Un fuerte debate político abrió la decisión de Argentina de concederle la condición de refugiado político al ex rodriguista Sergio Galvarino Apablaza. El Presidente Sebastián Piñera acusó un golpe a la justicia chilena y una afectación de las relaciones bilaterales, mientras otros actores cuestionan la sobrereacción de la clase política por este hecho.
Esta mañana, Piñera lamentó que Argentina le otorgara refugio político al ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y señaló que “la decisión de la Conare significa un retroceso en la causa de los derechos humanos y la justicia en Chile. Sin dudas, esta decisión no ayuda en nada a las relaciones entre Chile y Argentina”.
El Presidente argumentó que Apablaza está procesado por la justicia chilena, por un crimen cometido en nuestro país, por lo que considera que lo normal es que la propia justicia chilena debiera conocer esa causa.
Tanto el Senado como la Cámara de Diputados habían aprobado sendos proyectos de acuerdo solicitando la extradición de Apablaza. En dichas resoluciones compartían argumentos el senador Hernán Larraín (UDI) y el presidente del PS, el diputado Osvaldo Andrade.
Larraín comentó que “no es una cuestión de un sector político, sino que es transversal, porque no es un problema político. Es simplemente la voluntad que existe en Chile de que se haga justicia”. Por su parte, Andrade afirmó que “la derecha también tiene derecho a verdad y justicia. Tiene que ver con una legitimidad básica, saber la verdad y administrar justicia, que la sociedad chilena merece”.
Expertos debaten la decisión
En la mañana informativa de Radio Universidad de Chile, la analista Marcela Ríos calificó como “una señal compleja” esta decisión, debido a la prontitud con que Argentina resolvió dar refugio político al “comandante Salvador” y no aplazar la determinación.
Igualmente, Ríos señaló que a título personal prefería que se confiara en la justicia chilena y se resolviera su situación judicial: “Me parece que no podemos usar el argumento de pedir justicia y que funcione el Poder Judicial en forma autónoma para algunos casos, que son los que a nosotros nos interesan, y no reconocerles autonomía y que funcionan para los otros”.
Recordó que la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) es un órgano colegiado, pero con un fuerte componente del Gobierno trasandino, y dijo que hay poco espacio de maniobra para Piñera.
El director de Radio Universidad de Chile, Juan Pablo Cárdenas, comentó con ella que Jaime Guzmán tiene responsabilidad política en las violaciones a los derechos humanos en Chile y que en el exterior el FPMR es bien percibido por su lucha contra la dictadura de Augusto Pinochet, en relación a la resolución que considera a Apablaza un “militante político”.
Otro factor son los cuestionamientos internacionales al Poder Judicial, ya que se le atribuye inmediatamente la culpabilidad del asesinato de Jaime Guzmán. Leonardo Jeffs, magíster en estudios internacionales y director del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, consideró “legítimo que un gobierno tome una decisión de esta naturaleza. También es bueno que miremos qué grado de confianza da nuestra justicia afuera. El presidente de la Corte Suprema me da plena confianza, pero no creo que todos los jueces hayan hecho realmente un trabajo de conversión hacia el respeto de los derechos humanos”.
Así, entonces el escenario marca un nuevo roce con Argentina. Según se ha señalado, en su viaje a Buenos Aires la noche de ayer, el Presidente Sebastián Piñera manifestó personalmente su molestia por el otorgamiento de la calidad de refugiado al “comandante Salvador”.
Un fuerte debate político abrió la decisión de Argentina de concederle la condición de refugiado político al ex rodriguista Sergio Galvarino Apablaza. El Presidente Sebastián Piñera acusó un golpe a la justicia chilena y una afectación de las relaciones bilaterales, mientras otros actores cuestionan la sobrereacción de la clase política por este hecho.
Esta mañana, Piñera lamentó que Argentina le otorgara refugio político al ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y señaló que “la decisión de la Conare significa un retroceso en la causa de los derechos humanos y la justicia en Chile. Sin dudas, esta decisión no ayuda en nada a las relaciones entre Chile y Argentina”.
El Presidente argumentó que Apablaza está procesado por la justicia chilena, por un crimen cometido en nuestro país, por lo que considera que lo normal es que la propia justicia chilena debiera conocer esa causa.
Tanto el Senado como la Cámara de Diputados habían aprobado sendos proyectos de acuerdo solicitando la extradición de Apablaza. En dichas resoluciones compartían argumentos el senador Hernán Larraín (UDI) y el presidente del PS, el diputado Osvaldo Andrade.
Larraín comentó que “no es una cuestión de un sector político, sino que es transversal, porque no es un problema político. Es simplemente la voluntad que existe en Chile de que se haga justicia”. Por su parte, Andrade afirmó que “la derecha también tiene derecho a verdad y justicia. Tiene que ver con una legitimidad básica, saber la verdad y administrar justicia, que la sociedad chilena merece”.
Expertos debaten la decisión
En la mañana informativa de Radio Universidad de Chile, la analista Marcela Ríos calificó como “una señal compleja” esta decisión, debido a la prontitud con que Argentina resolvió dar refugio político al “comandante Salvador” y no aplazar la determinación.
