Este lunes se cumplen 50 días de la huelga de hambre que iniciaron los presos políticos mapuche en las cárceles de Concepción y Temuco para exigir un trato igualitario ante la justicia que, según demandan, se expresa en la no aplicación de la Ley Antiterrorista y el fin de la justicia militar en Chile.
Amnistía Internacional hizo llegar al Presidente Sebastián Piñera, una carta manifestando su preocupación por la situación judicial que viven los mapuche.
El presidente de la organización en Chile, Hernán Vergara, explicó que el problema “pasa por un sesgo discriminatorio porque es más fácil enfrentar el tema mapuche aplicando toda la fuerza que la ley contempla”.
En este sentido, Vergara agregó que con esto “se traspasan todos los límites de lo permitido dentro de un sociedad donde hay tranquilidad y no está presente el peligro de otros países donde el terrorismo es parte de la cotidianidad. Hay una clara desigualdad y la Fiscalía tiene todas las atribuciones para hacer y deshacer como estime pertinente”.
La misiva critica además los alcances de la ley, que permite la presencia de “testigos sin rostros”, argumentando que el anonimato de testigos viola directamente la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.
Otra situación que inquieta a Amnistía es la forma en la que se harán válidos los recursos se protección interpuestos por Gendarmería que permitirían alimentar a los reos por vía intravenosa, lo que podría llegar a constituir una violación a los Derechos Humanos.
“La voluntad de la persona tiene que ser respetada y no se le puede obligar a que se hagan aquellos procedimientos que puedan traspasar una barrera en cuanto a lo que se está haciendo es constitutivo de tortura, tratos crueles o inhumanos. Es un límite muy difícil, pero mientras los presos no pierdan la conciencia y puedan decidir qué hacer respecto de sus vidas, no pueden ser presionados de manera que se inhiba su derecho a manifestarse dentro de una protesta social”, sostuvo Vergara.
En la carta también se solicita al Gobierno la entrega de información clara sobre las acciones que se están tomando para garantizar el acceso a la atención médica de los presos. Esto cuando se han registrado bajas de hasta 18 kilos, además de descompensaciones que ya han dejado a dos comuneros en centros asistenciales.
Y si bien el uso de testigos protegidos y la alimentación forzada serán discutidos este lunes en la Corte de Apelaciones de Concepción, los familiares de los presos advierten que el movimiento no se detendrá.
Así lo confirmó la vocera de la zona Natividad Llanquileo, quien advirtió que no cederán hasta que existan muestras concretas de querer revertir la situación.
“Mientras no veamos una señal es difícil. Hace tiempo también se discutió la Ley Antiterrorista y no pasó nada. Mientras no se dé algo concreto es difícil solucionar esto. Por eso hacemos un llamado a la gente a que nos apoye y que estén atentos porque a esta altura la situación se está poniendo bastante complicada y es una olla a presión que en cualquier momento puede explotar. No podemos esperar a que uno de nuestros hermanos muera”, indicó Llanquileo.
Con este telón de fondo, el Estado de Chile debe entregar este miércoles su memoria ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), detallando los alcances que ha tenido la implementación del convenio 169, que establece el derecho a consulta de los pueblos originarios.
Un informe que delatará el evidente atraso en el cumplimiento de este acuerdo internacional y que será entregado el mismo día para el que se convoca a la tercera jornada de movilización en apoyo a las demandas que mantienen en lucha a 32 comuneros en cinco cárceles del sur del país.
Este lunes se cumplen 50 días de la huelga de hambre que iniciaron los presos políticos mapuche en las cárceles de Concepción y Temuco para exigir un trato igualitario ante la justicia que, según demandan, se expresa en la no aplicación de la Ley Antiterrorista y el fin de la justicia militar en Chile.
Amnistía Internacional hizo llegar al Presidente Sebastián Piñera, una carta manifestando su preocupación por la situación judicial que viven los mapuche.
El presidente de la organización en Chile, Hernán Vergara, explicó que el problema “pasa por un sesgo discriminatorio porque es más fácil enfrentar el tema mapuche aplicando toda la fuerza que la ley contempla”.
En este sentido, Vergara agregó que con esto “se traspasan todos los límites de lo permitido dentro de un sociedad donde hay tranquilidad y no está presente el peligro de otros países donde el terrorismo es parte de la cotidianidad. Hay una clara desigualdad y la Fiscalía tiene todas las atribuciones para hacer y deshacer como estime pertinente”.
La misiva critica además los alcances de la ley, que permite la presencia de “testigos sin rostros”, argumentando que el anonimato de testigos viola directamente la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.
Otra situación que inquieta a Amnistía es la forma en la que se harán válidos los recursos se protección interpuestos por Gendarmería que permitirían alimentar a los reos por vía intravenosa, lo que podría llegar a constituir una violación a los Derechos Humanos.
“La voluntad de la persona tiene que ser respetada y no se le puede obligar a que se hagan aquellos procedimientos que puedan traspasar una barrera en cuanto a lo que se está haciendo es constitutivo de tortura, tratos crueles o inhumanos. Es un límite muy difícil, pero mientras los presos no pierdan la conciencia y puedan decidir qué hacer respecto de sus vidas, no pueden ser presionados de manera que se inhiba su derecho a manifestarse dentro de una protesta social”, sostuvo Vergara.
