Senadores de diversas corrientes políticas, con el apoyo de organizaciones ambientalistas, sociales y ciudadanas, suscribieron un Proyecto de Ley ingresado al Parlamento en el que pretenden reformar la actual Ley 19.300 sobre Bases Generales de Medio Ambiente.

En el documento los parlamentarios Isabel Allende, Hernán Larraín, Fulvio Rossi, Jaime Quintana y José Antonio Gómez, buscan prohibir el desarrollo de actividades o proyectos en Parques, Reservas y Monumentos Nacionales, Humedales Naturales, Santuarios de la Naturaleza, parques o reservas marinas o glaciares ni cerca de ellos.

La iniciativa pretende además que aquellos proyectos que ya se encuentren en este tipo de lugares preservados por el Estado tengan un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de la norma para presentar un plan de relocalización.

“Para lograr sacar el proyecto Barrancones, el Presidente tomó el teléfono y llamó a un amigo. Eso es lo que no queremos. Necesitamos una norma clara y precisa que diga que el país decidió proteger algo y que con eso no se puede instalar ahí ningún tipo de industria que contamine y la decisión es de todos los chilenos. Por eso es vital que las organizaciones puedan presionar para que este proyecto sea aprobado”, afirmó el senador Radical José Antonio Gómez.

Según explicaron desde las organizaciones ambientales, lo que busca esta modificación no es nada nuevo, pues la legislación nacional ya considera este tipo de situaciones y prohíbe la instalación de proyectos energéticos, industriales o de otro tipo que sean contaminantes o con un alto impacto en el medio ambiente en recintos resguardados por el Estado.

Bernardo Zentilli, presidente de CODEFF, indicó que es responsabilidad del Estado y de todos los chilenos proteger las reservas naturales, algo que la actual legislación hace en el papel, pero no en los hechos.

“Los Parques Nacionales de Chile tienen que considerarse como los muebles de nuestra casa y todos tenemos que protegerlos. Este proyecto de ley, que esperamos que pase con facilidad por el Congreso, nos va a dar una herramienta para ir mejorando y asegurando que nuestros Parques Nacionales permanezcan para lo que originalmente fueron establecidos”, dijo Zentilli.

Fernando Dougnac, presidente de la Fiscalía del Medio Ambiente explicó además que la norma chilena incluye las exigencias de los convenios internacionales suscritos voluntariamente por Chile.

“Con eso se va a lograr una compatibilización entre las normas de la Ley 19.300 y la Convención de Washington en lo relativo a los Parques Nacionales. De allí se extrae que nadie puede desarrollar actividades económicas dentro de un Parque Nacional. Sin embargo, en la Ley de Bases del Medio Ambiente se establece que se puede hacer un estudio de impacto ambiental para desarrollar actividades dentro de estas áreas y ahí se produce una incompatibilidad”, precisó Dougnac.

En otro punto del debate, Sara Larraín, directora del Programa Chile Sustentable, indicó que la semaforización de lugares protegidos que el Presidente Sebastián Piñera solicitó a la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, es un mero trámite, pues eso está absolutamente descrito en la ley, con los límites territoriales incluidos.

Lo que pasó fue que proyectos como Alto Maipo, HidroAustral, Castilla, Barrancones e Hidroaysén, entre otros, ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental durante el gobierno pasado, cuando este tipo de evaluaciones sólo fueron creadas para iniciativas menores de índole comercial y no para proyectos o megaproyectos industriales.

“No podemos declarar ahora áreas protegidas porque esas áreas ya están legalmente protegidas. Lo que pasó aquí es que ilegalmente se metió en la Ley de Bases del Medio Ambiente un artículo que desmonta la legalidad de las áreas silvestres protegidas vía un instrumento de evaluación de impacto ambiental, es decir, le dieron un pasaporte falso para hacer actividades comerciales en un área donde están protegidas y a través de este instrumento están violando esos decretos”, sostuvo Larraín.

La iniciativa de los senadores, que fue ingresada este jueves al Congreso, además contempla que a aquellos proyectos que ya hayan obtenido una resolución de calificación ambiental positiva, pero que no estén funcionando, sean revocadas y deberán someterse a un nuevo proceso.

En cuanto a los proyectos que se encuentren en proceso de evaluación ambiental serán rechazados automáticamente.