El 30 de mayo de 2008, Patricio Leiva se desempeñaba como subdirector de Minería del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y como tal debió firmar el oficio que permitía reabrir las faenas en la mina San José luego, del cierre de éstas debido a un accidente fatal ocurrido en enero de 2007.
El reinicio de las actividades del yacimiento, sin las medidas de seguridad apropiadas, derivó en el accidente que mantiene a 33 mineros atrapados luego del derrumbe del pasado 5 de agosto.
Leiva compareció este miércoles ante la comisión de Minería de la Cámara de Diputados para explicar las razones que motivaron la decisión de permitir la reapertura de un mina en la que ya habían ocurrido accidentes graves.
“Quiero dejar en claro que esto fue algo que tenía que hacer, era mi trabajo y no podía dejar de hacerlo. Tuve el informe y la explicación del ingeniero que me decía que el texto estaba correcto. Me informaron que se iba a realizar la fiscalización para verificar que estas condiciones se cumplieran y si hoy tuviera que firmar, firmaría de nuevo”, sostuvo el profesional.
Leiva agregó que junto al oficio de autorización, se encontraban como antecedentes dos oficios adicionales – Nºs 0309, de diciembre de 2007, y 1773, de marzo de 2008 – a través de los cuales se permitía la realización de obras y la extracción de mineral en el nivel 90 primero y 75 después.
El actual jefe del Departamento de Propiedad Minera del Sernageomin, apuntó sus dardos contra sus superiores de entonces por la responsabilidad en la firma del documento, pues habría existido un acuerdo entre el director regional de Atacama, Marcelo Guzmán y el jefe del departamento de Seguridad del organismo, Santiago Pinilla.
“Si en algún momento cometí un error mis superiores podrían haberme dicho algo. Nunca tuve ningún reparo sobre el documento que redactó el jefe de seguridad y que yo suscribí. Nunca me llamaron”, aseguró Leiva.
El funcionario precisó además que lo habitual es que los cierres y reaperturas se realicen vía resolución firmada por el Director Nacional del Servicio y no por oficios, motivo por el cual declaró la semana pasada Alejandro Vio, quien se desempeñaba en el cargo.
Patricio Leiva indicó que los dueños de la mina “tuvieron la oportunidad de haber cerrado la mina” en 2007.
A partir del testimonio, el presidente de la comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Alejandro García Huidobro, aseguró que existen una serie de contradicciones al contrastar todas las versiones escuchadas hasta hoy.
“No dice relación con lo que planteó su ex jefe, Exequiel Yáñez, quien en ese momento estaba con licencia médica según lo informó ayer a la comisión. Él dijo que no había tenido conocimiento de esto y según lo que nos manifestó Patricio Leiva sí se le habría informado de los hechos en una reunión. Después hubo una fiscalización en la que participaron Santiago Pinilla y el Director Regional de Atacama. En esa instancia ellos no hicieron nada respecto del no cumplimiento de las obligación que tenía la empresa”, sentenció el parlamentario.
La comisión invitó para el próximo martes a los dueños de la empresa San Esteban y posteriormente a Santiago Pinilla, quien coordinó el proceso de reapertura, según la declaración de Leiva.
En otra arista del tema, este jueves se presentará la primera querella criminal en contra de los dueños de la compañía San Esteban por el delito de lesiones y de los funcionarios del Sernageomin por prevaricación.
El abogado de algunas familias de los mineros atrapados, Remberto Valdés, indicó que la autorización se generó de manera “dolosa o gravemente culposa”, por lo que la querella podría recaer directamente en Patricio Leiva, quien firmó el oficio.
El 30 de mayo de 2008, Patricio Leiva se desempeñaba como subdirector de Minería del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y como tal debió firmar el oficio que permitía reabrir las faenas en la mina San José luego, del cierre de éstas debido a un accidente fatal ocurrido en enero de 2007.
El reinicio de las actividades del yacimiento, sin las medidas de seguridad apropiadas, derivó en el accidente que mantiene a 33 mineros atrapados luego del derrumbe del pasado 5 de agosto.
Leiva compareció este miércoles ante la comisión de Minería de la Cámara de Diputados para explicar las razones que motivaron la decisión de permitir la reapertura de un mina en la que ya habían ocurrido accidentes graves.
“Quiero dejar en claro que esto fue algo que tenía que hacer, era mi trabajo y no podía dejar de hacerlo. Tuve el informe y la explicación del ingeniero que me decía que el texto estaba correcto. Me informaron que se iba a realizar la fiscalización para verificar que estas condiciones se cumplieran y si hoy tuviera que firmar, firmaría de nuevo”, sostuvo el profesional.
Leiva agregó que junto al oficio de autorización, se encontraban como antecedentes dos oficios adicionales – Nºs 0309, de diciembre de 2007, y 1773, de marzo de 2008 – a través de los cuales se permitía la realización de obras y la extracción de mineral en el nivel 90 primero y 75 después.
El actual jefe del Departamento de Propiedad Minera del Sernageomin, apuntó sus dardos contra sus superiores de entonces por la responsabilidad en la firma del documento, pues habría existido un acuerdo entre el director regional de Atacama, Marcelo Guzmán y el jefe del departamento de Seguridad del organismo, Santiago Pinilla.
“Si en algún momento cometí un error mis superiores podrían haberme dicho algo. Nunca tuve ningún reparo sobre el documento que redactó el jefe de seguridad y que yo suscribí. Nunca me llamaron”, aseguró Leiva.
