La senadora opositora colombiana Piedad Córdoba, de activa participación en la liberación de rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y nominada al Premio Nobel de la Paz 2009, fue destituida e inhabilitada por 18 años por la Procuraduría General por eventuales colaboraciones con el grupo guerrillero, sanción que será apelada por la legisladora.
El procurador Alejandro Ordóñez, quien impuso la sanción, determinó de esta manera el fin de una investigación originada en la información extraída de computadores capturados en el campamento donde fue abatido uno de los jefes de las Farc, Raúl Reyes, el 1° de marzo de 2008.
El Ministerio Público informó en un comunicado, que los datos fueron corroborados con información enviada por la Corte Suprema y la Fiscalía.
El ministerio público informó que destituye a Córdoba por “colaborar con las FARC”, “instar a esa guerrilla para que sea hostil con los partidos políticos”, “usar la ayuda de gobiernos de otros países para buscar un nuevo gobierno en Colombia” y “aconsejar a las FARC” en la gestión política del intercambio humanitario.
De acuerdo con el texto, “se logró establecer que el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora, en los que se identificó con los alias de Teodora, Teodora de Bolívar, la Negra y la Negrita, la parlamentaria se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el gobierno para gestionar el intercambio humanitario”.
En tanto, Piedad Córdoba anunció la apelación a esta resolución judicial. Una sanción que considera “una muestra más” de la “persecución política” de la que dice ser objeto.
“Considero que la investigación disciplinaria no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético”, indicó la senadora del Partido Liberal en un comunicado
Piedad Córdoba destacó que el procurador que la acusó está siendo investigado por la Corte Suprema colombiana en el marco del conocido como ‘escándalo de las chuzadas’, supuestos seguimientos y grabaciones contra jueces, políticos opositores y periodistas que habrían sido realizadas por los servicios secretos colombianos a instancias del Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe.
En tanto, desde la comunidad internacional ya comenzaron los gestos de solidaridad con la legisladora colombiana. El secretario general de UNASUR, Néstor Kirchner, indicó que “nadie la puede relacionar con las FARC”, y que siempre “ha tenido una actitud democrática”, y el presidente venezolano Hugo Chávez calificó de una “infamia” la resolución judicial.
La senadora opositora colombiana Piedad Córdoba, de activa participación en la liberación de rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y nominada al Premio Nobel de la Paz 2009, fue destituida e inhabilitada por 18 años por la Procuraduría General por eventuales colaboraciones con el grupo guerrillero, sanción que será apelada por la legisladora.
El procurador Alejandro Ordóñez, quien impuso la sanción, determinó de esta manera el fin de una investigación originada en la información extraída de computadores capturados en el campamento donde fue abatido uno de los jefes de las Farc, Raúl Reyes, el 1° de marzo de 2008.
El Ministerio Público informó en un comunicado, que los datos fueron corroborados con información enviada por la Corte Suprema y la Fiscalía.
El ministerio público informó que destituye a Córdoba por “colaborar con las FARC”, “instar a esa guerrilla para que sea hostil con los partidos políticos”, “usar la ayuda de gobiernos de otros países para buscar un nuevo gobierno en Colombia” y “aconsejar a las FARC” en la gestión política del intercambio humanitario.
De acuerdo con el texto, “se logró establecer que el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora, en los que se identificó con los alias de Teodora, Teodora de Bolívar, la Negra y la Negrita, la parlamentaria se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el gobierno para gestionar el intercambio humanitario”.
En tanto, Piedad Córdoba anunció la apelación a esta resolución judicial. Una sanción que considera “una muestra más” de la “persecución política” de la que dice ser objeto.
“Considero que la investigación disciplinaria no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético”, indicó la senadora del Partido Liberal en un comunicado
Piedad Córdoba destacó que el procurador que la acusó está siendo investigado por la Corte Suprema colombiana en el marco del conocido como ‘escándalo de las chuzadas’, supuestos seguimientos y grabaciones contra jueces, políticos opositores y periodistas que habrían sido realizadas por los servicios secretos colombianos a instancias del Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe.
En tanto, desde la comunidad internacional ya comenzaron los gestos de solidaridad con la legisladora colombiana. El secretario general de UNASUR, Néstor Kirchner, indicó que “nadie la puede relacionar con las FARC”, y que siempre “ha tenido una actitud democrática”, y el presidente venezolano Hugo Chávez calificó de una “infamia” la resolución judicial.
La senadora opositora colombiana Piedad Córdoba, de activa participación en la liberación de rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y nominada al Premio Nobel de la Paz 2009, fue destituida e inhabilitada por 18 años por la Procuraduría General por eventuales colaboraciones con el grupo guerrillero, sanción que será apelada por la legisladora.
El procurador Alejandro Ordóñez, quien impuso la sanción, determinó de esta manera el fin de una investigación originada en la información extraída de computadores capturados en el campamento donde fue abatido uno de los jefes de las Farc, Raúl Reyes, el 1° de marzo de 2008.
El Ministerio Público informó en un comunicado, que los datos fueron corroborados con información enviada por la Corte Suprema y la Fiscalía.
El ministerio público informó que destituye a Córdoba por “colaborar con las FARC”, “instar a esa guerrilla para que sea hostil con los partidos políticos”, “usar la ayuda de gobiernos de otros países para buscar un nuevo gobierno en Colombia” y “aconsejar a las FARC” en la gestión política del intercambio humanitario.
De acuerdo con el texto, “se logró establecer que el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora, en los que se identificó con los alias de Teodora, Teodora de Bolívar, la Negra y la Negrita, la parlamentaria se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el gobierno para gestionar el intercambio humanitario”.
En tanto, Piedad Córdoba anunció la apelación a esta resolución judicial. Una sanción que considera “una muestra más” de la “persecución política” de la que dice ser objeto.
“Considero que la investigación disciplinaria no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético”, indicó la senadora del Partido Liberal en un comunicado
Piedad Córdoba destacó que el procurador que la acusó está siendo investigado por la Corte Suprema colombiana en el marco del conocido como ‘escándalo de las chuzadas’, supuestos seguimientos y grabaciones contra jueces, políticos opositores y periodistas que habrían sido realizadas por los servicios secretos colombianos a instancias del Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe.
En tanto, desde la comunidad internacional ya comenzaron los gestos de solidaridad con la legisladora colombiana. El secretario general de UNASUR, Néstor Kirchner, indicó que “nadie la puede relacionar con las FARC”, y que siempre “ha tenido una actitud democrática”, y el presidente venezolano Hugo Chávez calificó de una “infamia” la resolución judicial.
