El juez argentino Claudio Bonadío resolvió dejar en libertad al ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Sergio Galvarino Apablaza Guerra, después de notificarlo acerca de la decisión de la Corte Suprema de ese país de otorgar la extradición solicitada por Chile.
Aunque la decisión final sigue en manos del gobierno trasandino, no corresponde a la Presidenta Cristina Fernández, sino a la Comisión Nacional de Refugiados, que deberá estudiar los antecedentes del caso.
Sin embargo, en Chile, desde la UDI continúan presionando al Ejecutivo argentino a través de declaraciones que ponen énfasis en un presunto cuestionamiento a la institucionalidad judicial de nuestro país.
Según insistió el senador gremialista Jovino Novoa, con esto se dañarían las relaciones bilaterales entre ambos países: “Si diera asilo político, después de que la Corte Suprema argentina dijo expresamente que no había delitos políticos sino que eran delitos comunes, la única interpretación posible es que a juicio del Gobierno argentino Chile no ofrece garantías para el juzgamiento de las personas en Chile. Sería una ofensa grave al Estado de Derecho de nuestro país. Acá hay tribunales, son independientes, las leyes están claras y las personas que nada han hecho, nada deben temer”, dijo.
Lo anterior, mientras el ministro en visita por el caso Guzmán, Mario Carroza, se manifestó dispuesto a viajar a Argentina para interrogar al ex líder frentista sobre su participación en el crimen del ex senador Jaime Guzmán y en el secuestro de Cristián Edwards.
El magistrado indicó además que el viaje debiera determinarse una vez que se resuelva la extradición de Apablaza a nuestro país.
“(Apablaza) puede tener datos importantes, me parece que su declaración es necesaria. A uno le corresponde esperar lo que se resuelva y puede obrar en consecuencia, ya sea para interrogarlo acá o a lo mejor tener que ir allá, siempre y cuando fuera necesario y la Corte Suprema diera su autorización”, explicó.
Desde Buenos Aires, el abogado Rodolfo Yanzón, representante de Galvarino Apablaza, indicó que los dichos del ministro Carroza dan a entender que creen que la extradición del ex frentista no se hará efectiva.
“En este momento lo único que tenemos que hacer es esperar la situación de Apablaza en Argentina, si le dan protección o no, en el marco de la Convención sobre refugiados. Y si le dan la protección, se verá si el señor Carroza puede y está en condiciones de venir para acá y si Apablaza tiene algún interés de juntarse con él”, señaló.
Yanzón además criticó a sectores políticos trasandinos como la Unión Cívica Radical, de oposición, que piden la inmediata extradición de Apablaza a Chile: “Cuanto más hablen esas personas, mejor vamos a estar nosotros para lograr lo que queremos. Realmente no son serios los que están hablando”, expresó.
Los trámites de la investigación continúan en Chile con interrogatorios a otro de los ex líderes frentistas, Enrique Villanueva, y la reactivación de las órdenes de detención de otros implicados en el crimen de Guzmán, como los prófugos Ricardo Palma Salamanca y Raúl Escobar Poblete.
El juez argentino Claudio Bonadío resolvió dejar en libertad al ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Sergio Galvarino Apablaza Guerra, después de notificarlo acerca de la decisión de la Corte Suprema de ese país de otorgar la extradición solicitada por Chile.
Aunque la decisión final sigue en manos del gobierno trasandino, no corresponde a la Presidenta Cristina Fernández, sino a la Comisión Nacional de Refugiados, que deberá estudiar los antecedentes del caso.
Sin embargo, en Chile, desde la UDI continúan presionando al Ejecutivo argentino a través de declaraciones que ponen énfasis en un presunto cuestionamiento a la institucionalidad judicial de nuestro país.
Según insistió el senador gremialista Jovino Novoa, con esto se dañarían las relaciones bilaterales entre ambos países: “Si diera asilo político, después de que la Corte Suprema argentina dijo expresamente que no había delitos políticos sino que eran delitos comunes, la única interpretación posible es que a juicio del Gobierno argentino Chile no ofrece garantías para el juzgamiento de las personas en Chile. Sería una ofensa grave al Estado de Derecho de nuestro país. Acá hay tribunales, son independientes, las leyes están claras y las personas que nada han hecho, nada deben temer”, dijo.
Lo anterior, mientras el ministro en visita por el caso Guzmán, Mario Carroza, se manifestó dispuesto a viajar a Argentina para interrogar al ex líder frentista sobre su participación en el crimen del ex senador Jaime Guzmán y en el secuestro de Cristián Edwards.
