Este jueves se terminó el proceso de fortalecimiento del segundo ducto que llegó hasta el refugio de la mina San José donde permanecen los 33 trabajadores atrapados desde el pasado 5 de agosto.
A través de esta segunda sonda se bajará una cámara de Alta Definición que tendrá como principal objetivo, en un primer momento, captar las imágenes de los ojos de los trabajadores, ya que han presentando varias molestias producto del polvo suspendido en el lugar.
Por otro lado, las autoridades informaron esta mañana que se espera que este fin de semana los mineros puedan recibir agua potable de forma continua, dos mil calorías diarias de alimento por trabajador, además de medicamentos y aire comprimido enriquecido con oxígeno.
Por otro lado, ya varias familias de los mineros han dejado el campamento Esperanza, luego de que se tomara contacto con ellos y se ratificara que todo el grupo estaba con vida.
En tanto, la NASA está asesorando al Gobierno para facilitar las condiciones de vida de los mineros que tendrán que esperar meses para ser rescatados. Se estima que sus conocimientos pueden ser de gran utilidad para mantener a los obreros en buenas condiciones durante los meses que tendrán que sobrevivir en un habitáculo reducido a 700 metros bajo tierra.
Acciones judiciales
El abogado de un grupo de familias de los mineros atrapados oficializará durante esta jornada la primera querella criminal en contra de los dueños de la empresa San Esteban y los funcionarios de Sernageomin.
Ramberto Valdés informó que el delito en contra de los empresarios será por lesiones y de los trabajadores del Servicio Nacional de Geología y Minería, de prevaricación.
Este último culpa a los funcionarios del organismo estatal, de “haber dictado una resolución injusta que ha significado la reapertura de la mina San José”, indicó el abogado. Además no se descarta una investigación por posibles coimas.
Los dueños de la empresa, por su parte, afirmaron podrían responder con sus bienes personales ante la quiebra de la firma que declararon durante la semana a raíz del accidente y se reunieron además con el fiscal regional de Atacama, Héctor Mella.
Este jueves se terminó el proceso de fortalecimiento del segundo ducto que llegó hasta el refugio de la mina San José donde permanecen los 33 trabajadores atrapados desde el pasado 5 de agosto.
A través de esta segunda sonda se bajará una cámara de Alta Definición que tendrá como principal objetivo, en un primer momento, captar las imágenes de los ojos de los trabajadores, ya que han presentando varias molestias producto del polvo suspendido en el lugar.
Por otro lado, las autoridades informaron esta mañana que se espera que este fin de semana los mineros puedan recibir agua potable de forma continua, dos mil calorías diarias de alimento por trabajador, además de medicamentos y aire comprimido enriquecido con oxígeno.
Por otro lado, ya varias familias de los mineros han dejado el campamento Esperanza, luego de que se tomara contacto con ellos y se ratificara que todo el grupo estaba con vida.
En tanto, la NASA está asesorando al Gobierno para facilitar las condiciones de vida de los mineros que tendrán que esperar meses para ser rescatados. Se estima que sus conocimientos pueden ser de gran utilidad para mantener a los obreros en buenas condiciones durante los meses que tendrán que sobrevivir en un habitáculo reducido a 700 metros bajo tierra.
Acciones judiciales
El abogado de un grupo de familias de los mineros atrapados oficializará durante esta jornada la primera querella criminal en contra de los dueños de la empresa San Esteban y los funcionarios de Sernageomin.
Ramberto Valdés informó que el delito en contra de los empresarios será por lesiones y de los trabajadores del Servicio Nacional de Geología y Minería, de prevaricación.
Este último culpa a los funcionarios del organismo estatal, de “haber dictado una resolución injusta que ha significado la reapertura de la mina San José”, indicó el abogado. Además no se descarta una investigación por posibles coimas.
Los dueños de la empresa, por su parte, afirmaron podrían responder con sus bienes personales ante la quiebra de la firma que declararon durante la semana a raíz del accidente y se reunieron además con el fiscal regional de Atacama, Héctor Mella.
Este jueves se terminó el proceso de fortalecimiento del segundo ducto que llegó hasta el refugio de la mina San José donde permanecen los 33 trabajadores atrapados desde el pasado 5 de agosto.
A través de esta segunda sonda se bajará una cámara de Alta Definición que tendrá como principal objetivo, en un primer momento, captar las imágenes de los ojos de los trabajadores, ya que han presentando varias molestias producto del polvo suspendido en el lugar.
Por otro lado, las autoridades informaron esta mañana que se espera que este fin de semana los mineros puedan recibir agua potable de forma continua, dos mil calorías diarias de alimento por trabajador, además de medicamentos y aire comprimido enriquecido con oxígeno.
Por otro lado, ya varias familias de los mineros han dejado el campamento Esperanza, luego de que se tomara contacto con ellos y se ratificara que todo el grupo estaba con vida.
En tanto, la NASA está asesorando al Gobierno para facilitar las condiciones de vida de los mineros que tendrán que esperar meses para ser rescatados. Se estima que sus conocimientos pueden ser de gran utilidad para mantener a los obreros en buenas condiciones durante los meses que tendrán que sobrevivir en un habitáculo reducido a 700 metros bajo tierra.
Acciones judiciales
El abogado de un grupo de familias de los mineros atrapados oficializará durante esta jornada la primera querella criminal en contra de los dueños de la empresa San Esteban y los funcionarios de Sernageomin.
Ramberto Valdés informó que el delito en contra de los empresarios será por lesiones y de los trabajadores del Servicio Nacional de Geología y Minería, de prevaricación.
Este último culpa a los funcionarios del organismo estatal, de “haber dictado una resolución injusta que ha significado la reapertura de la mina San José”, indicó el abogado. Además no se descarta una investigación por posibles coimas.
Los dueños de la empresa, por su parte, afirmaron podrían responder con sus bienes personales ante la quiebra de la firma que declararon durante la semana a raíz del accidente y se reunieron además con el fiscal regional de Atacama, Héctor Mella.
