El pasado 12 de enero, la ex Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que crearía la nueva institucionalidad ambiental. Esto a propósito de un conjunto de discusiones, ciudadanas y parlamentarias, que se dieron durante su administración. Pero el anuncio de la puesta en marcha definitiva se dio esta semana de manos de Sebastián Piñera.
Los principales ejes se centran en la implementación del Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del ramo.
“Llegó el tiempo de rectificar el rumbo. La sociedad de las oportunidades que está en el corazón de nuestro proyecto país y también de nuestro programa de gobierno va mucho más allá del simple crecimiento económico y supone, esencialmente, un desarrollo sustentable. Necesitamos que la creación de la riqueza vaya siempre de la mano de nuestra mayor riqueza que es nuestro medio ambiente y la naturaleza”, sostuvo Piñera al divulgar la iniciativa.
El Mandatario aprovechó de anunciar que declarará como zonas protegidas el Parque Marino de las islas Salas y Gómez, el cerro San Lorenzo y los géiseres del Tatio. Este cambio institucional también contempla la creación de consejos consultivos nacionales y regionales, además de un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
Y pese a que esta normativa tiene por objetivo suplir las falencias que se han registrado hasta ahora en la materia, las organizaciones ambientalistas insisten en que esta nueva legislación tampoco es suficiente.
Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, (OLCA) manifestó que esta puesta en marcha tiene de “dulce y amargo”. “Se crean una serie de instrumentos nuevos que no estaban considerados en el proyecto original como los tribunales ambientales y un Consejo de Ministros para la sustentabilidad, que es un organismo que no lo tiene ningún ministerio y que queda por sobre el cargo de jefe de la cartera del Medio Ambiente. Esto relativiza a la autoridad política que tiene este cargo porque hay una instancia superior a él”, comentó Cuenca.
Por otro lado, el dirigente ambiental aclaró que en la discusión que se realizó en el Congreso tampoco se recogieron las propuestas de las organizaciones, entre las que destacaba la necesidad de fortalecer la participación ciudadana vinculante.
En este sentido, Cuenca aseguró que el gobierno presentó este anuncio bajo una preocupante “improvisación”. Tanto es así que hasta el 2012 los proyectos anteriores a la promulgación de esta ley continuarán siendo revisados por las Corporaciones Regionales del Medio Ambiente (Coremas), mientras que los que se acojan a la nueva legislación pasarán por una comisión evaluadora.
“Este nuevo modelo sacó de los organismo decisores de las regiones a los consejeros regionales que son los únicos que en cierta medida tienen un nivel de representación indirecta de la población y que podrían reflejar en su voto las aspiraciones y los planes de desarrollo de las regiones. Se sacan a ellos y a algunas autoridades típicas, pero queda conformado por los Seremi, que también son designados por el Presidente de la República. Finalmente, mantenemos este gran espacio de discrecionalidad política en la toma de decisiones en el nuevo sistema”, precisó Cuenca.
A pesar de la puesta en marcha, no entrarán en funcionamiento inmediato la Superintendencia porque quedó sujeta a otro proyecto que se discute aún en el Congreso y los llamados Tribunales Ambientales.
Pero además persiste otra deuda: esta nueva ley ambiental 20.417 incluyó el artículo 8 transitorio que establece que “dentro del plazo de un año desde la publicación, el Presidente deberá enviar uno o más proyectos para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas y el que transforme la Corporación Nacional Forestal en un servició público descentralizado”.
Es por eso que Paola Vasconi, coordinadora del Programa de Medio Ambiente de Fundación Terram, llamó a agilizar la discusión en el Congreso sobre todos los asuntos que quedaron en el tintero.
“Ya hemos visto que se ha tratado de subsanar el reparo que ha establecido la Corte Suprema en cuanto a cómo era el procedimiento para nombrar y ellos decían que no tenían el carácter de un tribunal jurídico y al parecer eso ya se corrigió y se aprobó. Ojalá esté lo más rápidamente aprobado y funcionando porque de eso depende que la Superintendencia pueda entrar a operar en plena vigencia porque hoy tenemos un organismo que no puede fiscalizar ni sancionar”, explicó la ambientalista.
Vasconi llamó al Gobierno a no hacer un voladero de luces con el anuncio de las tres zonas protegidas porque en casos anteriores estos avances sólo quedan “en el papel”.
