La Tercera declaración pública de un grupo de historiadores en apoyo al pueblo mapuche encendió una nueva alarma y aires de manifestación.
Ayer al mediodía un numeroso grupo de académicos, estudiantes y ciudadanos se reunieron en el frontis del Archivo Nacional para marchar por el centro de Santiago.
Con tranquilidad pero escoltados por la fuerza policial, los manifestantes levantaron lienzos a favor de la comunidad mapuche y criticaron los anuncios realizados por el Gobierno ante la posibilidad de modificar la Ley Antiterrorista.
Los alrededor de 180 historiadores chilenos e internacionales acusan que los mapuches “son objeto cuidadosamente orquestada ofensiva judicial” y mediática. Así lo expresó Igor Goicovic, director de magíster de Historia en la Universidad de Santiago de Chile.
“El Estado de Chile a contrapelo de todos los tratados que ha suscrito niega la existencia de un conflicto político en La Araucanía recurriendo a la legislación que dictara de manera espuria la dictadura militar para judicializar tanto las reivindicaciones como las movilizaciones del pueblo Mapuche. Cabe señalar que 32 presos políticos mapuches se encuentran en huelga de hambre en diferentes penales del sur del país desde el 12 de julio 2010. El movimiento denuncia una serie de abusos e irregularidades de los que son objeto destacando torturas y vejámenes a los detenidos, montaje mañoso e ilegítimo de pruebas incriminatorias”, señaló el académico.
Sergio Grez Toso, profesor del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, dijo que la reacción del Ejecutivo es insuficiente señalando que “el Gobierno estaría enviando proyectos de ley destinados a reformar la Ley Antiterrorista, el radio de acción de la Justicia Militar, pero son reformas mínimas, más bien cosméticas, incluso respecto de la Justicia Militar se agravan las penas para todos aquellos que supuestamente lesionen de palabra o de acto a Carabineros, por ejemplo, y en el caso de la Ley Antiterrorista es rayar en lo ridículo”, enfatizó
Los manifestantes estaban convencidos de la necesidad de detener el accionar represivo del Estado en el sur de Chile y a su autonomía social y política.
Un mensaje que han reiterado en los últimos años, a través, de diversos documentos de apoyo.
En esta línea, Amnistía Internacional hace un llamado a la ciudadanía y convocó a una acción que se desarrolló en Paseo Ahumada con Huérfanos para recolectar firmas que den respaldo a la solicitud que se está dando desde el sur del país.
Hernán Vegara, presidente de la junta directiva de Amnistia Internacional Chile, dijo que reclamarán mayor celeridad en la resolución de los casos judiciales pero sobre todo que el ministerio público sea más riguroso.
“Nadie ha dicho nada, no sé si la falta de rigurosidad con que el Ministerio Público tipifica conductas de carácter terrorista y por ende formaliza cualquier tipo de investigación desde ese punto de vista. Quien tiene las atribuciones y mayor cantidad de formalizados en el ámbito del pueblo Mapuche es a través de investigaciones que el mismo Ministerio Público ha ejercido y por ende son ellos los que han sido llamados a tipificar conductas de delitos comunes a delitos terroristas”, indicó Vergara.
La organización solicitó que se despenalice la protesta social, se respete al principio de igualdad y a la garantía de condiciones y medios procesales, no utilizar a “testigos anónimos” y terminar el juzgamiento de civiles en fueros militares.
La Tercera declaración pública de un grupo de historiadores en apoyo al pueblo mapuche encendió una nueva alarma y aires de manifestación.
Ayer al mediodía un numeroso grupo de académicos, estudiantes y ciudadanos se reunieron en el frontis del Archivo Nacional para marchar por el centro de Santiago.
Con tranquilidad pero escoltados por la fuerza policial, los manifestantes levantaron lienzos a favor de la comunidad mapuche y criticaron los anuncios realizados por el Gobierno ante la posibilidad de modificar la Ley Antiterrorista.
Los alrededor de 180 historiadores chilenos e internacionales acusan que los mapuches “son objeto cuidadosamente orquestada ofensiva judicial” y mediática. Así lo expresó Igor Goicovic, director de magíster de Historia en la Universidad de Santiago de Chile.
“El Estado de Chile a contrapelo de todos los tratados que ha suscrito niega la existencia de un conflicto político en La Araucanía recurriendo a la legislación que dictara de manera espuria la dictadura militar para judicializar tanto las reivindicaciones como las movilizaciones del pueblo Mapuche. Cabe señalar que 32 presos políticos mapuches se encuentran en huelga de hambre en diferentes penales del sur del país desde el 12 de julio 2010. El movimiento denuncia una serie de abusos e irregularidades de los que son objeto destacando torturas y vejámenes a los detenidos, montaje mañoso e ilegítimo de pruebas incriminatorias”, señaló el académico.
