A partir de las 08.30 horas, la Comisión Regional de Medioambiente (Corema) de Coquimbo deberá someter a votación el proyecto termoeléctrico Barrancones que pretende instalar dos plantas a carbón en el sector de Punta de Choros.

La iniciativa de la empresa Suez Energy, ha contado con una gran oposición de la ciudadanía y de las organizaciones ambientalistas, quienes la semana pasada ya presentaron una carta con 25 mil firmas al Presidente Sebastián Piñera en el Palacio de La Moneda.

La idea era recordarle al Mandatario su compromiso de campaña, en el que aseguró que iba a impedir la ejecución de “todas las plantas termoeléctricas que atenten gravemente contra la naturaleza, las comunidades y la calidad de vida”.

Pese a ese compromiso, las organizaciones ambientalistas no son muy optimistas respecto de lo que se decida este martes, pues acusan que los organismos de gobierno no están haciendo un trabajo correcto.

“La Conaf, Sernapesca y el ministerio de Salud no hacen las observaciones pertinentes y todos lo están aprobando. Creemos que hay un grave error al aceptar un proyecto que no se debería realizar”, manifestó Rosa Rojas, presidenta del Movimiento en Defensa del Medioambiente, MODEMA.

Desde el Parlamento también ven con ojos reticentes lo que ocurra durante esta jornada en la Intendencia Regional ubicada en La Serena.

El diputado PPD miembro de la comisión investigadora de Resoluciones Coremas sobre Proyectos Energéticos, Enrique Accorsi, indicó que una manera efectiva de detener el avance de este proyecto es usar la vía judicial.

Esto, porque los organismos técnicos del gobierno han cambiado drásticamente sus opiniones en el último tiempo para favorecer al proyecto.

“En el Seremi de Salud está catalogado como una industria contaminante y molesta. Pero la nueva autoridad cambió su parecer y puso solamente ´ industria molesta ´y con eso tienen la vía casi completa para poder materializar el proyecto. Lo que nosotros recomendamos directamente es que pongan un recurso de protección porque creemos que es la manera más fácil de parar una aberración como esta”, aseguró Accorsi.

Por su parte, el diputado socialista por la zona, Marcelo Díaz, indicó que en el caso de la aprobación de este proyecto termoeléctrico, el lobby y las irregularidades han estado a la orden del día, comenzando por los más altos cargos regionales.

Por ejemplo, el intendente de Coquimbo, Sergio Gahona, fue candidato a diputado por el distrito y en medio de la candidatura se manifestó a favor las plantas termoeléctricas. Hoy, por su cargo, Gahona preside la Corema.

“Esta es la consagración del poder del lobby, de las irregularidades y del fracaso de la institucionalidad ambiental porque ha habido súbitos cambios de opinión de los servicios públicos y una presencia vergonzosa del dinero de la empresa vergonzosa que ha tratado a Chile como si fuera una republiqueta de bajo nivel”, sentenció Díaz.

El parlamentario además apuntó al eventual conflicto de interés de la actual directora de la Conama Regional, Claudia Rivera, quien se desempeñó en la empresa Gestión Ambiental Consultores (GAC) que asesora el proyecto Central Térmica Cruz Grande en La Higuera, la otra termoeléctrica que amenaza con quedarse en el sector junto con Barrancones.

En esa empresa asesora también se desempeñó la principal cúpula medioambiental del actual gobierno, incluida la actual ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, y uno de los más influyentes miembros del Consejo Consultivo de la Conama, Ricardo Katz, quien es socio fundador de GAC.

El compromiso del Presidente Sebastián Piñera está sobre la mesa y la decisión está en manos de su gobierno.

La ciudadanía está lista en primera fila para juzgar el actuar de los organismos con competencia ambiental, pues desde diversos sectores de la región se trasladarán en masa hasta La Serena para presenciar el dictamen que sentencie el futuro de uno de los mayores santuarios naturales de nuestro país.