El pasado 12 de enero, la ex Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que crearía la nueva institucionalidad ambiental. Esto a propósito de un conjunto de discusiones, ciudadanas y parlamentarias, que se dieron durante su administración. Pero el anuncio de la puesta en marcha definitiva se dio esta semana de manos de Sebastián Piñera.
Los principales ejes se centran en la implementación del Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del ramo.
“Llegó el tiempo de rectificar el rumbo. La sociedad de las oportunidades que está en el corazón de nuestro proyecto país y también de nuestro programa de gobierno va mucho más allá del simple crecimiento económico y supone, esencialmente, un desarrollo sustentable. Necesitamos que la creación de la riqueza vaya siempre de la mano de nuestra mayor riqueza que es nuestro medio ambiente y la naturaleza”, sostuvo Piñera al divulgar la iniciativa.
El Mandatario aprovechó de anunciar que declarará como zonas protegidas el Parque Marino de las islas Salas y Gómez, el cerro San Lorenzo y los géiseres del Tatio. Este cambio institucional también contempla la creación de consejos consultivos nacionales y regionales, además de un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
Y pese a que esta normativa tiene por objetivo suplir las falencias que se han registrado hasta ahora en la materia, las organizaciones ambientalistas insisten en que esta nueva legislación tampoco es suficiente.
Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, (OLCA) manifestó que esta puesta en marcha tiene de “dulce y amargo”. “Se crean una serie de instrumentos nuevos que no estaban considerados en el proyecto original como los tribunales ambientales y un Consejo de Ministros para la sustentabilidad, que es un organismo que no lo tiene ningún ministerio y que queda por sobre el cargo de jefe de la cartera del Medio Ambiente. Esto relativiza a la autoridad política que tiene este cargo porque hay una instancia superior a él”, comentó Cuenca.
Por otro lado, el dirigente ambiental aclaró que en la discusión que se realizó en el Congreso tampoco se recogieron las propuestas de las organizaciones, entre las que destacaba la necesidad de fortalecer la participación ciudadana vinculante.
En este sentido, Cuenca aseguró que el gobierno presentó este anuncio bajo una preocupante “improvisación”. Tanto es así que hasta el 2012 los proyectos anteriores a la promulgación de esta ley continuarán siendo revisados por las Corporaciones Regionales del Medio Ambiente (Coremas), mientras que los que se acojan a la nueva legislación pasarán por una comisión evaluadora.
“Este nuevo modelo sacó de los organismo decisores de las regiones a los consejeros regionales que son los únicos que en cierta medida tienen un nivel de representación indirecta de la población y que podrían reflejar en su voto las aspiraciones y los planes de desarrollo de las regiones. Se sacan a ellos y a algunas autoridades típicas, pero queda conformado por los Seremi, que también son designados por el Presidente de la República. Finalmente, mantenemos este gran espacio de discrecionalidad política en la toma de decisiones en el nuevo sistema”, precisó Cuenca.
A pesar de la puesta en marcha, no entrarán en funcionamiento inmediato la Superintendencia porque quedó sujeta a otro proyecto que se discute aún en el Congreso y los llamados Tribunales Ambientales.
Pero además persiste otra deuda: esta nueva ley ambiental 20.417 incluyó el artículo 8 transitorio que establece que “dentro del plazo de un año desde la publicación, el Presidente deberá enviar uno o más proyectos para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas y el que transforme la Corporación Nacional Forestal en un servició público descentralizado”.
Es por eso que Paola Vasconi, coordinadora del Programa de Medio Ambiente de Fundación Terram, llamó a agilizar la discusión en el Congreso sobre todos los asuntos que quedaron en el tintero.
“Ya hemos visto que se ha tratado de subsanar el reparo que ha establecido la Corte Suprema en cuanto a cómo era el procedimiento para nombrar y ellos decían que no tenían el carácter de un tribunal jurídico y al parecer eso ya se corrigió y se aprobó. Ojalá esté lo más rápidamente aprobado y funcionando porque de eso depende que la Superintendencia pueda entrar a operar en plena vigencia porque hoy tenemos un organismo que no puede fiscalizar ni sancionar”, explicó la ambientalista.
Vasconi llamó al Gobierno a no hacer un voladero de luces con el anuncio de las tres zonas protegidas porque en casos anteriores estos avances sólo quedan “en el papel”.
