El sheriff del condado de Maricopa en Arizona, de 78 años de edad, es conocido desde hace años por sus masivas redadas en plena calle contra indocumentados, criticadas por organizaciones de derechos civiles.
El Departamento de Justicia abrió la investigación en marzo del año pasado, y desde entonces reclamó a la oficina del sheriff, muy popular en su condado, acceso a sus oficinas, centros penitenciarios y personal.
“El Departamento presentó la demanda después de agotar todas las vías… posibles para acceder a los documentos y las instalaciones” a cargo del sheriff, explicó el comunicado oficial.
El gobierno apela a la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por cualquier organismo público en el país que recibe fondos federales.
“Las acciones de la Oficina del Sheriff de Maricopa no tienen precedentes y es lamentable que el Departamento haya sido forzado a recurrir a un caso legal para acceder a documentos e instalaciones públicas”, dijo Thomas E. Perez, Asistente Fiscal General de Justicia de la División de Derechos Civiles, citado en el texto.
La presunta falta de cooperación de Arpaio, reelegido en su cargo desde 1992, es un caso “extremadamente atípico”, sin precedentes en los últimos 30 años, según el Departamento de Justicia.
La demanda se produce en un contexto de tensión con Arizona, que aprobó recientemente una dura ley antiinmigrantes que también fue recusada ante la justicia por el gobierno federal.
La ley SB 1070 criminalizaba por primera vez en la historia del país la inmigración ilegal en un estado, pero un juez paralizó en julio las partes más polémicas del texto.
La ley, sin embargo, es apoyada por una mayoría de estadounidenses, según los sondeos.
Los estadounidenses se declaran dispuestos a abrir un debate sobre la necesidad de una reforma migratoria, pero antes quieren ver reforzada la seguridad en las fronteras.
Ese tipo de argumentos cobra especial fuerza en Arizona, un estado golpeado por el desempleo y que se convirtió, debido al desierto de Sonora que comparte con México, con la zona de paso preferido de los indocumentados.
En Arizona, con unos 6,5 millones de habitantes, viven unos 460.000 indocumentados, según cálculos oficiales.
Arpaio se ufana de haber entregado el año pasado más de 36.000 ilegales a las autoridades federales. Pero sus redadas policiales a la salida de fábricas, de supermercados, contradicen la política del gobierno de Barack Obama de centrarse en perseguir a los ilegales que suponen un peligro para la sociedad.
El sheriff, que fue jefe delegado de la Administración Antinarcóticos (DEA) en México, considera que la presencia de los indocumentados atrae la inseguridad a su condado, que cubre la capital del estado, Phoenix.
Según datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), el índice de crímenes violentos en Arizona ha permanecido estable, incluidos los condados fronterizos.
El sheriff del condado de Maricopa en Arizona, de 78 años de edad, es conocido desde hace años por sus masivas redadas en plena calle contra indocumentados, criticadas por organizaciones de derechos civiles.
El Departamento de Justicia abrió la investigación en marzo del año pasado, y desde entonces reclamó a la oficina del sheriff, muy popular en su condado, acceso a sus oficinas, centros penitenciarios y personal.
“El Departamento presentó la demanda después de agotar todas las vías… posibles para acceder a los documentos y las instalaciones” a cargo del sheriff, explicó el comunicado oficial.
El gobierno apela a la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por cualquier organismo público en el país que recibe fondos federales.
“Las acciones de la Oficina del Sheriff de Maricopa no tienen precedentes y es lamentable que el Departamento haya sido forzado a recurrir a un caso legal para acceder a documentos e instalaciones públicas”, dijo Thomas E. Perez, Asistente Fiscal General de Justicia de la División de Derechos Civiles, citado en el texto.
La presunta falta de cooperación de Arpaio, reelegido en su cargo desde 1992, es un caso “extremadamente atípico”, sin precedentes en los últimos 30 años, según el Departamento de Justicia.
La demanda se produce en un contexto de tensión con Arizona, que aprobó recientemente una dura ley antiinmigrantes que también fue recusada ante la justicia por el gobierno federal.
