En medio de la tramitación final en el Congreso del proyecto que crea los tribunales ambientales, la Corte Suprema envío hace un par de días un informe a las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y Medio Ambiente del Senado, donde manifiesta sus cuestionamientos a la estructura orgánica de la nueva entidad.
Si bien el documento emanado desde el pleno del máximo tribunal no es vinculante, sugiere eliminar la expresión “tribunales” del proyecto del Ejecutivo, debido a que la nueva institucionalidad encargada de dirimir litigios ambientales no tendrá naturaleza jurisdiccional, como la mayoría de las instancias dependientes del Poder Judicial, sino administrativa.
Asimismo, cuestiona la denominación de “ministros” a los jueces que formen parte de los organismos colegiados, aclarando que este título es privativo de los integrantes de órganos superiores de justicia, condición que no tendrían los tribunales de medio ambiente.
Más aún, crítica que en el proceso de designación de los jueces de los tribunales especializados se excluya a la Corte Suprema, por lo que la institución que hoy dirige el ministro Milton Juica perdería la tuición “en lo que a nombramientos se refiere y que tradicional e históricamente le ha correspondido en cuanto a magistrados se refiere”.
Sin embargo, el titular de la ONG Fiscalía Medio Ambiente, el abogado Fernando Dougnac, calificó de retrograda y como un despropósito las aprehensiones realizadas por el Poder Judicial señalando que “esa es una posición bastante retrograda de la Corte Suprema. De hecho existen los Tribunales de Defensa a la Libre Competencia, Tribunales a la Transparencia Administrativa, Tribunales Tributarios hace bastante tiempo, por lo tanto, sostener porque hay un tribunal especializado, que no es un tribunal de justicia, es un absurdo. La justicia se reparte dándole a cada uno lo suyo y el que le entrega a cada uno lo que le corresponde está administrando justicia, independiente del título que se quiera poner”.
En tanto, el director del Observatorio de Conflictos Ambientes (OLCA) Lucio Cuenca, sostuvo que la nueva institucionalidad es producto de varias improvisaciones que se gestaron desde la génesis del proyecto enviado al Parlamento por el gobierno de Michelle Bachelet.
“En la formulación de este tribunal hay mucho de improvisación y la conformación que se está haciendo del tribunal en cierta medida, como lo ha dicho la Corte Suprema, es un tribunal contencioso administrativo. Además un tribunal que se conforma de manera mixta, donde habrían abogados, pero también economistas, ingenieros, especialistas en medio ambiente, por lo tanto, se distancia bastante de lo que se concibe propiamente como un tribunal. No corresponde darle rango de tribunal a algo que es un engendro”, explicó el experto.
Respecto de las altas expectativas que genera la iniciativa, el director del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, afirmó que las organizaciones medio ambientales esperan que el proyecto que crea los tribunales sea despachado pronto en el Congreso.
“Nosotros los grupos ambientales estamos a la expectativa, puesto que la aprobación de parte del Parlamento de los Tribunales Ambientales significa terminar con el último obstáculo para la implementación del ministerio del Medio Ambiente, porque con eso se completaría la Superintendencia y los Tribunales Ambientales se podría echar a andar la institucionalidad ambiental. Estamos bastante interesados que ese proceso termine pronto”, indicó el ambientalista.
La creación de tribunales especializados surgió de la idea que planteó el Consejo Minero y que recogió el senador de la Comisión de Medio Ambiente Pablo Longueira, en plena discusión particular de la nueva institucionalidad ambiental.
El compromiso de su tramitación quedó plasmado en el proyecto de acuerdo firmado en noviembre de 2009 entre el entonces gobierno y la oposición para destrabar la aprobación de la reforma que creó el Ministerio, el Servicio de Evaluación y la Superintendencia de Medio Ambiente.
En medio de la tramitación final en el Congreso del proyecto que crea los tribunales ambientales, la Corte Suprema envío hace un par de días un informe a las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y Medio Ambiente del Senado, donde manifiesta sus cuestionamientos a la estructura orgánica de la nueva entidad.
Si bien el documento emanado desde el pleno del máximo tribunal no es vinculante, sugiere eliminar la expresión “tribunales” del proyecto del Ejecutivo, debido a que la nueva institucionalidad encargada de dirimir litigios ambientales no tendrá naturaleza jurisdiccional, como la mayoría de las instancias dependientes del Poder Judicial, sino administrativa.
Asimismo, cuestiona la denominación de “ministros” a los jueces que formen parte de los organismos colegiados, aclarando que este título es privativo de los integrantes de órganos superiores de justicia, condición que no tendrían los tribunales de medio ambiente.
Más aún, crítica que en el proceso de designación de los jueces de los tribunales especializados se excluya a la Corte Suprema, por lo que la institución que hoy dirige el ministro Milton Juica perdería la tuición “en lo que a nombramientos se refiere y que tradicional e históricamente le ha correspondido en cuanto a magistrados se refiere”.
Sin embargo, el titular de la ONG Fiscalía Medio Ambiente, el abogado Fernando Dougnac, calificó de retrograda y como un despropósito las aprehensiones realizadas por el Poder Judicial señalando que “esa es una posición bastante retrograda de la Corte Suprema. De hecho existen los Tribunales de Defensa a la Libre Competencia, Tribunales a la Transparencia Administrativa, Tribunales Tributarios hace bastante tiempo, por lo tanto, sostener porque hay un tribunal especializado, que no es un tribunal de justicia, es un absurdo. La justicia se reparte dándole a cada uno lo suyo y el que le entrega a cada uno lo que le corresponde está administrando justicia, independiente del título que se quiera poner”.
