Desde hace años varios empleados públicos que prestan servicios bajo el régimen de contrata y honorarios cumplen jornadas y realizan horas extraordinarias como cualquier otro empleado de planta.
Hoy esta dotación de personal asciende a noventa mil y supera el 50 por ciento. Sin embargo, la norma madre del sector público, el Estatuto Administrativo, indica que sólo un 20 por ciento de los empleados públicos deben estar a contrata y honorarios.
La génesis de esta anormalidad está en la imposibilidad de aumentar la dotación de trabajadores formales, congelada por ley en torno a cien mil funcionarios, lo que llevó a los gobiernos de la Concertación a crear una planta paralela, conformada por unos 90 mil empleados bajo un esquema semi-informal.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) señaló que estos funcionarios no son trabajadores privados, por lo que no están protegidos por el Código del Trabajo, pero tampoco son funcionarios públicos propiamente tales, así que no tienen ninguna de las prerrogativas que ofrece el Estatuto Administrativo. Por lo tanto, estarían en una especie de “limbo jurídico”.
El presidente del gremio sectorial, Raúl de la Puente, aseguró que las dos mil 500 desvinculaciones, que se han registrado durante los primeros seis meses del Gobierno de Sebastián Piñera han afectado principalmente a los funcionarios a contrata y honorarios.
“En el Estado es algo absolutamente inapropiado que existan personas a honorarios que no tienen previsión ni salud y exista un número tan importante que tienen contrato a plazo fijo y que hoy nadie sabe si continuarán en funciones para el próximo año”, criticó De la Puente.
Por lo pronto, el dirigente agrega que esta situación se agravaría este 31 de agosto, cuando 350 empleados del programa de instalación de la Reforma Previsional del Instituto de Previsión Social finalicen sus prestaciones de servicios regulares.
Los trabajadores públicos añaden que ni siquiera la Contraloría puede pronunciarse sobre estos despidos más allá de lo estrictamente formal.
En tanto, para la abogada y directora del Programa de Economía del Trabajo, Carmen Espinosa, el problema de fondo radica en el marco jurídico vigente, caracterizado por una Constitución Política que no otorga protección a los derechos de los trabajadores.
“La única esperanza que tengo es que los trabajadores se están despertando, se están organizando, están reaccionado, pero no es mucho lo que se puede hacer en contexto jurídico normativo en que un Estado solo asegure el funcionamiento libre del mercado”, sostuvo Espinosa.
Los ministerios de Salud (399) y Educación (262) son las reparticiones con más casos notificados de despido a la fecha. No obstante, la ANEF advierte que este escenario podría agravarse hacia fin de año, cuando 110 mil funcionarios terminen sus vínculos contractuales con el Estado empleador.
Desde hace años varios empleados públicos que prestan servicios bajo el régimen de contrata y honorarios cumplen jornadas y realizan horas extraordinarias como cualquier otro empleado de planta.
Hoy esta dotación de personal asciende a noventa mil y supera el 50 por ciento. Sin embargo, la norma madre del sector público, el Estatuto Administrativo, indica que sólo un 20 por ciento de los empleados públicos deben estar a contrata y honorarios.
La génesis de esta anormalidad está en la imposibilidad de aumentar la dotación de trabajadores formales, congelada por ley en torno a cien mil funcionarios, lo que llevó a los gobiernos de la Concertación a crear una planta paralela, conformada por unos 90 mil empleados bajo un esquema semi-informal.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) señaló que estos funcionarios no son trabajadores privados, por lo que no están protegidos por el Código del Trabajo, pero tampoco son funcionarios públicos propiamente tales, así que no tienen ninguna de las prerrogativas que ofrece el Estatuto Administrativo. Por lo tanto, estarían en una especie de “limbo jurídico”.
El presidente del gremio sectorial, Raúl de la Puente, aseguró que las dos mil 500 desvinculaciones, que se han registrado durante los primeros seis meses del Gobierno de Sebastián Piñera han afectado principalmente a los funcionarios a contrata y honorarios.