El funcionario precisó además que lo habitual es que los cierres y reaperturas se realicen vía resolución firmada por el Director Nacional del Servicio y no por oficios, motivo por el cual declaró la semana pasada Alejandro Vio, quien se desempeñaba en el cargo.
Patricio Leiva indicó que los dueños de la mina “tuvieron la oportunidad de haber cerrado la mina” en 2007.
A partir del testimonio, el presidente de la comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Alejandro García Huidobro, aseguró que existen una serie de contradicciones al contrastar todas las versiones escuchadas hasta hoy.
“No dice relación con lo que planteó su ex jefe, Exequiel Yáñez, quien en ese momento estaba con licencia médica según lo informó ayer a la comisión. Él dijo que no había tenido conocimiento de esto y según lo que nos manifestó Patricio Leiva sí se le habría informado de los hechos en una reunión. Después hubo una fiscalización en la que participaron Santiago Pinilla y el Director Regional de Atacama. En esa instancia ellos no hicieron nada respecto del no cumplimiento de las obligación que tenía la empresa”, sentenció el parlamentario.
La comisión invitó para el próximo martes a los dueños de la empresa San Esteban y posteriormente a Santiago Pinilla, quien coordinó el proceso de reapertura, según la declaración de Leiva.
En otra arista del tema, este jueves se presentará la primera querella criminal en contra de los dueños de la compañía San Esteban por el delito de lesiones y de los funcionarios del Sernageomin por prevaricación.
El abogado de algunas familias de los mineros atrapados, Remberto Valdés, indicó que la autorización se generó de manera “dolosa o gravemente culposa”, por lo que la querella podría recaer directamente en Patricio Leiva, quien firmó el oficio.
El 30 de mayo de 2008, Patricio Leiva se desempeñaba como subdirector de Minería del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y como tal debió firmar el oficio que permitía reabrir las faenas en la mina San José luego, del cierre de éstas debido a un accidente fatal ocurrido en enero de 2007.
El reinicio de las actividades del yacimiento, sin las medidas de seguridad apropiadas, derivó en el accidente que mantiene a 33 mineros atrapados luego del derrumbe del pasado 5 de agosto.
Leiva compareció este miércoles ante la comisión de Minería de la Cámara de Diputados para explicar las razones que motivaron la decisión de permitir la reapertura de un mina en la que ya habían ocurrido accidentes graves.
“Quiero dejar en claro que esto fue algo que tenía que hacer, era mi trabajo y no podía dejar de hacerlo. Tuve el informe y la explicación del ingeniero que me decía que el texto estaba correcto. Me informaron que se iba a realizar la fiscalización para verificar que estas condiciones se cumplieran y si hoy tuviera que firmar, firmaría de nuevo”, sostuvo el profesional.
Leiva agregó que junto al oficio de autorización, se encontraban como antecedentes dos oficios adicionales – Nºs 0309, de diciembre de 2007, y 1773, de marzo de 2008 – a través de los cuales se permitía la realización de obras y la extracción de mineral en el nivel 90 primero y 75 después.
El actual jefe del Departamento de Propiedad Minera del Sernageomin, apuntó sus dardos contra sus superiores de entonces por la responsabilidad en la firma del documento, pues habría existido un acuerdo entre el director regional de Atacama, Marcelo Guzmán y el jefe del departamento de Seguridad del organismo, Santiago Pinilla.
“Si en algún momento cometí un error mis superiores podrían haberme dicho algo. Nunca tuve ningún reparo sobre el documento que redactó el jefe de seguridad y que yo suscribí. Nunca me llamaron”, aseguró Leiva.
El funcionario precisó además que lo habitual es que los cierres y reaperturas se realicen vía resolución firmada por el Director Nacional del Servicio y no por oficios, motivo por el cual declaró la semana pasada Alejandro Vio, quien se desempeñaba en el cargo.
Patricio Leiva indicó que los dueños de la mina “tuvieron la oportunidad de haber cerrado la mina” en 2007.
A partir del testimonio, el presidente de la comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Alejandro García Huidobro, aseguró que existen una serie de contradicciones al contrastar todas las versiones escuchadas hasta hoy.
“No dice relación con lo que planteó su ex jefe, Exequiel Yáñez, quien en ese momento estaba con licencia médica según lo informó ayer a la comisión. Él dijo que no había tenido conocimiento de esto y según lo que nos manifestó Patricio Leiva sí se le habría informado de los hechos en una reunión. Después hubo una fiscalización en la que participaron Santiago Pinilla y el Director Regional de Atacama. En esa instancia ellos no hicieron nada respecto del no cumplimiento de las obligación que tenía la empresa”, sentenció el parlamentario.
La comisión invitó para el próximo martes a los dueños de la empresa San Esteban y posteriormente a Santiago Pinilla, quien coordinó el proceso de reapertura, según la declaración de Leiva.
En otra arista del tema, este jueves se presentará la primera querella criminal en contra de los dueños de la compañía San Esteban por el delito de lesiones y de los funcionarios del Sernageomin por prevaricación.
El abogado de algunas familias de los mineros atrapados, Remberto Valdés, indicó que la autorización se generó de manera “dolosa o gravemente culposa”, por lo que la querella podría recaer directamente en Patricio Leiva, quien firmó el oficio.