En tanto, el director del Observatorio de Conflictos Ambientes (OLCA) Lucio Cuenca, sostuvo que la nueva institucionalidad es producto de varias improvisaciones que se gestaron desde la génesis del proyecto enviado al Parlamento por el gobierno de Michelle Bachelet.
“En la formulación de este tribunal hay mucho de improvisación y la conformación que se está haciendo del tribunal en cierta medida, como lo ha dicho la Corte Suprema, es un tribunal contencioso administrativo. Además un tribunal que se conforma de manera mixta, donde habrían abogados, pero también economistas, ingenieros, especialistas en medio ambiente, por lo tanto, se distancia bastante de lo que se concibe propiamente como un tribunal. No corresponde darle rango de tribunal a algo que es un engendro”, explicó el experto.
Respecto de las altas expectativas que genera la iniciativa, el director del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, afirmó que las organizaciones medio ambientales esperan que el proyecto que crea los tribunales sea despachado pronto en el Congreso.
“Nosotros los grupos ambientales estamos a la expectativa, puesto que la aprobación de parte del Parlamento de los Tribunales Ambientales significa terminar con el último obstáculo para la implementación del ministerio del Medio Ambiente, porque con eso se completaría la Superintendencia y los Tribunales Ambientales se podría echar a andar la institucionalidad ambiental. Estamos bastante interesados que ese proceso termine pronto”, indicó el ambientalista.
La creación de tribunales especializados surgió de la idea que planteó el Consejo Minero y que recogió el senador de la Comisión de Medio Ambiente Pablo Longueira, en plena discusión particular de la nueva institucionalidad ambiental.
El compromiso de su tramitación quedó plasmado en el proyecto de acuerdo firmado en noviembre de 2009 entre el entonces gobierno y la oposición para destrabar la aprobación de la reforma que creó el Ministerio, el Servicio de Evaluación y la Superintendencia de Medio Ambiente.
En medio de la tramitación final en el Congreso del proyecto que crea los tribunales ambientales, la Corte Suprema envío hace un par de días un informe a las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y Medio Ambiente del Senado, donde manifiesta sus cuestionamientos a la estructura orgánica de la nueva entidad.
Si bien el documento emanado desde el pleno del máximo tribunal no es vinculante, sugiere eliminar la expresión “tribunales” del proyecto del Ejecutivo, debido a que la nueva institucionalidad encargada de dirimir litigios ambientales no tendrá naturaleza jurisdiccional, como la mayoría de las instancias dependientes del Poder Judicial, sino administrativa.
Asimismo, cuestiona la denominación de “ministros” a los jueces que formen parte de los organismos colegiados, aclarando que este título es privativo de los integrantes de órganos superiores de justicia, condición que no tendrían los tribunales de medio ambiente.
Más aún, crítica que en el proceso de designación de los jueces de los tribunales especializados se excluya a la Corte Suprema, por lo que la institución que hoy dirige el ministro Milton Juica perdería la tuición “en lo que a nombramientos se refiere y que tradicional e históricamente le ha correspondido en cuanto a magistrados se refiere”.
Sin embargo, el titular de la ONG Fiscalía Medio Ambiente, el abogado Fernando Dougnac, calificó de retrograda y como un despropósito las aprehensiones realizadas por el Poder Judicial señalando que “esa es una posición bastante retrograda de la Corte Suprema. De hecho existen los Tribunales de Defensa a la Libre Competencia, Tribunales a la Transparencia Administrativa, Tribunales Tributarios hace bastante tiempo, por lo tanto, sostener porque hay un tribunal especializado, que no es un tribunal de justicia, es un absurdo. La justicia se reparte dándole a cada uno lo suyo y el que le entrega a cada uno lo que le corresponde está administrando justicia, independiente del título que se quiera poner”.
En tanto, el director del Observatorio de Conflictos Ambientes (OLCA) Lucio Cuenca, sostuvo que la nueva institucionalidad es producto de varias improvisaciones que se gestaron desde la génesis del proyecto enviado al Parlamento por el gobierno de Michelle Bachelet.
“En la formulación de este tribunal hay mucho de improvisación y la conformación que se está haciendo del tribunal en cierta medida, como lo ha dicho la Corte Suprema, es un tribunal contencioso administrativo. Además un tribunal que se conforma de manera mixta, donde habrían abogados, pero también economistas, ingenieros, especialistas en medio ambiente, por lo tanto, se distancia bastante de lo que se concibe propiamente como un tribunal. No corresponde darle rango de tribunal a algo que es un engendro”, explicó el experto.
Respecto de las altas expectativas que genera la iniciativa, el director del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, afirmó que las organizaciones medio ambientales esperan que el proyecto que crea los tribunales sea despachado pronto en el Congreso.
“Nosotros los grupos ambientales estamos a la expectativa, puesto que la aprobación de parte del Parlamento de los Tribunales Ambientales significa terminar con el último obstáculo para la implementación del ministerio del Medio Ambiente, porque con eso se completaría la Superintendencia y los Tribunales Ambientales se podría echar a andar la institucionalidad ambiental. Estamos bastante interesados que ese proceso termine pronto”, indicó el ambientalista.
La creación de tribunales especializados surgió de la idea que planteó el Consejo Minero y que recogió el senador de la Comisión de Medio Ambiente Pablo Longueira, en plena discusión particular de la nueva institucionalidad ambiental.
El compromiso de su tramitación quedó plasmado en el proyecto de acuerdo firmado en noviembre de 2009 entre el entonces gobierno y la oposición para destrabar la aprobación de la reforma que creó el Ministerio, el Servicio de Evaluación y la Superintendencia de Medio Ambiente.