En la carta también se solicita al Gobierno la entrega de información clara sobre las acciones que se están tomando para garantizar el acceso a la atención médica de los presos. Esto cuando se han registrado bajas de hasta 18 kilos, además de descompensaciones que ya han dejado a dos comuneros en centros asistenciales.
Y si bien el uso de testigos protegidos y la alimentación forzada serán discutidos este lunes en la Corte de Apelaciones de Concepción, los familiares de los presos advierten que el movimiento no se detendrá.
Así lo confirmó la vocera de la zona Natividad Llanquileo, quien advirtió que no cederán hasta que existan muestras concretas de querer revertir la situación.
“Mientras no veamos una señal es difícil. Hace tiempo también se discutió la Ley Antiterrorista y no pasó nada. Mientras no se dé algo concreto es difícil solucionar esto. Por eso hacemos un llamado a la gente a que nos apoye y que estén atentos porque a esta altura la situación se está poniendo bastante complicada y es una olla a presión que en cualquier momento puede explotar. No podemos esperar a que uno de nuestros hermanos muera”, indicó Llanquileo.
Con este telón de fondo, el Estado de Chile debe entregar este miércoles su memoria ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), detallando los alcances que ha tenido la implementación del convenio 169, que establece el derecho a consulta de los pueblos originarios.
Un informe que delatará el evidente atraso en el cumplimiento de este acuerdo internacional y que será entregado el mismo día para el que se convoca a la tercera jornada de movilización en apoyo a las demandas que mantienen en lucha a 32 comuneros en cinco cárceles del sur del país.
Este lunes se cumplen 50 días de la huelga de hambre que iniciaron los presos políticos mapuche en las cárceles de Concepción y Temuco para exigir un trato igualitario ante la justicia que, según demandan, se expresa en la no aplicación de la Ley Antiterrorista y el fin de la justicia militar en Chile.
Amnistía Internacional hizo llegar al Presidente Sebastián Piñera, una carta manifestando su preocupación por la situación judicial que viven los mapuche.
El presidente de la organización en Chile, Hernán Vergara, explicó que el problema “pasa por un sesgo discriminatorio porque es más fácil enfrentar el tema mapuche aplicando toda la fuerza que la ley contempla”.
En este sentido, Vergara agregó que con esto “se traspasan todos los límites de lo permitido dentro de un sociedad donde hay tranquilidad y no está presente el peligro de otros países donde el terrorismo es parte de la cotidianidad. Hay una clara desigualdad y la Fiscalía tiene todas las atribuciones para hacer y deshacer como estime pertinente”.
La misiva critica además los alcances de la ley, que permite la presencia de “testigos sin rostros”, argumentando que el anonimato de testigos viola directamente la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.
Otra situación que inquieta a Amnistía es la forma en la que se harán válidos los recursos se protección interpuestos por Gendarmería que permitirían alimentar a los reos por vía intravenosa, lo que podría llegar a constituir una violación a los Derechos Humanos.
“La voluntad de la persona tiene que ser respetada y no se le puede obligar a que se hagan aquellos procedimientos que puedan traspasar una barrera en cuanto a lo que se está haciendo es constitutivo de tortura, tratos crueles o inhumanos. Es un límite muy difícil, pero mientras los presos no pierdan la conciencia y puedan decidir qué hacer respecto de sus vidas, no pueden ser presionados de manera que se inhiba su derecho a manifestarse dentro de una protesta social”, sostuvo Vergara.
En la carta también se solicita al Gobierno la entrega de información clara sobre las acciones que se están tomando para garantizar el acceso a la atención médica de los presos. Esto cuando se han registrado bajas de hasta 18 kilos, además de descompensaciones que ya han dejado a dos comuneros en centros asistenciales.
Y si bien el uso de testigos protegidos y la alimentación forzada serán discutidos este lunes en la Corte de Apelaciones de Concepción, los familiares de los presos advierten que el movimiento no se detendrá.
Así lo confirmó la vocera de la zona Natividad Llanquileo, quien advirtió que no cederán hasta que existan muestras concretas de querer revertir la situación.
“Mientras no veamos una señal es difícil. Hace tiempo también se discutió la Ley Antiterrorista y no pasó nada. Mientras no se dé algo concreto es difícil solucionar esto. Por eso hacemos un llamado a la gente a que nos apoye y que estén atentos porque a esta altura la situación se está poniendo bastante complicada y es una olla a presión que en cualquier momento puede explotar. No podemos esperar a que uno de nuestros hermanos muera”, indicó Llanquileo.
Con este telón de fondo, el Estado de Chile debe entregar este miércoles su memoria ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), detallando los alcances que ha tenido la implementación del convenio 169, que establece el derecho a consulta de los pueblos originarios.
Un informe que delatará el evidente atraso en el cumplimiento de este acuerdo internacional y que será entregado el mismo día para el que se convoca a la tercera jornada de movilización en apoyo a las demandas que mantienen en lucha a 32 comuneros en cinco cárceles del sur del país.
