El bicentenario de la nación chilena es una oportunidad para reconocer la vinculación de nuestra identidad con la de los pueblos originarios. Creemos que el Estado chileno ha basado gran parte de su desarrollo económico a partir de la aniquilación y negación de dichos pueblos y su cosmovisión indígena. Específicamente, en relación al pueblo mapuche, el Estado se impuso a través de la fuerza asimétrica de los poderes políticos y militares manifestados explícitamente a partir de la invitación a la inmigración de colonos europeos a formar parte de sus tierras, así como también a través del proceso conocido como “Pacificación de la Araucanía”. A partir de ese periodo se le ha negado al pueblo mapuche, la manifestación de sus elementos políticos, sociales y culturales, imposición que se ha llevado a cabo de manera manifiesta y simbólica, fundamentalmente en la apropiación de sus tierras para el usufructo económico, sin posibilidad de permitirles su reproducción cultural. Por consiguiente las manifestaciones mapuches y su represión nos evidencian la confrontación de dos formas de concebir la tierra: la cosmovisión mapuche y la del desarrollo económico, que están lejos de avenimiento.

Entendemos que cada fenómeno social tiene causas históricas, por lo cual comprendemos, como sociólogos, que la actual huelga de hambre constituye una forma desesperada de llamar la atención sobre un problema histórico el cual resurge constantemente.
La huelga de hambre es una forma de llamar la atención sobre las injusticias judiciales, políticas, sociales y medio-ambientales que afectan su vida.

En el caso concreto de la huelga de hambre de los presos políticos mapuches, consideramos especialmente legítimas sus demandas. Consideramos que la Ley Antiterrorista es ilegítima en su origen, por ser creada en dictadura con el objeto de aplacar y criminalizar cualquier fuerza democrática. Siendo además ilegítima en su contenido, porque trata como terroristas actos que no lo son necesariamente, juzgando a civiles en tribunales que debieran ser sólo para militares y en los que una de las partes es a la vez juez. Más injusto aún es que se juzguen en dos cortes distintas (la civil y la militar) el mismo hecho, conduciendo a dobles condenas.

Finalmente, también apoyamos la demanda por la aplicación efectiva del Convenio 169 de la OIT que ha sido ratificado en 2008 por el Estado chileno. Convenio que ya se ha aplicado en otros casos en Chile pero no en lo concerniente al movimiento mapuche, ya que dicho Convenio indica que organismos representativos de los pueblos originarios deben aprobar la aplicacion de medidas legislativas, administrativas, de desarrollo y de uso de tierras que les afecten directamente.

Entendemos que los comuneros mapuches son personas completas y con autodeterminación que no precisan de voceros distintos para explicar y exigir sus demandas. Sin embargo, manifestamos de manera tardía nuestro apoyo a la expresión de su voluntad, especialmente en vista de la gravedad de la salud de 34 presos políticos mapuches después de más de 2 meses de huelga de hambre, al cual hoy se suma uno más.

Firmantes:

Tamara Cerda O., Socióloga
Andrea Fernández G. Socióloga
Carolina Guerra, Socióloga
Daniela Seguel, Socióloga
Sebastian Zeiss, Sociólogo
Rodrigo Valdivia M., Sociólogo
Sebastian G. Guzman, Sociólogo
Angela Erpel, Socióloga
Patricia Pèrez, Socióloga
Daniel Muñoz Farías, Sociólogo
Mireya Valdebenito, Socióloga