El Análisis de Coyuntura del Departamento de Estudios de Fundación Terram, “Piñera y Medio Ambiente: Más incertidumbres que certezas”, hace un exhaustivo análisis de los primeros seis meses del gobierno de Sebastián Piñera en materia ambiental, examinando los anuncios y los hechos concretos, y apuntando especialmente a los desafíos futuros de la actual administración.
Esta breve revisión de temas no ofrece una perspectiva demasiado alentadora. Por el contrario, comienzan a cobrar fuerza ciertos temores respecto a las prioridades del nuevo Ejecutivo y el énfasis en una perspectiva economicista a la hora del análisis para la toma de decisiones clave para el futuro del país.
Las organizaciones dicen que el presente año debiera ser clave. Por ejemplo, la toma de decisiones de gran trascendencia en materia de conservación y protección de la biodiversidad en Chile, decisiones cuyas consecuencias probablemente se sentirán durante varias décadas.
Además, la implementación de la Ley N° 20.423, conocida como Ley de Turismo, promulgada en enero de 2010 por el Gobierno de Bachelet, y que cambia el nombre del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción por el de Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y crea la Subsecretaría de Turismo y el Consejo de Ministros para el Turismo.
Flavia Liberona de la Fundación Terram explicó cuáles son los conflictos de este gobierno: “El hecho de tener un Presidente que la primera vez que fue candidato y ahora que fue electo, se comprometió en temas medioambientales y siempre trató de dar una imagen ‘verde’. Lo segundo es que, siendo un empresario y viniendo del sector privado, el tema ambiental está cruzado por conflictos de interés muy explícitos en este momento, lo cual también lo hace complejo. Y lo tercero es que el Presidente toma una actitud frente a Barrancones con lo cual cuestiona todo”, explicó.
El documento agrega que transcurridos seis meses de su período, no se vislumbran señales que den claridad del avance de los procesos normativos heredados de la gestión de Michelle Bachelet –norma de material particulado fino, norma de emisión de termoeléctricas, revisión y actualización de DS 90 y DS 46 de SEGPRES, entre otros.
A la falta de información pública, ahora se deben añadir claras señales de parte del gobierno en abierto apoyo a la proliferación de transgénicos, tanto así que Piñera lo explicita y lo integra a su programa de gobierno.
Preocupa a Terram que en los últimos meses se han multiplicado las amenazas de desafectación de áreas silvestres protegidas para instalar en ellas proyectos productivos.
Manuel Baquedano, director del Instituto de Ecología Política, manifestó cuáles son los desafíos: “En lo inmediato, decidir una política de Estado en relación al cambio climático. Se avecina en diciembre la Convención de Cancún sobre cambio climático y creo que es bueno que se dé a conocer una política de Estado sobre el tema que involucre a todos los actores, no solo al mundo empresarial. Se ha constituido a sugerencia nuestra una comisión de la sociedad civil en la Conama y estamos trabajando para que podamos tener una política consensuada”, dijo.
Como una de las consecuencias más inmediatas del episodio Barrancones, el Presidente de la República solicitó a la Ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, la elaboración de un mapa que identifique, a través de una semaforización, zonas en las que la instalación de proyectos de inversión generan o podrían generar conflictos ambientales, por localizarse en zonas de interés turístico, zonas de protección indígenas, parques o reservas marinas.
No queda claro si este proceso se traducirá en un proyecto de Ley o si sólo será indicativo; la ministra Parot ha señalado al respecto que esta decisión depende exclusivamente del Presidente.
El Análisis de Coyuntura del Departamento de Estudios de Fundación Terram, “Piñera y Medio Ambiente: Más incertidumbres que certezas”, hace un exhaustivo análisis de los primeros seis meses del gobierno de Sebastián Piñera en materia ambiental, examinando los anuncios y los hechos concretos, y apuntando especialmente a los desafíos futuros de la actual administración.
Esta breve revisión de temas no ofrece una perspectiva demasiado alentadora. Por el contrario, comienzan a cobrar fuerza ciertos temores respecto a las prioridades del nuevo Ejecutivo y el énfasis en una perspectiva economicista a la hora del análisis para la toma de decisiones clave para el futuro del país.
Las organizaciones dicen que el presente año debiera ser clave. Por ejemplo, la toma de decisiones de gran trascendencia en materia de conservación y protección de la biodiversidad en Chile, decisiones cuyas consecuencias probablemente se sentirán durante varias décadas.
Además, la implementación de la Ley N° 20.423, conocida como Ley de Turismo, promulgada en enero de 2010 por el Gobierno de Bachelet, y que cambia el nombre del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción por el de Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y crea la Subsecretaría de Turismo y el Consejo de Ministros para el Turismo.
Flavia Liberona de la Fundación Terram explicó cuáles son los conflictos de este gobierno: “El hecho de tener un Presidente que la primera vez que fue candidato y ahora que fue electo, se comprometió en temas medioambientales y siempre trató de dar una imagen ‘verde’. Lo segundo es que, siendo un empresario y viniendo del sector privado, el tema ambiental está cruzado por conflictos de interés muy explícitos en este momento, lo cual también lo hace complejo. Y lo tercero es que el Presidente toma una actitud frente a Barrancones con lo cual cuestiona todo”, explicó.
