Sorpresa causó el anuncio del Gobierno sobre el envió de dos proyectos de ley que buscarán modificar la jurisprudencia de la justicia militar y la tipificación de los delitos considerados como terroristas.
La decisión del Ejecutivo se produjo justo en medio de la huelga de hambre que mantienen los presos políticos mapuche en las cárceles del sur del país hace más de 50 días y cuyo objetivo, precisamente , era lograr que no se continuara procesando a los comuneros involucrados en reivindicaciones territoriales invocando la Ley Antiterrorista.
Si bien, la noticia fue valorada por los familiares de los huelguistas, el vocero de los prisioneros políticos de la cárcel de Angol, Rodrigo Curipan, aseguró que esto aún no constituye una señal clara para deponer la huelga de hambre.
“Este anuncio es primario. Pero ellos tampoco han abogado por un acercamiento porque todavía están buscando un mediador. Nosotros igual haremos llegar nuestra propuesta y ahí se definirá el asunto. Hasta el momento esto no se puede tomar como el pie inicial para que los prisioneros políticos puedan dejar su huelga de hambre porque hay que tener seguridad sobre los acuerdos que se van a tomar a futuro”, dijo Curipan.
La aplicación de la Ley Antiterrorista en Chile ha sido cuestionada desde diversos sectores que indican que no cumple con su principal objetivo que es castigar crímenes que provoquen un caos generalizado en gran parte de la población y que atenten, de forma directa, contra el Estado.
En esa línea, el abogado especialista en derechos humanos, Nelson Caucoto, sostuvo en conversación con el programa RadioAnálisis de nuestra emisora que en un país como Chile no se justifica mantener una legislación como esta ya que, a su juicio, sólo se utiliza para reprimir las protestas sociales como en el caso bombas y en el procesamiento de los mapuche.
“Esta es una legislación que viene teñida de parte de sus autores en la dictadura y los fines que perseguía. Existe una incoherencia tremenda porque ya estando vigente no se le aplicó a los peores crímenes terroristas como a la CNI cuando secuestró, torturó e hizo desaparecer a gente y se está utilizando para castigar a mapuches que han cometido delitos comunes”, sostuvo Caucoto.
Por su parte, el abogado representante de los huelguistas, Jaime Madariaga se mostró aún más cauto respecto de las modificaciones informadas por el Ejecutivo y aseguró que los cambios no implicarán, necesariamente, un mejoramiento en este tipo de procesos judiciales.
“Los cambios, según tengo entendido, dan más facultades al Ministerio Público para la investigación. Es decir, la figura del testigo sin rostro va a ser más potente todavía. Sinceramente me da la impresión de que esto no va en beneficio del debido proceso de acuerdo a los derechos fundamentales”, dijo el jurista.
Los representantes de los familiares de los presos mapuche en huelga de hambre aseguraron que el anuncio del Gobierno constituye el primer paso para abordar los problemas de los pueblos originarios. Pero indicaron que entregarán una propuesta alternativa al Parlamento que considere en profundidad todos los temas pendientes en esta materia.
Sorpresa causó el anuncio del Gobierno sobre el envió de dos proyectos de ley que buscarán modificar la jurisprudencia de la justicia militar y la tipificación de los delitos considerados como terroristas.
La decisión del Ejecutivo se produjo justo en medio de la huelga de hambre que mantienen los presos políticos mapuche en las cárceles del sur del país hace más de 50 días y cuyo objetivo, precisamente , era lograr que no se continuara procesando a los comuneros involucrados en reivindicaciones territoriales invocando la Ley Antiterrorista.
Si bien, la noticia fue valorada por los familiares de los huelguistas, el vocero de los prisioneros políticos de la cárcel de Angol, Rodrigo Curipan, aseguró que esto aún no constituye una señal clara para deponer la huelga de hambre.
“Este anuncio es primario. Pero ellos tampoco han abogado por un acercamiento porque todavía están buscando un mediador. Nosotros igual haremos llegar nuestra propuesta y ahí se definirá el asunto. Hasta el momento esto no se puede tomar como el pie inicial para que los prisioneros políticos puedan dejar su huelga de hambre porque hay que tener seguridad sobre los acuerdos que se van a tomar a futuro”, dijo Curipan.
La aplicación de la Ley Antiterrorista en Chile ha sido cuestionada desde diversos sectores que indican que no cumple con su principal objetivo que es castigar crímenes que provoquen un caos generalizado en gran parte de la población y que atenten, de forma directa, contra el Estado.
