De manera sorpresiva y en una acción sin precedentes en la historia de nuestro país, el Presidente Sebastián Piñera negoció personalmente con los ejecutivos de la compañía energética Suez Energy el cambio de ubicación del aprobado proyecto termoeléctrico Barrancones.

El anuncio que hizo el mandatario, sin embargo, deja un manto de dudas respecto del nuevo lugar en el que será emplazada la central termoeléctrica y si se someterá nuevamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto, según indica la ley.

“Le he pedido y hemos acordado con Suez cambiar la ubicación de la central termoeléctrica Barrancones, de forma tal de alejarla del sector de Punta de Choros, Isla Damas e Isla Gaviota y proteger ese maravilloso santuario de la naturaleza”, afirmó el jefe de Estado.

Para eso, Piñera instruyó a la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, para que haga un catastro territorial de los sitios en los que sí se puede planificar la instalación de industrias con un alto impacto sobre el medioambiente, como las termoeléctricas.

Cabe un vacío respecto de si el cambio incluye o no una nueva evaluación de impacto ambiental, pero según Von Baer no hay vacío, ya que el gobierno “le pide la ministra de Bienes Nacionales que solucionemos el tema hacia adelante para que se repita esta situación” a través de este catastro.

“Lo obrado por la Corema se ajustó a nuestra institucionalidad”

“Quiero ratificar que el Estudio de Impacto Ambiental y lo obrado por la Corema de Coquimbo se ajustó a nuestra institucionalidad y a nuestro estado de derecho”, machacó Sebastián Piñera.

En la misma línea y sin aclarar qué va a pasar con Barrancones, la ministra Secretaria General de Gobierno, Ena von Baer, afirmó que “aquí no queda nulo nada”, pues la Resolución de Calificación Ambiental aprobó el proyecto mediante todos los órganos públicos de la región debido a que cumplió con todas las exigencias.

“La decisión de la Corema está absolutamente apegada a la legalidad. Lo que acá estamos discutiendo es que tengamos una termoeléctrica cerca de un santuario de la naturaleza. Eso está permitido por la actual legislación que tenemos. De esa discusión se ha hecho cargo el Presidente de la República y en un diálogo con la empresa le pide si es que podemos cambiar la ubicación de esta empresa”, detalló la ministra Von Baer.

Los documentos sin embargo, dicen otra cosa: Conaf en su visado indica textualmente que “declaró en la adenda 2 su inconformidad con el Estudio y, en su respuesta a la adenda 3, declara su conformidad planteando condiciones al proyecto”.

El Sernatur, por su parte, con fecha 19 de agosto, indica que “no entrega su visación final”, puesto que “con este proyecto se alterarán los recursos y elementos del medioambiente acuático que también son parte importante del valor turístico que será intervenido”, sin embargo, el servicio no tiene derecho a voto en la Corema.

Antecedentes de irregularidades a Contraloría

La Gobernación Marítima de Coquimbo, en tanto, el 19 de agosto pasado manifestó textualmente que “éste órgano de administración del Estado reitera su pronunciamiento de inconformidad, toda vez que el proponente no logró efectuar una cabal y completa evaluación de los impactos al ecosistema”.

Cuatro días después y luego de recibir un oficio de la directora regional de CONAMA, Claudia Rivera, Eric Solar, gobernador marítimo de Coquimbo, cambió su postura y visó el proyecto.

Ante esto, la senadora DC Soledad Alvear, miembro de la comisión de Medio Ambiente, anunció que pondrá esos antecedentes a disposición de la Contraloría para una investigación.

“Me parece insólito. Por eso vamos a pedir los informes pertinentes. Espero recibir prontamente y que el país reciba prontamente una respuesta que aclare esta situación, porque si han existido presiones esto es intolerable, inadmisible”, alegó la parlamentaria.

El anuncio del mandatario además incluyó una alusión a la necesidad de perfeccionar la actual institucionalidad ambiental.

El guante lo recogió la ex ministra de Medioambiente del gobierno de Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte, quien aseguró que “en el contexto de la nueva institucionalidad, estoy en condiciones de asegurar con documentos que una situación como esta hubiera tenido un destino radicalmente distinto”.

Ambientalistas preocupados

Lo cierto es que hoy existe una gran duda acerca del futuro de este proyecto Barrancones y varias organizaciones ambientales manifiestan su preocupación por la ausencia de una política pública clara al respecto.

Desde varias organizaciones indican que el proyecto deberá ser ingresado nuevamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Patricia Soto, directora de Codeff, aseguró que “emplazar la termoeléctrica en un lugar distinto es un proyecto nuevo, dado que las condiciones geográficas son diferentes. Van a tener que realizar un proyecto nuevo y eso, sin duda, debe entrar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental nuevamente. Por otra parte, vamos a estar atentos y vigilantes de cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar, porque en este minuto sólo tenemos la declaración de no se realizaría esta termoeléctrica, en este lugar con este proyecto planteado”.

Lo anterior, porque no es el único caso pendiente. En el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental está en trámite la Central Termoeléctrica Cruz Grande en la misma región de Coquimbo y en la misma comuna de La Higuera, y además hay proyectos en trámite en las regiones del Bío Bío y Atacama.