Igualmente, Ríos señaló que a título personal prefería que se confiara en la justicia chilena y se resolviera su situación judicial: “Me parece que no podemos usar el argumento de pedir justicia y que funcione el Poder Judicial en forma autónoma para algunos casos, que son los que a nosotros nos interesan, y no reconocerles autonomía y que funcionan para los otros”.
Recordó que la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) es un órgano colegiado, pero con un fuerte componente del Gobierno trasandino, y dijo que hay poco espacio de maniobra para Piñera.
El director de Radio Universidad de Chile, Juan Pablo Cárdenas, comentó con ella que Jaime Guzmán tiene responsabilidad política en las violaciones a los derechos humanos en Chile y que en el exterior el FPMR es bien percibido por su lucha contra la dictadura de Augusto Pinochet, en relación a la resolución que considera a Apablaza un “militante político”.
Otro factor son los cuestionamientos internacionales al Poder Judicial, ya que se le atribuye inmediatamente la culpabilidad del asesinato de Jaime Guzmán. Leonardo Jeffs, magíster en estudios internacionales y director del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, consideró “legítimo que un gobierno tome una decisión de esta naturaleza. También es bueno que miremos qué grado de confianza da nuestra justicia afuera. El presidente de la Corte Suprema me da plena confianza, pero no creo que todos los jueces hayan hecho realmente un trabajo de conversión hacia el respeto de los derechos humanos”.
Así, entonces el escenario marca un nuevo roce con Argentina. Según se ha señalado, en su viaje a Buenos Aires la noche de ayer, el Presidente Sebastián Piñera manifestó personalmente su molestia por el otorgamiento de la calidad de refugiado al “comandante Salvador”.
Un fuerte debate político abrió la decisión de Argentina de concederle la condición de refugiado político al ex rodriguista Sergio Galvarino Apablaza. El Presidente Sebastián Piñera acusó un golpe a la justicia chilena y una afectación de las relaciones bilaterales, mientras otros actores cuestionan la sobrereacción de la clase política por este hecho.
Esta mañana, Piñera lamentó que Argentina le otorgara refugio político al ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y señaló que “la decisión de la Conare significa un retroceso en la causa de los derechos humanos y la justicia en Chile. Sin dudas, esta decisión no ayuda en nada a las relaciones entre Chile y Argentina”.
El Presidente argumentó que Apablaza está procesado por la justicia chilena, por un crimen cometido en nuestro país, por lo que considera que lo normal es que la propia justicia chilena debiera conocer esa causa.
Tanto el Senado como la Cámara de Diputados habían aprobado sendos proyectos de acuerdo solicitando la extradición de Apablaza. En dichas resoluciones compartían argumentos el senador Hernán Larraín (UDI) y el presidente del PS, el diputado Osvaldo Andrade.
Larraín comentó que “no es una cuestión de un sector político, sino que es transversal, porque no es un problema político. Es simplemente la voluntad que existe en Chile de que se haga justicia”. Por su parte, Andrade afirmó que “la derecha también tiene derecho a verdad y justicia. Tiene que ver con una legitimidad básica, saber la verdad y administrar justicia, que la sociedad chilena merece”.
Expertos debaten la decisión
En la mañana informativa de Radio Universidad de Chile, la analista Marcela Ríos calificó como “una señal compleja” esta decisión, debido a la prontitud con que Argentina resolvió dar refugio político al “comandante Salvador” y no aplazar la determinación.
Igualmente, Ríos señaló que a título personal prefería que se confiara en la justicia chilena y se resolviera su situación judicial: “Me parece que no podemos usar el argumento de pedir justicia y que funcione el Poder Judicial en forma autónoma para algunos casos, que son los que a nosotros nos interesan, y no reconocerles autonomía y que funcionan para los otros”.
Recordó que la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) es un órgano colegiado, pero con un fuerte componente del Gobierno trasandino, y dijo que hay poco espacio de maniobra para Piñera.
El director de Radio Universidad de Chile, Juan Pablo Cárdenas, comentó con ella que Jaime Guzmán tiene responsabilidad política en las violaciones a los derechos humanos en Chile y que en el exterior el FPMR es bien percibido por su lucha contra la dictadura de Augusto Pinochet, en relación a la resolución que considera a Apablaza un “militante político”.
Otro factor son los cuestionamientos internacionales al Poder Judicial, ya que se le atribuye inmediatamente la culpabilidad del asesinato de Jaime Guzmán. Leonardo Jeffs, magíster en estudios internacionales y director del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, consideró “legítimo que un gobierno tome una decisión de esta naturaleza. También es bueno que miremos qué grado de confianza da nuestra justicia afuera. El presidente de la Corte Suprema me da plena confianza, pero no creo que todos los jueces hayan hecho realmente un trabajo de conversión hacia el respeto de los derechos humanos”.
Así, entonces el escenario marca un nuevo roce con Argentina. Según se ha señalado, en su viaje a Buenos Aires la noche de ayer, el Presidente Sebastián Piñera manifestó personalmente su molestia por el otorgamiento de la calidad de refugiado al “comandante Salvador”.