La ley SB 1070 criminalizaba por primera vez en la historia del país la inmigración ilegal en un estado, pero un juez paralizó en julio las partes más polémicas del texto.
La ley, sin embargo, es apoyada por una mayoría de estadounidenses, según los sondeos.
Los estadounidenses se declaran dispuestos a abrir un debate sobre la necesidad de una reforma migratoria, pero antes quieren ver reforzada la seguridad en las fronteras.
Ese tipo de argumentos cobra especial fuerza en Arizona, un estado golpeado por el desempleo y que se convirtió, debido al desierto de Sonora que comparte con México, con la zona de paso preferido de los indocumentados.
En Arizona, con unos 6,5 millones de habitantes, viven unos 460.000 indocumentados, según cálculos oficiales.
Arpaio se ufana de haber entregado el año pasado más de 36.000 ilegales a las autoridades federales. Pero sus redadas policiales a la salida de fábricas, de supermercados, contradicen la política del gobierno de Barack Obama de centrarse en perseguir a los ilegales que suponen un peligro para la sociedad.
El sheriff, que fue jefe delegado de la Administración Antinarcóticos (DEA) en México, considera que la presencia de los indocumentados atrae la inseguridad a su condado, que cubre la capital del estado, Phoenix.
Según datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), el índice de crímenes violentos en Arizona ha permanecido estable, incluidos los condados fronterizos.
El sheriff del condado de Maricopa en Arizona, de 78 años de edad, es conocido desde hace años por sus masivas redadas en plena calle contra indocumentados, criticadas por organizaciones de derechos civiles.
El Departamento de Justicia abrió la investigación en marzo del año pasado, y desde entonces reclamó a la oficina del sheriff, muy popular en su condado, acceso a sus oficinas, centros penitenciarios y personal.
“El Departamento presentó la demanda después de agotar todas las vías… posibles para acceder a los documentos y las instalaciones” a cargo del sheriff, explicó el comunicado oficial.
El gobierno apela a la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por cualquier organismo público en el país que recibe fondos federales.
“Las acciones de la Oficina del Sheriff de Maricopa no tienen precedentes y es lamentable que el Departamento haya sido forzado a recurrir a un caso legal para acceder a documentos e instalaciones públicas”, dijo Thomas E. Perez, Asistente Fiscal General de Justicia de la División de Derechos Civiles, citado en el texto.
La presunta falta de cooperación de Arpaio, reelegido en su cargo desde 1992, es un caso “extremadamente atípico”, sin precedentes en los últimos 30 años, según el Departamento de Justicia.
La demanda se produce en un contexto de tensión con Arizona, que aprobó recientemente una dura ley antiinmigrantes que también fue recusada ante la justicia por el gobierno federal.
La ley SB 1070 criminalizaba por primera vez en la historia del país la inmigración ilegal en un estado, pero un juez paralizó en julio las partes más polémicas del texto.
La ley, sin embargo, es apoyada por una mayoría de estadounidenses, según los sondeos.
Los estadounidenses se declaran dispuestos a abrir un debate sobre la necesidad de una reforma migratoria, pero antes quieren ver reforzada la seguridad en las fronteras.
Ese tipo de argumentos cobra especial fuerza en Arizona, un estado golpeado por el desempleo y que se convirtió, debido al desierto de Sonora que comparte con México, con la zona de paso preferido de los indocumentados.
En Arizona, con unos 6,5 millones de habitantes, viven unos 460.000 indocumentados, según cálculos oficiales.
Arpaio se ufana de haber entregado el año pasado más de 36.000 ilegales a las autoridades federales. Pero sus redadas policiales a la salida de fábricas, de supermercados, contradicen la política del gobierno de Barack Obama de centrarse en perseguir a los ilegales que suponen un peligro para la sociedad.
El sheriff, que fue jefe delegado de la Administración Antinarcóticos (DEA) en México, considera que la presencia de los indocumentados atrae la inseguridad a su condado, que cubre la capital del estado, Phoenix.
Según datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), el índice de crímenes violentos en Arizona ha permanecido estable, incluidos los condados fronterizos.
