los empresarios a ir al Parlamento a dar explicaciones sobre lo ocurrido se debería a la solicitud de sus abogados de  que “no emitan opinión”.

La comisión de Minería y Energía de la Cámara, actualmente investigadora, tiene un plazo de 120 días para entregar el informe. Los parlamentarios no descartan incluso conversar con los mismos mineros atrapados, si la tecnología así lo permite.