El pasado 12 de enero, la ex Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que crearía la nueva institucionalidad ambiental. Esto a propósito de un conjunto de discusiones, ciudadanas y parlamentarias, que se dieron durante su administración. Pero el anuncio de la puesta en marcha definitiva se dio esta semana de manos de Sebastián Piñera.
Los principales ejes se centran en la implementación del Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del ramo.
“Llegó el tiempo de rectificar el rumbo. La sociedad de las oportunidades que está en el corazón de nuestro proyecto país y también de nuestro programa de gobierno va mucho más allá del simple crecimiento económico y supone, esencialmente, un desarrollo sustentable. Necesitamos que la creación de la riqueza vaya siempre de la mano de nuestra mayor riqueza que es nuestro medio ambiente y la naturaleza”, sostuvo Piñera al divulgar la iniciativa.
El Mandatario aprovechó de anunciar que declarará como zonas protegidas el Parque Marino de las islas Salas y Gómez, el cerro San Lorenzo y los géiseres del Tatio. Este cambio institucional también contempla la creación de consejos consultivos nacionales y regionales, además de un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
Y pese a que esta normativa tiene por objetivo suplir las falencias que se han registrado hasta ahora en la materia, las organizaciones ambientalistas insisten en que esta nueva legislación tampoco es suficiente.
Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, (OLCA) manifestó que esta puesta en marcha tiene de “dulce y amargo”. “Se crean una serie de instrumentos nuevos que no estaban considerados en el proyecto original como los tribunales ambientales y un Consejo de Ministros para la sustentabilidad, que es un organismo que no lo tiene ningún ministerio y que queda por sobre el cargo de jefe de la cartera del Medio Ambiente. Esto relativiza a la autoridad política que tiene este cargo porque hay una instancia superior a él”, comentó Cuenca.
Por otro lado, el dirigente ambiental aclaró que en la discusión que se realizó en el Congreso tampoco se recogieron las propuestas de las organizaciones, entre las que destacaba la necesidad de fortalecer la participación ciudadana vinculante.
En este sentido, Cuenca aseguró que el gobierno presentó este anuncio bajo una preocupante “improvisación”. Tanto es así que hasta el 2012 los proyectos anteriores a la promulgación de esta ley continuarán siendo revisados por las Corporaciones Regionales del Medio Ambiente (Coremas), mientras que los que se acojan a la nueva legislación pasarán por una comisión evaluadora.
“Este nuevo modelo sacó de los organismo decisores de las regiones a los consejeros regionales que son los únicos que en cierta medida tienen un nivel de representación indirecta de la población y que podrían reflejar en su voto las aspiraciones y los planes de desarrollo de las regiones. Se sacan a ellos y a algunas autoridades típicas, pero queda conformado por los Seremi, que también son designados por el Presidente de la República. Finalmente, mantenemos este gran espacio de discrecionalidad política en la toma de decisiones en el nuevo sistema”, precisó Cuenca.
A pesar de la puesta en marcha, no entrarán en funcionamiento inmediato la Superintendencia porque quedó sujeta a otro proyecto que se discute aún en el Congreso y los llamados Tribunales Ambientales.
Pero además persiste otra deuda: esta nueva ley ambiental 20.417 incluyó el artículo 8 transitorio que establece que “dentro del plazo de un año desde la publicación, el Presidente deberá enviar uno o más proyectos para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas y el que transforme la Corporación Nacional Forestal en un servició público descentralizado”.
Es por eso que Paola Vasconi, coordinadora del Programa de Medio Ambiente de Fundación Terram, llamó a agilizar la discusión en el Congreso sobre todos los asuntos que quedaron en el tintero.
“Ya hemos visto que se ha tratado de subsanar el reparo que ha establecido la Corte Suprema en cuanto a cómo era el procedimiento para nombrar y ellos decían que no tenían el carácter de un tribunal jurídico y al parecer eso ya se corrigió y se aprobó. Ojalá esté lo más rápidamente aprobado y funcionando porque de eso depende que la Superintendencia pueda entrar a operar en plena vigencia porque hoy tenemos un organismo que no puede fiscalizar ni sancionar”, explicó la ambientalista.
Vasconi llamó al Gobierno a no hacer un voladero de luces con el anuncio de las tres zonas protegidas porque en casos anteriores estos avances sólo quedan “en el papel”.
