Desde que salieron de Santiago, el Presidente Sebastián Piñera y el canciller Alfredo Moreno, junto a sus asesores, llevaban el objetivo de evitar que la huelga de hambre de 34 presos políticos mapuches –que lleva más de 70 días-, el aumento de 355 mil pobres en el país, la prevalencia y aplicación de una cuestionada Ley Antiterrorista, denuncias de incumplimientos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la discriminación sexual en contra de la jueza chilena Karen Atala, fueran a opacar o generar tensiones en su participación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que trata, entre el 20 y 22 de septiembre, el tema de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Piñera –convertido en el primer Mandatario chileno de derecha que llega en más de medio Siglo a la sede de la ONU- llegó a Nueva York con una cuenta de tono optimista que incluyó el anuncio de que los temas pendientes se solucionarán. Es así que volvió a plantear –en la reunión mundial se analiza el impulso a la lucha contra la pobreza- que la indigencia (que subió en Chile de 516.738 a 634.329 personas) la erradicará durante su mandato y que la pobreza (que subió en Chile del 13 al 15 por ciento, dejando en esta condición a 2 millones 500 mil personas) quedará eliminada alrededor del 2020.

Sin embargo, política, diplomática y comunicacionalmente, el tema de los mapuches y el Convenio 169 se cruzó en la ciudad de Nueva York al paso del Mandatario chileno. El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Gonzalo Taborga, hizo llegar una misiva al Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, donde le pidió que “realice una acción personal ante el gobierno de Chile que ponga término a la huelga de hambre de 34 comuneros mapuches que dura 72 días y que se encuentran en fase de alto riesgo vital”.

La carta llegó a las oficinas de la ONU en las horas que Sebastián Piñera hablaba con representantes de varios países y exponía sus posiciones sobre la situación del país. En clara crítica al Mandatario, el escrito a Ban Ki-Moon indicó que “el Presidente de la República ha anunciado la creación de una mesa de diálogo y se apronta a repetirlo en la Asamblea de la ONU, para demostrar que el problema se encuentra solucionado. Hacemos presente al Señor Secretario General -prosiguió la misiva- que cualquiera sea la declaración propuesta, ella agrava la situación porque crea confusión al no encontrarse un compromiso público e internacional de realizar consultas del Convenio 169 de la OIT a los indígenas afectados…El gobierno y el parlamento ya han votado modificaciones a la Ley Antiterrorista y de la Justicia Militar sin cumplir con ese Convenio”.

La carta, que comenzó a circular sobre todo entre delegaciones de naciones latinoamericanas y medios de prensa, fue firmada, entre otros, por José Balmes, Premio Nacional de las Artes, Jorge Arrate, ex candidato a la Presidencia de la República, Hervi Lara, de la Comisión Ética Contra la Tortura en Chile, Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo, Fernando García, Premio Nacional de Música y los diputados Hugo Gutiérrez y Sergio Aguiló.

Además, estando Piñera en la ONU, se conoció una carta del comunero mapuche Héctor Llaitul, que lleva 73 días en huelga de hambre, para que el organismo internacional interceda ante La Moneda para que responda a las demandas de los indígenas. Escribiendo al Secretario General de la entidad mundial, Llaitul dijo que “no es clemencia lo que pedimos, sólo justicia”. El comunero solicitó que la ONU pida “al gobierno chileno que respete los derechos políticos y territoriales de los mapuches, (que) recomiende al Estado chileno no aplicar la justicia militar ni la ley antiterrorista a mapuches que se movilizan y luchan por defender y recuperar sus tierras” y que se exija a la administración de Piñera dar “garantías para un debido proceso a los mapuches”.

Como si fuera poco, Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, advirtió que “en cualquier momento puede haber un desenlace fatal” en la huelga de hambre, y que “no nos satisface lo que hasta ahora se ha avanzado” frente a este situación. Sostuvo que se está frente a “una urgencia humanitaria”.

La encargada del INDH criticó al gobierno de Sebastián Piñera por no responder a las solicitudes de los comuneros, que no se actúe acorde con el Convenio 169 de la OIT, suscrito por Chile, y que no se avance en profundas modificaciones a la Ley Antiterrorista.

Cristián Cuevas, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dijo que Piñera “no puede estar dando un doble discurso, lo vamos a emplazar a que diga la verdad (en la ONU) y a que resuelva este problema”.

En medio de todo, apareció una versión periodística de que el Mandatario haría gestiones para que Chile siga después del 2011 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Al quedar como miembro en 2008, obtuvo 176 votos a favor, varios de los cuales, incluso latinoamericanos, podrían peligrar por la situación en torno del pueblo mapuche. El tema indígena es altamente sensible en los organismos internacionales.

Todo indica, en todo caso, que Sebastián Piñera no se moverá de cuatro argumentos ejes: instaló una mesa de diálogo para tratar el tema de pueblos originarios; pidió a los comuneros que depusieran la huelga de hambre y respetaran sus vidas; envío al Congreso modificaciones a la Ley Antiterrorista; respaldó gestión “facilitadora” de la Iglesia Católica; y debe respetar el estado de Derecho.

Como sea, la huelga de hambre de los presos políticos indígenas y el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT se metieron en la gira presidencial a la ONU.

Énfasis en temas Milenio

Sin embargo, el Presidente chileno no quiso dejar de poner el énfasis en los temas de la asamblea de la ONU, marcada por el análisis de los Objetivos del Milenio, que deben estar saldados el 2015, y así, después de reconocer el alza en el índice de pobreza y fijar los plazos para su superación, Piñera dijo que erradicarla constituye “un imperativo moral” y un objetivo necesario para “fortalecer la democracia” y “potenciar el desarrollo”.

Entrando de lleno a los Objetivos del Milenio, Piñera indicó que en Chile ya la educación primaria es universal y hay que mejorar la calidad; que se fortaleció la equidad de género con mayor participación femenina en el mundo laboral y de servicio público; que se mantiene atajada la mortalidad infantil y materna y que se toman los resguardos eficaces en prevención del VIH/Sida; y que se protege el medio ambiente.

Todo ello, por cierto, contrasta con las críticas de organizaciones sociales y de la oposición en cuanto al carácter privado y excluyente de la educación, las políticas y acciones tomadas por el Servicio Nacional de la Mujer y las denuncias en cuanto a la instalación de termoeléctricas en varios puntos del territorio nacional.