El Gobierno había desechado la vía legislativa el día martes, pero durante la última jornada de discusión la postura fue distinta. Apelando a un nuevo clima en el Parlamento y escuchando algunas palabras moderadas de voceros mapuche, La Moneda cambió de interlocutor y estrategia para tramitar la controversial Ley Antiterrorista, pasando del endurecimiento del ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter a los acuerdos de la mano del ministro de Justicia, Felipe Bulnes.
Y la táctica resultó. Como el oficialismo tenía mayoría en la comisión mixta, la apertura de la Concertación al diálogo permitió que el trámite siguiera adelante con la aprobación de una serie de normas que, incluso, habían sido redactadas por el Ejecutivo.
De este modo, se recuperaron artículos como la rebaja de penas para el delito de incendio, aunque continúa tipificado como delito terrorista. También se eliminó el derecho penal de autor, es decir castigar a una persona por el riesgo que vuelva a delinquir.
Otros cambios que se aceptaron fueron la posibilidad de interrogar sobre la credibilidad de los testigos protegidos y una indicación opositora, que establece la no aplicación de esta legislación a menores de edad, aunque se considera como agravante en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
El titular de Justicia, Felipe Bulnes, fue cauto al referirse al valor de esta votación. “Se podría decir que la Concertación cedió al proyecto del Gobierno, pero no es la mirada que queremos darle. Aquí hubo un liderazgo del Ejecutivo y también una visión de Estado de la oposición para finalmente apoyar la iniciativa que se estaba impulsando. Creemos que hay que estar a la altura de lo que ha ocurrido porque todos hemos ganado”, dijo el secretario de Estado.
Sin embargo, la actitud de Hinzpeter ante estas negociaciones estuvo tan presente en el debate como la propia discusión de la ley. En este sentido, el presidente de la Cámara Alta, Jorge Pizarro, comentó que el jefe de la cartera de Interior “no negoció nada. Vino a colocar una situación de intransigencia que obligó a los parlamentarios de derecha, incluso a los que no estaban de acuerdo con él, a votar en contra de ir a una comisión mixta que posibilitara estos avances. La cordura la puso el ministro de Justicia”.
Por su parte, el senador de la UDI, Andrés Chadwick, aseguró que la estrategia del Gobierno de mostrar dureza el día martes y una apertura el miércoles fue lo terminó por convencer a la Concertación de apoyar el cuerpo legal.
“La suma de esas dos cosas es la aprobación de una norma que perfecciona la Ley Antiterrorista y no la desmantela ni la perjudica. Aquí no hay imposiciones sino que una convicción frente al proyecto del Ejecutivo”, manifestó Chadwick.
Una opinión diferente presentó el radical, José Antonio Gómez, quien indicó que “no está dentro de su persona terminar una sesión casi abrazados cuando se vivió una situación extremadamente difícil entre nosotros”
Gómez añadió que “los acuerdos en el Senado siempre han sido una buena alternativa, pero tiene que ser con la verdad y dejando las constancias del caso y la realidad es que nos ha costado, ha sido difícil y nuestro único interés era resolver el problema de la huelga de hambre”.
Durante esta sesión además se aprobó un aumento de la penalidad al financiamiento del terrorismo. El proyecto pasará a la Cámara para cumplir con su último trámite.
El Gobierno había desechado la vía legislativa el día martes, pero durante la última jornada de discusión la postura fue distinta. Apelando a un nuevo clima en el Parlamento y escuchando algunas palabras moderadas de voceros mapuche, La Moneda cambió de interlocutor y estrategia para tramitar la controversial Ley Antiterrorista, pasando del endurecimiento del ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter a los acuerdos de la mano del ministro de Justicia, Felipe Bulnes.
Y la táctica resultó. Como el oficialismo tenía mayoría en la comisión mixta, la apertura de la Concertación al diálogo permitió que el trámite siguiera adelante con la aprobación de una serie de normas que, incluso, habían sido redactadas por el Ejecutivo.
De este modo, se recuperaron artículos como la rebaja de penas para el delito de incendio, aunque continúa tipificado como delito terrorista. También se eliminó el derecho penal de autor, es decir castigar a una persona por el riesgo que vuelva a delinquir.
Otros cambios que se aceptaron fueron la posibilidad de interrogar sobre la credibilidad de los testigos protegidos y una indicación opositora, que establece la no aplicación de esta legislación a menores de edad, aunque se considera como agravante en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
El titular de Justicia, Felipe Bulnes, fue cauto al referirse al valor de esta votación. “Se podría decir que la Concertación cedió al proyecto del Gobierno, pero no es la mirada que queremos darle. Aquí hubo un liderazgo del Ejecutivo y también una visión de Estado de la oposición para finalmente apoyar la iniciativa que se estaba impulsando. Creemos que hay que estar a la altura de lo que ha ocurrido porque todos hemos ganado”, dijo el secretario de Estado.
