En varias ocasiones el Presidente Sebastián Piñera se ha autodefinido como un amante de la naturaleza. Es aficionado a los deportes al aire libre y adquirió el Parque Tantauco en Chiloé, 118 mil hectáreas donde forjó su propio santuario natural, estandarte, al menos simbólico, de su interés en la conservación del medioambiente.

Es por eso que la decisión de la Corporación Regional del Medio Ambiente (Corema) de Coquimbo de dar luz verde al proyecto termoeléctrico de la empresa franco-belga Suez Energy, que se pretende instalar a 25 kilómetros de uno de los santuarios naturales más importantes de nuestro país, se ha convertido en otra piedra en el zapato su administración.

Pese a que la votación se hizo justo en medio de la efervescencia que provocó el contacto con los 33 mineros atrapados, como en pocas ocasiones la mirada ciudadana estuvo atenta y de forma inédita se utilizaron las redes sociales para organizar inmediatas protestas en las principales ciudades del país.

El lugar que le dan los países a la defensa del medio ambiente siempre ha estado supeditado a la voluntad política, pero esta vez, es la propia palabra y la promesa de campaña que realizó Sebastián Piñera lo que lo amarra a tener una respuesta clara sobre el tema.

“Lo que estamos haciendo es una locura. Voy a promover las energías limpias y renovables porque ahí está el futuro de la energía en Chile y voy a ser muy riguroso y exigente con proyectos termoeléctricos contaminantes como ha habido ya más de la cuenta en nuestro país”, dijo Piñera.

Como era de esperar, el tema tampoco estuvo ausente de la reunión de gabinete de este miércoles. Y aunque los ministros no quisieron referirse al tema, la portavoz de La Moneda, Ena von Baer, aseguró que “hay un proceso de toma de decisiones que está en manos de una institucionalidad que está vigente y todavía hay pasos que se pueden dar. El compromiso del Presidente es que no se va a afectar el medioambiente ni la calidad de vida de las comunidades aledañas, y ese compromiso sigue absolutamente vigente”.

Con esto, la secretaría de Estado dejó abierta la posibilidad de que el Mandatario pueda eventualmente dejar sin efecto la resolución de la Corema de Coquimbo o cambiar el lugar para la instalación de la termoeléctrica.

Pero el camino a seguir es complicado. Una vez notificada la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), las personas que hicieron observaciones ciudadanas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) tienen el derecho a presentar reclamaciones.

Luego, la Conama debe notificar a cada actor que participó en la RCA respecto sobre el resultado de sus apreciaciones. A partir eso, hay 15 días hábiles para presentar una reclamación a la dirección ejecutiva, donde es el Consejo de ministros el que determina si fueron bien consideradas.

De acuerdo a los mismos protocolos, son los organismos e instancias técnicas los llamados a pronunciarse, lo que corresponde a las Secretarías Regionales Ministeriales. De todas formas, todos ellos están bajo el mandato del Presidente y, en el caso de lo que sucedió este martes, más aún, ya que las Seremis son funcionarios de absoluta confianza del Ejecutivo.

Además de la presión ciudadana, Piñera ha recibido emplazamientos desde su propia coalición llamándolo a cumplir su promesa. La diputada RN Marcela Sabat afirmó que “este proyecto no es el indicado para esa zona (…) Como parlamentarios y como grupo de RN queremos interponer las reclamaciones tanto administrativas como judiciales que correspondan para ir en contra de estas termoeléctricas”.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, sostuvo en un programa de televisión que “es un tema muy sensible y vamos a conversarlo con el Presidente de la República. Vamos a tener que analizar y hemos escuchado a los ciudadanos. Créanme que es una decisión compleja. Cuando uno está en el Gobierno a veces toma decisiones duras pensando en bienes que no siempre se comprenden bien. Pero yo entiendo el sentido profundo y honesto de la petición y este ministro del Interior y este Gobierno no están indiferentes con lo que está ocurriendo, vamos a ver lo que podemos hacer”.

Dudas razonables

Pero además de la sorpresa y el enojo que causó la decisión unánime de la Corema de Coquimbo, el proceso provocó suspicacia, ya que, en un principio, todos los organismos técnicos parecían coincidir en lo nocivo de este proyecto para la zona. Durante la sesión del martes se reconocieron las falencias de la iniciativa transnacional, pero aún así se autorizó su implementación.

La Conaf, que durante la mayor parte de la tramitación de Barrancones afirmó que la compañía no estaba tomando en cuenta los efectos sobre la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, finalmente, dio su aprobación y sólo exigió algunas mitigaciones.

La Gobernación Marítima, hasta el 4 de agosto pasado, era el único servicio que mantenía reparos, junto a la municipalidad de La Higuera. La entidad criticaba las inexactitudes que presentaba el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la falta de antecedentes científicos que aseguraran que las medidas adoptadas eviten causar daño en la flora y fauna marina. En la sesión del martes, en cambio, otorgaron su venia.

Ante esto, el diputado DC Patricio Vallespín, miembro de la comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja destacó que “habían varios servicios públicos que tenían una posición negativa respecto a este proyecto, y luego, al cambiar las autoridades del nuevo gobierno, aparecen informes positivos.
Nosotros queremos ver si estos informes corresponden al rigor profesional, a la competencia técnica de cada servicio o se cambiaron porque había que hacerlo, porque recordemos que el Presidente Piñera recibió a los máximos directivos de Suez Energy y eso nos parece obviamente inadecuado”, sostuvo el diputado.

En la misma línea, la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, comentó en el programa Semáforo de nuestra emisora que “hay una argumentación bastante débil donde los que votan a favor de este proyecto son los seremis, es decir, personas nombradas por este Gobierno y que dependen directamente de La Moneda. Por eso es importante hacer mención de la reunión que el Presidente Piñera tuvo con el representante de Suez Energy”.

El cambio de opinión de los organismos técnicos se ve reflejado, según Liberona, en que “estas personas votaron a favor del proyecto, aún cuando los servicios públicos levantaron observaciones durante todo el proceso de evaluación ambiental, que no fueron respondidos por la empresa. Más aún, en el caso de Conaf se obligó a que se cambiara el oficio donde se dice que este proyecto no debe hacerse. Aquí ha habido una presión sistemática”.

Situaciones que el Presidente Sebastián Piñera deberá analizar a la hora de pronunciarse, aunque indirectamente, y hacer valer un derecho que la misma Constitución Política consagra: el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el de la obligación del Estado para que éste no se vea afectado.