En esa línea, el abogado especialista en derechos humanos, Nelson Caucoto, sostuvo en conversación con el programa RadioAnálisis de nuestra emisora que en un país como Chile no se justifica mantener una legislación como esta ya que, a su juicio, sólo se utiliza para reprimir las protestas sociales como en el caso bombas y en el procesamiento de los mapuche.
“Esta es una legislación que viene teñida de parte de sus autores en la dictadura y los fines que perseguía. Existe una incoherencia tremenda porque ya estando vigente no se le aplicó a los peores crímenes terroristas como a la CNI cuando secuestró, torturó e hizo desaparecer a gente y se está utilizando para castigar a mapuches que han cometido delitos comunes”, sostuvo Caucoto.
Por su parte, el abogado representante de los huelguistas, Jaime Madariaga se mostró aún más cauto respecto de las modificaciones informadas por el Ejecutivo y aseguró que los cambios no implicarán, necesariamente, un mejoramiento en este tipo de procesos judiciales.
“Los cambios, según tengo entendido, dan más facultades al Ministerio Público para la investigación. Es decir, la figura del testigo sin rostro va a ser más potente todavía. Sinceramente me da la impresión de que esto no va en beneficio del debido proceso de acuerdo a los derechos fundamentales”, dijo el jurista.
Los representantes de los familiares de los presos mapuche en huelga de hambre aseguraron que el anuncio del Gobierno constituye el primer paso para abordar los problemas de los pueblos originarios. Pero indicaron que entregarán una propuesta alternativa al Parlamento que considere en profundidad todos los temas pendientes en esta materia.
Sorpresa causó el anuncio del Gobierno sobre el envió de dos proyectos de ley que buscarán modificar la jurisprudencia de la justicia militar y la tipificación de los delitos considerados como terroristas.
La decisión del Ejecutivo se produjo justo en medio de la huelga de hambre que mantienen los presos políticos mapuche en las cárceles del sur del país hace más de 50 días y cuyo objetivo, precisamente , era lograr que no se continuara procesando a los comuneros involucrados en reivindicaciones territoriales invocando la Ley Antiterrorista.
Si bien, la noticia fue valorada por los familiares de los huelguistas, el vocero de los prisioneros políticos de la cárcel de Angol, Rodrigo Curipan, aseguró que esto aún no constituye una señal clara para deponer la huelga de hambre.
“Este anuncio es primario. Pero ellos tampoco han abogado por un acercamiento porque todavía están buscando un mediador. Nosotros igual haremos llegar nuestra propuesta y ahí se definirá el asunto. Hasta el momento esto no se puede tomar como el pie inicial para que los prisioneros políticos puedan dejar su huelga de hambre porque hay que tener seguridad sobre los acuerdos que se van a tomar a futuro”, dijo Curipan.
La aplicación de la Ley Antiterrorista en Chile ha sido cuestionada desde diversos sectores que indican que no cumple con su principal objetivo que es castigar crímenes que provoquen un caos generalizado en gran parte de la población y que atenten, de forma directa, contra el Estado.
En esa línea, el abogado especialista en derechos humanos, Nelson Caucoto, sostuvo en conversación con el programa RadioAnálisis de nuestra emisora que en un país como Chile no se justifica mantener una legislación como esta ya que, a su juicio, sólo se utiliza para reprimir las protestas sociales como en el caso bombas y en el procesamiento de los mapuche.
“Esta es una legislación que viene teñida de parte de sus autores en la dictadura y los fines que perseguía. Existe una incoherencia tremenda porque ya estando vigente no se le aplicó a los peores crímenes terroristas como a la CNI cuando secuestró, torturó e hizo desaparecer a gente y se está utilizando para castigar a mapuches que han cometido delitos comunes”, sostuvo Caucoto.
Por su parte, el abogado representante de los huelguistas, Jaime Madariaga se mostró aún más cauto respecto de las modificaciones informadas por el Ejecutivo y aseguró que los cambios no implicarán, necesariamente, un mejoramiento en este tipo de procesos judiciales.
“Los cambios, según tengo entendido, dan más facultades al Ministerio Público para la investigación. Es decir, la figura del testigo sin rostro va a ser más potente todavía. Sinceramente me da la impresión de que esto no va en beneficio del debido proceso de acuerdo a los derechos fundamentales”, dijo el jurista.
Los representantes de los familiares de los presos mapuche en huelga de hambre aseguraron que el anuncio del Gobierno constituye el primer paso para abordar los problemas de los pueblos originarios. Pero indicaron que entregarán una propuesta alternativa al Parlamento que considere en profundidad todos los temas pendientes en esta materia.