Sin embargo, la actitud de Hinzpeter ante estas negociaciones estuvo tan presente en el debate como la propia discusión de la ley. En este sentido, el presidente de la Cámara Alta, Jorge Pizarro, comentó que el jefe de la cartera de Interior “no negoció nada. Vino a colocar una situación de intransigencia que obligó a los parlamentarios de derecha, incluso a los que no estaban de acuerdo con él, a votar en contra de ir a una comisión mixta que posibilitara estos avances. La cordura la puso el ministro de Justicia”.
Por su parte, el senador de la UDI, Andrés Chadwick, aseguró que la estrategia del Gobierno de mostrar dureza el día martes y una apertura el miércoles fue lo terminó por convencer a la Concertación de apoyar el cuerpo legal.
“La suma de esas dos cosas es la aprobación de una norma que perfecciona la Ley Antiterrorista y no la desmantela ni la perjudica. Aquí no hay imposiciones sino que una convicción frente al proyecto del Ejecutivo”, manifestó Chadwick.
Una opinión diferente presentó el radical, José Antonio Gómez, quien indicó que “no está dentro de su persona terminar una sesión casi abrazados cuando se vivió una situación extremadamente difícil entre nosotros”
Gómez añadió que “los acuerdos en el Senado siempre han sido una buena alternativa, pero tiene que ser con la verdad y dejando las constancias del caso y la realidad es que nos ha costado, ha sido difícil y nuestro único interés era resolver el problema de la huelga de hambre”.
Durante esta sesión además se aprobó un aumento de la penalidad al financiamiento del terrorismo. El proyecto pasará a la Cámara para cumplir con su último trámite.
El Gobierno había desechado la vía legislativa el día martes, pero durante la última jornada de discusión la postura fue distinta. Apelando a un nuevo clima en el Parlamento y escuchando algunas palabras moderadas de voceros mapuche, La Moneda cambió de interlocutor y estrategia para tramitar la controversial Ley Antiterrorista, pasando del endurecimiento del ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter a los acuerdos de la mano del ministro de Justicia, Felipe Bulnes.
Y la táctica resultó. Como el oficialismo tenía mayoría en la comisión mixta, la apertura de la Concertación al diálogo permitió que el trámite siguiera adelante con la aprobación de una serie de normas que, incluso, habían sido redactadas por el Ejecutivo.
De este modo, se recuperaron artículos como la rebaja de penas para el delito de incendio, aunque continúa tipificado como delito terrorista. También se eliminó el derecho penal de autor, es decir castigar a una persona por el riesgo que vuelva a delinquir.
Otros cambios que se aceptaron fueron la posibilidad de interrogar sobre la credibilidad de los testigos protegidos y una indicación opositora, que establece la no aplicación de esta legislación a menores de edad, aunque se considera como agravante en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
El titular de Justicia, Felipe Bulnes, fue cauto al referirse al valor de esta votación. “Se podría decir que la Concertación cedió al proyecto del Gobierno, pero no es la mirada que queremos darle. Aquí hubo un liderazgo del Ejecutivo y también una visión de Estado de la oposición para finalmente apoyar la iniciativa que se estaba impulsando. Creemos que hay que estar a la altura de lo que ha ocurrido porque todos hemos ganado”, dijo el secretario de Estado.
Sin embargo, la actitud de Hinzpeter ante estas negociaciones estuvo tan presente en el debate como la propia discusión de la ley. En este sentido, el presidente de la Cámara Alta, Jorge Pizarro, comentó que el jefe de la cartera de Interior “no negoció nada. Vino a colocar una situación de intransigencia que obligó a los parlamentarios de derecha, incluso a los que no estaban de acuerdo con él, a votar en contra de ir a una comisión mixta que posibilitara estos avances. La cordura la puso el ministro de Justicia”.
Por su parte, el senador de la UDI, Andrés Chadwick, aseguró que la estrategia del Gobierno de mostrar dureza el día martes y una apertura el miércoles fue lo terminó por convencer a la Concertación de apoyar el cuerpo legal.
“La suma de esas dos cosas es la aprobación de una norma que perfecciona la Ley Antiterrorista y no la desmantela ni la perjudica. Aquí no hay imposiciones sino que una convicción frente al proyecto del Ejecutivo”, manifestó Chadwick.
Una opinión diferente presentó el radical, José Antonio Gómez, quien indicó que “no está dentro de su persona terminar una sesión casi abrazados cuando se vivió una situación extremadamente difícil entre nosotros”
Gómez añadió que “los acuerdos en el Senado siempre han sido una buena alternativa, pero tiene que ser con la verdad y dejando las constancias del caso y la realidad es que nos ha costado, ha sido difícil y nuestro único interés era resolver el problema de la huelga de hambre”.
Durante esta sesión además se aprobó un aumento de la penalidad al financiamiento del terrorismo. El proyecto pasará a la Cámara para cumplir con su último trámite.