“En el Estado es algo absolutamente inapropiado que existan personas a honorarios que no tienen previsión ni salud y exista un número tan importante que tienen contrato a plazo fijo y que hoy nadie sabe si continuarán en funciones para el próximo año”, criticó De la Puente.
Por lo pronto, el dirigente agrega que esta situación se agravaría este 31 de agosto, cuando 350 empleados del programa de instalación de la Reforma Previsional del Instituto de Previsión Social finalicen sus prestaciones de servicios regulares.
Los trabajadores públicos añaden que ni siquiera la Contraloría puede pronunciarse sobre estos despidos más allá de lo estrictamente formal.
En tanto, para la abogada y directora del Programa de Economía del Trabajo, Carmen Espinosa, el problema de fondo radica en el marco jurídico vigente, caracterizado por una Constitución Política que no otorga protección a los derechos de los trabajadores.
“La única esperanza que tengo es que los trabajadores se están despertando, se están organizando, están reaccionado, pero no es mucho lo que se puede hacer en contexto jurídico normativo en que un Estado solo asegure el funcionamiento libre del mercado”, sostuvo Espinosa.
Los ministerios de Salud (399) y Educación (262) son las reparticiones con más casos notificados de despido a la fecha. No obstante, la ANEF advierte que este escenario podría agravarse hacia fin de año, cuando 110 mil funcionarios terminen sus vínculos contractuales con el Estado empleador.
Desde hace años varios empleados públicos que prestan servicios bajo el régimen de contrata y honorarios cumplen jornadas y realizan horas extraordinarias como cualquier otro empleado de planta.
Hoy esta dotación de personal asciende a noventa mil y supera el 50 por ciento. Sin embargo, la norma madre del sector público, el Estatuto Administrativo, indica que sólo un 20 por ciento de los empleados públicos deben estar a contrata y honorarios.
La génesis de esta anormalidad está en la imposibilidad de aumentar la dotación de trabajadores formales, congelada por ley en torno a cien mil funcionarios, lo que llevó a los gobiernos de la Concertación a crear una planta paralela, conformada por unos 90 mil empleados bajo un esquema semi-informal.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) señaló que estos funcionarios no son trabajadores privados, por lo que no están protegidos por el Código del Trabajo, pero tampoco son funcionarios públicos propiamente tales, así que no tienen ninguna de las prerrogativas que ofrece el Estatuto Administrativo. Por lo tanto, estarían en una especie de “limbo jurídico”.
El presidente del gremio sectorial, Raúl de la Puente, aseguró que las dos mil 500 desvinculaciones, que se han registrado durante los primeros seis meses del Gobierno de Sebastián Piñera han afectado principalmente a los funcionarios a contrata y honorarios.
“En el Estado es algo absolutamente inapropiado que existan personas a honorarios que no tienen previsión ni salud y exista un número tan importante que tienen contrato a plazo fijo y que hoy nadie sabe si continuarán en funciones para el próximo año”, criticó De la Puente.
Por lo pronto, el dirigente agrega que esta situación se agravaría este 31 de agosto, cuando 350 empleados del programa de instalación de la Reforma Previsional del Instituto de Previsión Social finalicen sus prestaciones de servicios regulares.
Los trabajadores públicos añaden que ni siquiera la Contraloría puede pronunciarse sobre estos despidos más allá de lo estrictamente formal.
En tanto, para la abogada y directora del Programa de Economía del Trabajo, Carmen Espinosa, el problema de fondo radica en el marco jurídico vigente, caracterizado por una Constitución Política que no otorga protección a los derechos de los trabajadores.
“La única esperanza que tengo es que los trabajadores se están despertando, se están organizando, están reaccionado, pero no es mucho lo que se puede hacer en contexto jurídico normativo en que un Estado solo asegure el funcionamiento libre del mercado”, sostuvo Espinosa.
Los ministerios de Salud (399) y Educación (262) son las reparticiones con más casos notificados de despido a la fecha. No obstante, la ANEF advierte que este escenario podría agravarse hacia fin de año, cuando 110 mil funcionarios terminen sus vínculos contractuales con el Estado empleador.