Sergio Grez Toso, profesor del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, dijo que la reacción del Ejecutivo es insuficiente señalando que “el Gobierno estaría enviando proyectos de ley destinados a reformar la Ley Antiterrorista, el radio de acción de la Justicia Militar, pero son reformas mínimas, más bien cosméticas, incluso respecto de la Justicia Militar se agravan las penas para todos aquellos que supuestamente lesionen de palabra o de acto a Carabineros, por ejemplo, y en el caso de la Ley Antiterrorista es rayar en lo ridículo”, enfatizó
Los manifestantes estaban convencidos de la necesidad de detener el accionar represivo del Estado en el sur de Chile y a su autonomía social y política.
Un mensaje que han reiterado en los últimos años, a través, de diversos documentos de apoyo.
En esta línea, Amnistía Internacional hace un llamado a la ciudadanía y convocó a una acción que se desarrolló en Paseo Ahumada con Huérfanos para recolectar firmas que den respaldo a la solicitud que se está dando desde el sur del país.
Hernán Vegara, presidente de la junta directiva de Amnistia Internacional Chile, dijo que reclamarán mayor celeridad en la resolución de los casos judiciales pero sobre todo que el ministerio público sea más riguroso.
“Nadie ha dicho nada, no sé si la falta de rigurosidad con que el Ministerio Público tipifica conductas de carácter terrorista y por ende formaliza cualquier tipo de investigación desde ese punto de vista. Quien tiene las atribuciones y mayor cantidad de formalizados en el ámbito del pueblo Mapuche es a través de investigaciones que el mismo Ministerio Público ha ejercido y por ende son ellos los que han sido llamados a tipificar conductas de delitos comunes a delitos terroristas”, indicó Vergara.
La organización solicitó que se despenalice la protesta social, se respete al principio de igualdad y a la garantía de condiciones y medios procesales, no utilizar a “testigos anónimos” y terminar el juzgamiento de civiles en fueros militares.
La Tercera declaración pública de un grupo de historiadores en apoyo al pueblo mapuche encendió una nueva alarma y aires de manifestación.
Ayer al mediodía un numeroso grupo de académicos, estudiantes y ciudadanos se reunieron en el frontis del Archivo Nacional para marchar por el centro de Santiago.
Con tranquilidad pero escoltados por la fuerza policial, los manifestantes levantaron lienzos a favor de la comunidad mapuche y criticaron los anuncios realizados por el Gobierno ante la posibilidad de modificar la Ley Antiterrorista.
Los alrededor de 180 historiadores chilenos e internacionales acusan que los mapuches “son objeto cuidadosamente orquestada ofensiva judicial” y mediática. Así lo expresó Igor Goicovic, director de magíster de Historia en la Universidad de Santiago de Chile.
“El Estado de Chile a contrapelo de todos los tratados que ha suscrito niega la existencia de un conflicto político en La Araucanía recurriendo a la legislación que dictara de manera espuria la dictadura militar para judicializar tanto las reivindicaciones como las movilizaciones del pueblo Mapuche. Cabe señalar que 32 presos políticos mapuches se encuentran en huelga de hambre en diferentes penales del sur del país desde el 12 de julio 2010. El movimiento denuncia una serie de abusos e irregularidades de los que son objeto destacando torturas y vejámenes a los detenidos, montaje mañoso e ilegítimo de pruebas incriminatorias”, señaló el académico.
Sergio Grez Toso, profesor del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, dijo que la reacción del Ejecutivo es insuficiente señalando que “el Gobierno estaría enviando proyectos de ley destinados a reformar la Ley Antiterrorista, el radio de acción de la Justicia Militar, pero son reformas mínimas, más bien cosméticas, incluso respecto de la Justicia Militar se agravan las penas para todos aquellos que supuestamente lesionen de palabra o de acto a Carabineros, por ejemplo, y en el caso de la Ley Antiterrorista es rayar en lo ridículo”, enfatizó
Los manifestantes estaban convencidos de la necesidad de detener el accionar represivo del Estado en el sur de Chile y a su autonomía social y política.
Un mensaje que han reiterado en los últimos años, a través, de diversos documentos de apoyo.
En esta línea, Amnistía Internacional hace un llamado a la ciudadanía y convocó a una acción que se desarrolló en Paseo Ahumada con Huérfanos para recolectar firmas que den respaldo a la solicitud que se está dando desde el sur del país.
Hernán Vegara, presidente de la junta directiva de Amnistia Internacional Chile, dijo que reclamarán mayor celeridad en la resolución de los casos judiciales pero sobre todo que el ministerio público sea más riguroso.
“Nadie ha dicho nada, no sé si la falta de rigurosidad con que el Ministerio Público tipifica conductas de carácter terrorista y por ende formaliza cualquier tipo de investigación desde ese punto de vista. Quien tiene las atribuciones y mayor cantidad de formalizados en el ámbito del pueblo Mapuche es a través de investigaciones que el mismo Ministerio Público ha ejercido y por ende son ellos los que han sido llamados a tipificar conductas de delitos comunes a delitos terroristas”, indicó Vergara.
La organización solicitó que se despenalice la protesta social, se respete al principio de igualdad y a la garantía de condiciones y medios procesales, no utilizar a “testigos anónimos” y terminar el juzgamiento de civiles en fueros militares.
