Después de seis meses de debate y de escuchar a distintas autoridades civiles y militares, la labor de la comisión investigadora del terremoto y maremoto del 27 de febrero terminó casi igual a como fue constituida: discutiendo acerca de las responsabilidades de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

Sobre todo después de que los diputados de la Coalición por el Cambio decidieran adelantarse y emitir un informe final por su cuenta, no como comisión en conjunto. Esto obligó a los parlamentarios de oposición a elaborar un informe paralelo que también fue discutido en la sesión.

La diferencias muy pocas, pero una particularmente dolorosa: los oficialistas apuntan a la tardanza con que la ex Mandataria decretó el Estado de Excepción, decisión que sólo recae en la figura del Presidente de la República.

Según el diputado RN Cristián Monckeberg, “esa demora que se inicia con la presencia de la propia Presidenta en Constitución, donde ella puede observar personalmente saqueos y robos cuando sobrevuela y aterriza en esa ciudad, hasta el domingo a medio día, hay una demora que no tiene explicación y que hace responsable a la Presidenta en esa situación”.

Según el parlamentario, el caos social, los saqueos y delitos que se cometieron en algunos lugares afectados después de la catástrofe podrían haberse evitado si los militares hubiesen salido antes a las calles.

Los parlamentarios de la Concertación, por su parte, se defendieron argumentando que por mucho que se hubiera decretado antes el Estado de Excepción, tampoco había suficiente dotación militar para salir a las calles, según informaron los mismos uniformados que declararon anteriormente en la comisión.

El diputado DC Ricardo Rincón, además, insistió en que la comisión investigadora no fue facultada para buscar responsabilidades políticas en los sucesos ocurridos después del sismo.

Esto, porque “el mandato de la sala dice textualmente ‘el estado actual de nuestra institucionalidad en relación a su capacidad de respuesta a partir del megaterremoto y tsunami’ y la institucionalidad no son las personas, son las instituciones”, según dijo el parlamentario.

Además, indicó que el mandato de la sala pudo incluir la misión de buscar responsabilidades políticas personales, pero no lo hizo.

El informe de la Coalición por el Cambio además apunta a la ausencia del entonces ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, quien debió oficiar como coordinador interministerial y no estuvo presente en los momentos más difíciles, una crítica que también fue recogida por el informe de la Concertación.

Desde ambos lados, en todo caso, hubo consenso en que la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) tuvo un reprochable desempeño durante el acontecimiento y su entonces jefa, Carmen Fernández, evidenció un “desconocimiento de los procedimientos”.

La crítica se repite en el caso del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) que en una primera instancia envió una alerta de tsunami y posteriormente la retiró, pese a que una gran marea ya había azotado las costas de Talcahuano.

El diputado PPD, Pepe Auth indicó que cuando se “cancela una alerta uno está entregando la certeza más absoluta de que ese hecho no va a tener ocurrencia. Por lo tanto no sólo es una omisión, sino que es un gravísimo error el cometido por el Capitán de Navío, Mariano Rojas de cancelar la alerta y predisponer al conjunto de la institucionalidad pública a abordar una situación diferente a la que vivíamos en la realidad”.

El diputado comunista, Guillermo Teillier, por su parte, enfatizó la necesidad de redefinir el rol de las Fuerzas Armadas durante las catástrofes así como establecer un solo organismo dedicado a encausar este tipo de alertas, evitando que la alerta del SHOA vaya a la ONEMI y desde allí se comunique al país.

Teillier además apuntó a la necesidad de que exista un único sistema de comunicaciones institucionales para este tipo de catástrofes, pues a su juicio “es una falla de la institucionalidad del Estado garrafal, casi imperdonable, porque de allí es de donde se desprenden todos los errores, todas las fallas”.

Según el parlamentario, “aunque hubiera actuado bien la ONEMI y el SHOA, en realidad no había cómo comunicar las determinaciones que allí se tomaron”.
El presidente de la comisión, el UDI Jorge Ulloa, indicó que pese a la existencia de dos informes dentro de la misma comisión, el documento del oficialismo contendrá adjunto el informe de la Concertación para que sea votado esta semana por el pleno de la Cámara Baja.

Lo que sí indicó que es lo que quedó claro es que “no había una preparación adecuada por parte de la institucionalidad, pero aquí no es un problema del gobierno anterior o de este, sino que del Estado”.

Ulloa además indicó que el conjunto de medidas que propone la comisión incluye el mejoramiento de “la red sismológica, el programa de riesgos sísmicos, las comunicaciones de emergencia que en Chile no existen y que es necesario establecerlas”.

Además, el parlamentario descartó que las conclusiones de la Comisión deriven en una acusación constitucional u otra medida similar contra los ex integrantes del gobierno, puesto que los plazos ya vencieron.