El documento agrega que transcurridos seis meses de su período, no se vislumbran señales que den claridad del avance de los procesos normativos heredados de la gestión de Michelle Bachelet –norma de material particulado fino, norma de emisión de termoeléctricas, revisión y actualización de DS 90 y DS 46 de SEGPRES, entre otros.
A la falta de información pública, ahora se deben añadir claras señales de parte del gobierno en abierto apoyo a la proliferación de transgénicos, tanto así que Piñera lo explicita y lo integra a su programa de gobierno.
Preocupa a Terram que en los últimos meses se han multiplicado las amenazas de desafectación de áreas silvestres protegidas para instalar en ellas proyectos productivos.
Manuel Baquedano, director del Instituto de Ecología Política, manifestó cuáles son los desafíos: “En lo inmediato, decidir una política de Estado en relación al cambio climático. Se avecina en diciembre la Convención de Cancún sobre cambio climático y creo que es bueno que se dé a conocer una política de Estado sobre el tema que involucre a todos los actores, no solo al mundo empresarial. Se ha constituido a sugerencia nuestra una comisión de la sociedad civil en la Conama y estamos trabajando para que podamos tener una política consensuada”, dijo.
Como una de las consecuencias más inmediatas del episodio Barrancones, el Presidente de la República solicitó a la Ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, la elaboración de un mapa que identifique, a través de una semaforización, zonas en las que la instalación de proyectos de inversión generan o podrían generar conflictos ambientales, por localizarse en zonas de interés turístico, zonas de protección indígenas, parques o reservas marinas.
No queda claro si este proceso se traducirá en un proyecto de Ley o si sólo será indicativo; la ministra Parot ha señalado al respecto que esta decisión depende exclusivamente del Presidente.
El Análisis de Coyuntura del Departamento de Estudios de Fundación Terram, “Piñera y Medio Ambiente: Más incertidumbres que certezas”, hace un exhaustivo análisis de los primeros seis meses del gobierno de Sebastián Piñera en materia ambiental, examinando los anuncios y los hechos concretos, y apuntando especialmente a los desafíos futuros de la actual administración.
Esta breve revisión de temas no ofrece una perspectiva demasiado alentadora. Por el contrario, comienzan a cobrar fuerza ciertos temores respecto a las prioridades del nuevo Ejecutivo y el énfasis en una perspectiva economicista a la hora del análisis para la toma de decisiones clave para el futuro del país.
Las organizaciones dicen que el presente año debiera ser clave. Por ejemplo, la toma de decisiones de gran trascendencia en materia de conservación y protección de la biodiversidad en Chile, decisiones cuyas consecuencias probablemente se sentirán durante varias décadas.
Además, la implementación de la Ley N° 20.423, conocida como Ley de Turismo, promulgada en enero de 2010 por el Gobierno de Bachelet, y que cambia el nombre del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción por el de Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y crea la Subsecretaría de Turismo y el Consejo de Ministros para el Turismo.
Flavia Liberona de la Fundación Terram explicó cuáles son los conflictos de este gobierno: “El hecho de tener un Presidente que la primera vez que fue candidato y ahora que fue electo, se comprometió en temas medioambientales y siempre trató de dar una imagen ‘verde’. Lo segundo es que, siendo un empresario y viniendo del sector privado, el tema ambiental está cruzado por conflictos de interés muy explícitos en este momento, lo cual también lo hace complejo. Y lo tercero es que el Presidente toma una actitud frente a Barrancones con lo cual cuestiona todo”, explicó.
El documento agrega que transcurridos seis meses de su período, no se vislumbran señales que den claridad del avance de los procesos normativos heredados de la gestión de Michelle Bachelet –norma de material particulado fino, norma de emisión de termoeléctricas, revisión y actualización de DS 90 y DS 46 de SEGPRES, entre otros.
A la falta de información pública, ahora se deben añadir claras señales de parte del gobierno en abierto apoyo a la proliferación de transgénicos, tanto así que Piñera lo explicita y lo integra a su programa de gobierno.
Preocupa a Terram que en los últimos meses se han multiplicado las amenazas de desafectación de áreas silvestres protegidas para instalar en ellas proyectos productivos.
Manuel Baquedano, director del Instituto de Ecología Política, manifestó cuáles son los desafíos: “En lo inmediato, decidir una política de Estado en relación al cambio climático. Se avecina en diciembre la Convención de Cancún sobre cambio climático y creo que es bueno que se dé a conocer una política de Estado sobre el tema que involucre a todos los actores, no solo al mundo empresarial. Se ha constituido a sugerencia nuestra una comisión de la sociedad civil en la Conama y estamos trabajando para que podamos tener una política consensuada”, dijo.
Como una de las consecuencias más inmediatas del episodio Barrancones, el Presidente de la República solicitó a la Ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, la elaboración de un mapa que identifique, a través de una semaforización, zonas en las que la instalación de proyectos de inversión generan o podrían generar conflictos ambientales, por localizarse en zonas de interés turístico, zonas de protección indígenas, parques o reservas marinas.
No queda claro si este proceso se traducirá en un proyecto de Ley o si sólo será indicativo; la ministra Parot ha señalado al respecto que esta decisión depende exclusivamente del Presidente.
