Los distintos métodos aplicados para rescatar a los 33 mineros que permanecen atrapados en la mina San José significarán un alto costo económico, según reconoció el ministro de Minería, Laurence Golborne.
La operación involucra a médicos especialistas que mantienen en buenas condiciones sanitarias a los trabajadores y más de cien ingenieros.
Además, actualmente dos máquinas trabajan haciendo orificios en el yacimiento y se espera que una tercera se una esta semana a las labores para llegar al lugar en que se encuentran los mineros.
Se estima que la cifra total del rescate llegaría a diez millones de dólares, de los cuales ya se habrían gastado tres a fines de agosto.
En tanto, este lunes fue designada una interventora para la empresa San Esteban, propietaria del yacimiento, donde los obreros ya cumplieron un mes a 700 metros de profundidad.
María Loreto Ried fue escogida por la titular del Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, Rocío Pérez, y cuenta con diez días de plazo para decidir si se utiliza la figura del experto facilitador, quien definirá si la empresa está en condiciones de iniciar el proceso de quiebra.
Uno de los dueños de San Esteban, Alejandro Bohn, ya pidió convocar a una junta de acreedores, mientras que el abogado de la empresa, Jorge Aguilar, afirmó que el objetivo es “poner a disposición de sus trabajadores y acreedores los bienes de la empresa. Es un procedimiento abierto y transparente”.
Los distintos métodos aplicados para rescatar a los 33 mineros que permanecen atrapados en la mina San José significarán un alto costo económico, según reconoció el ministro de Minería, Laurence Golborne.
La operación involucra a médicos especialistas que mantienen en buenas condiciones sanitarias a los trabajadores y más de cien ingenieros.
Además, actualmente dos máquinas trabajan haciendo orificios en el yacimiento y se espera que una tercera se una esta semana a las labores para llegar al lugar en que se encuentran los mineros.
Se estima que la cifra total del rescate llegaría a diez millones de dólares, de los cuales ya se habrían gastado tres a fines de agosto.
En tanto, este lunes fue designada una interventora para la empresa San Esteban, propietaria del yacimiento, donde los obreros ya cumplieron un mes a 700 metros de profundidad.
María Loreto Ried fue escogida por la titular del Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, Rocío Pérez, y cuenta con diez días de plazo para decidir si se utiliza la figura del experto facilitador, quien definirá si la empresa está en condiciones de iniciar el proceso de quiebra.
Uno de los dueños de San Esteban, Alejandro Bohn, ya pidió convocar a una junta de acreedores, mientras que el abogado de la empresa, Jorge Aguilar, afirmó que el objetivo es “poner a disposición de sus trabajadores y acreedores los bienes de la empresa. Es un procedimiento abierto y transparente”.
Los distintos métodos aplicados para rescatar a los 33 mineros que permanecen atrapados en la mina San José significarán un alto costo económico, según reconoció el ministro de Minería, Laurence Golborne.
La operación involucra a médicos especialistas que mantienen en buenas condiciones sanitarias a los trabajadores y más de cien ingenieros.
Además, actualmente dos máquinas trabajan haciendo orificios en el yacimiento y se espera que una tercera se una esta semana a las labores para llegar al lugar en que se encuentran los mineros.
Se estima que la cifra total del rescate llegaría a diez millones de dólares, de los cuales ya se habrían gastado tres a fines de agosto.
En tanto, este lunes fue designada una interventora para la empresa San Esteban, propietaria del yacimiento, donde los obreros ya cumplieron un mes a 700 metros de profundidad.
María Loreto Ried fue escogida por la titular del Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, Rocío Pérez, y cuenta con diez días de plazo para decidir si se utiliza la figura del experto facilitador, quien definirá si la empresa está en condiciones de iniciar el proceso de quiebra.
Uno de los dueños de San Esteban, Alejandro Bohn, ya pidió convocar a una junta de acreedores, mientras que el abogado de la empresa, Jorge Aguilar, afirmó que el objetivo es “poner a disposición de sus trabajadores y acreedores los bienes de la empresa. Es un procedimiento abierto y transparente”.
