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Año XVI, 28 de marzo de 2024


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Ex militares condenados por violaciones a los derechos humanos inician huelga de hambre

Un grupo de nueve oficiales en retiro del Ejército condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura, anunciaron que comenzarían una huelga de hambre “irrenunciable e indeclinable” con el objetivo de lograr la “libertad inmediata de todos los suboficiales y empleados civiles presos”, la aplicación de una pena única que no sobrepase los diez años y la entrega de beneficios carcelarios

Loreto Soto

  Martes 14 de septiembre 2010 1:56 hrs. 
Radio-Uchile

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Durante la madrugada de este martes, un grupo de nueve oficiales en retiro del Ejército condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura anunciaron que comenzarían una huelga de hambre “irrenunciable e indeclinable” por lo que calificaron como “reivindicaciones a su condición de presos políticos militares”.

Los implicados en este acto son el general (r) Raúl Iturriaga; los brigadieres (R) Fernando Polanco, José Zara y Christoph Willike; el coronel (R) Juan Morales Salgado; el teniente coronel (R), Emilio Neira; mayor (r) Carlos Herrera Jiménez; y los tenientes (r) Jorge Vargas Bories y Sergio Rivera.

Los ex agentes de la Dina y la CNI exigen que se aplique una pena única con un máximo de diez años de prisión a todos los que estén condenados a una mayor cantidad de tiempo o a cadena perpetua. Además solicitan la aplicación de artículos transitorios para modificar los decretos supremos sobre “Reglamento de los Establecimientos Penitenciarios”, “Sobre Libertad Condicional”, ya que según ellos no han obtenido ningún beneficio intrapenitenciario aún “contando con los requisitos para ello”, aseguraron.

Finalmente, pidieron que se otorgue “inmediata libertad a todos los suboficiales y empleados civiles presos, debiendo su pena ser modificada por cualquiera de las tres alternativas fijadas en el artículo 2º, de la ley Nº 18.050”.

Cabe destacar que en el primer punto de su petitorio los ex oficiales castrenses reconocen que cometieron “delitos contra la seguridad de las personas (más conocidos por violaciones a los derechos humanos) en el periodo entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo 1990”, pero advierten que éstos se tratarían de ilícitos cometidos durante el periodo dictatorial y que “por ser estos delitos de connotación política, ´los presos militares´ no obtuvieron ni prebendas ni dádivas especiales por la ejecución de los mismos”.

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