El magistrado indicó además que el viaje debiera determinarse una vez que se resuelva la extradición de Apablaza a nuestro país.
“(Apablaza) puede tener datos importantes, me parece que su declaración es necesaria. A uno le corresponde esperar lo que se resuelva y puede obrar en consecuencia, ya sea para interrogarlo acá o a lo mejor tener que ir allá, siempre y cuando fuera necesario y la Corte Suprema diera su autorización”, explicó.
Desde Buenos Aires, el abogado Rodolfo Yanzón, representante de Galvarino Apablaza, indicó que los dichos del ministro Carroza dan a entender que creen que la extradición del ex frentista no se hará efectiva.
“En este momento lo único que tenemos que hacer es esperar la situación de Apablaza en Argentina, si le dan protección o no, en el marco de la Convención sobre refugiados. Y si le dan la protección, se verá si el señor Carroza puede y está en condiciones de venir para acá y si Apablaza tiene algún interés de juntarse con él”, señaló.
Yanzón además criticó a sectores políticos trasandinos como la Unión Cívica Radical, de oposición, que piden la inmediata extradición de Apablaza a Chile: “Cuanto más hablen esas personas, mejor vamos a estar nosotros para lograr lo que queremos. Realmente no son serios los que están hablando”, expresó.
Los trámites de la investigación continúan en Chile con interrogatorios a otro de los ex líderes frentistas, Enrique Villanueva, y la reactivación de las órdenes de detención de otros implicados en el crimen de Guzmán, como los prófugos Ricardo Palma Salamanca y Raúl Escobar Poblete.
El juez argentino Claudio Bonadío resolvió dejar en libertad al ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Sergio Galvarino Apablaza Guerra, después de notificarlo acerca de la decisión de la Corte Suprema de ese país de otorgar la extradición solicitada por Chile.
Aunque la decisión final sigue en manos del gobierno trasandino, no corresponde a la Presidenta Cristina Fernández, sino a la Comisión Nacional de Refugiados, que deberá estudiar los antecedentes del caso.
Sin embargo, en Chile, desde la UDI continúan presionando al Ejecutivo argentino a través de declaraciones que ponen énfasis en un presunto cuestionamiento a la institucionalidad judicial de nuestro país.
Según insistió el senador gremialista Jovino Novoa, con esto se dañarían las relaciones bilaterales entre ambos países: “Si diera asilo político, después de que la Corte Suprema argentina dijo expresamente que no había delitos políticos sino que eran delitos comunes, la única interpretación posible es que a juicio del Gobierno argentino Chile no ofrece garantías para el juzgamiento de las personas en Chile. Sería una ofensa grave al Estado de Derecho de nuestro país. Acá hay tribunales, son independientes, las leyes están claras y las personas que nada han hecho, nada deben temer”, dijo.
Lo anterior, mientras el ministro en visita por el caso Guzmán, Mario Carroza, se manifestó dispuesto a viajar a Argentina para interrogar al ex líder frentista sobre su participación en el crimen del ex senador Jaime Guzmán y en el secuestro de Cristián Edwards.
El magistrado indicó además que el viaje debiera determinarse una vez que se resuelva la extradición de Apablaza a nuestro país.
“(Apablaza) puede tener datos importantes, me parece que su declaración es necesaria. A uno le corresponde esperar lo que se resuelva y puede obrar en consecuencia, ya sea para interrogarlo acá o a lo mejor tener que ir allá, siempre y cuando fuera necesario y la Corte Suprema diera su autorización”, explicó.
Desde Buenos Aires, el abogado Rodolfo Yanzón, representante de Galvarino Apablaza, indicó que los dichos del ministro Carroza dan a entender que creen que la extradición del ex frentista no se hará efectiva.
“En este momento lo único que tenemos que hacer es esperar la situación de Apablaza en Argentina, si le dan protección o no, en el marco de la Convención sobre refugiados. Y si le dan la protección, se verá si el señor Carroza puede y está en condiciones de venir para acá y si Apablaza tiene algún interés de juntarse con él”, señaló.
Yanzón además criticó a sectores políticos trasandinos como la Unión Cívica Radical, de oposición, que piden la inmediata extradición de Apablaza a Chile: “Cuanto más hablen esas personas, mejor vamos a estar nosotros para lograr lo que queremos. Realmente no son serios los que están hablando”, expresó.
Los trámites de la investigación continúan en Chile con interrogatorios a otro de los ex líderes frentistas, Enrique Villanueva, y la reactivación de las órdenes de detención de otros implicados en el crimen de Guzmán, como los prófugos Ricardo Palma Salamanca y Raúl Escobar Poblete.
