El Gobierno debió quitarle urgencia de discusión inmediata al proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, por lo que el texto se revisará en el Senado en dos semanas más.
Los comuneros acusan el desconocimiento y violación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a consultar las medidas del Estado que afecten a sus pueblos, y se argumenta que no se habló con las comunidades beneficiadas.
El Presidente Sebastián Piñera había puesto urgencia de discusión inmediata al texto, por lo que se iba a revisar ayer en la Comisión de Constitución del Senado, pero finalmente el Gobierno debió quitarle la urgencia por petición de parlamentarios.
La duda es la legitimidad de las consultas realizadas por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) durante el Gobierno de Michelle Bachelet.
La presidenta de la Comisión, la senadora Soledad Alvear (DC), señaló que debe chequearse la consulta ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para garantizar el pleno cumplimiento del convenio 169. La acción busca saber “si este proceso de consulta es hecho de muy buena fe, si es el adecuado o no, y por eso le pedí al Gobierno que, a través de la Cancillería, averigüe si falta algo más”.
Esta visión fue compartida también por el senador UDI Hernán Larraín: “Nos llegó por peticiones de distintas comunidades el problema, había que analizarlo y asumirlo. No hemos llegado todavía a una conclusión definitiva, pero estamos estudiando el proyecto porque queremos hacerlo bien, que las comunidades indígenas se sientan debidamente representadas y consultadas. Y si acaso eso no ha ocurrido, para hacerlo, las comunidades esperan de nosotros respuestas, soluciones y un reconocimiento a nivel constitucional”, explicó.
Por contrapartida, el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, consideró el proceso de consulta previa como legítimo, debido a revisiones por parte del Tribunal Constitucional y el Ejecutivo: “se planteó por parte de los senadores que evaluáramos bien ese aspecto, consultáramos con las organizaciones internacionales correspondientes para tener una opinión más acabada. Ésa fue la decisión que nos llevó, como Ejecutivo, a decir que para avanzar en este proceso le vamos a quitar la discusión inmediata, porque para el Gobierno es muy relevante el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios”, aseguró.
No obstante, el asunto quedó sujeto a que el texto esté en tabla en la Comisión para tramitarlo con celeridad, después de que estuvo detenido por un período extenso.
Los comuneros, por su parte, señalan que hay una maniobra con segundas intenciones de La Moneda detrás de la reactivación del debate, considerando la última huelga de hambre mapuche y los conflictos con el pueblo rapa nui.
“Sebastián Pìñera aprovecha la sensibilidad del pueblo chileno con el tema de los mineros, ocultando la situación en la que nosotros como pueblo nos sentimos desprotegidos con la nueva forma de ley”, acusó la lagmien Neulen Huenchu, werkén de la Alianza Territorial Mapuche.
Además, los comuneros acusan que no ha existido una consulta a los pueblos, por lo que exigen que las autoridades viajen a las comunidades para explicar los efectos e implicancias del proyecto de reconocimiento constitucional, antes de ser ellos quienes deban viajar a Valparaíso.
El texto solamente será tramitado en dos semanas más, después del período de regiones.
El Gobierno debió quitarle urgencia de discusión inmediata al proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, por lo que el texto se revisará en el Senado en dos semanas más.
Los comuneros acusan el desconocimiento y violación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a consultar las medidas del Estado que afecten a sus pueblos, y se argumenta que no se habló con las comunidades beneficiadas.
El Presidente Sebastián Piñera había puesto urgencia de discusión inmediata al texto, por lo que se iba a revisar ayer en la Comisión de Constitución del Senado, pero finalmente el Gobierno debió quitarle la urgencia por petición de parlamentarios.
La duda es la legitimidad de las consultas realizadas por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) durante el Gobierno de Michelle Bachelet.
La presidenta de la Comisión, la senadora Soledad Alvear (DC), señaló que debe chequearse la consulta ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para garantizar el pleno cumplimiento del convenio 169. La acción busca saber “si este proceso de consulta es hecho de muy buena fe, si es el adecuado o no, y por eso le pedí al Gobierno que, a través de la Cancillería, averigüe si falta algo más”.
Esta visión fue compartida también por el senador UDI Hernán Larraín: “Nos llegó por peticiones de distintas comunidades el problema, había que analizarlo y asumirlo. No hemos llegado todavía a una conclusión definitiva, pero estamos estudiando el proyecto porque queremos hacerlo bien, que las comunidades indígenas se sientan debidamente representadas y consultadas. Y si acaso eso no ha ocurrido, para hacerlo, las comunidades esperan de nosotros respuestas, soluciones y un reconocimiento a nivel constitucional”, explicó.
Por contrapartida, el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, consideró el proceso de consulta previa como legítimo, debido a revisiones por parte del Tribunal Constitucional y el Ejecutivo: “se planteó por parte de los senadores que evaluáramos bien ese aspecto, consultáramos con las organizaciones internacionales correspondientes para tener una opinión más acabada. Ésa fue la decisión que nos llevó, como Ejecutivo, a decir que para avanzar en este proceso le vamos a quitar la discusión inmediata, porque para el Gobierno es muy relevante el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios”, aseguró.
No obstante, el asunto quedó sujeto a que el texto esté en tabla en la Comisión para tramitarlo con celeridad, después de que estuvo detenido por un período extenso.
Los comuneros, por su parte, señalan que hay una maniobra con segundas intenciones de La Moneda detrás de la reactivación del debate, considerando la última huelga de hambre mapuche y los conflictos con el pueblo rapa nui.
“Sebastián Pìñera aprovecha la sensibilidad del pueblo chileno con el tema de los mineros, ocultando la situación en la que nosotros como pueblo nos sentimos desprotegidos con la nueva forma de ley”, acusó la lagmien Neulen Huenchu, werkén de la Alianza Territorial Mapuche.
Además, los comuneros acusan que no ha existido una consulta a los pueblos, por lo que exigen que las autoridades viajen a las comunidades para explicar los efectos e implicancias del proyecto de reconocimiento constitucional, antes de ser ellos quienes deban viajar a Valparaíso.
El texto solamente será tramitado en dos semanas más, después del período de regiones.
El Gobierno debió quitarle urgencia de discusión inmediata al proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, por lo que el texto se revisará en el Senado en dos semanas más.
Los comuneros acusan el desconocimiento y violación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a consultar las medidas del Estado que afecten a sus pueblos, y se argumenta que no se habló con las comunidades beneficiadas.
El Presidente Sebastián Piñera había puesto urgencia de discusión inmediata al texto, por lo que se iba a revisar ayer en la Comisión de Constitución del Senado, pero finalmente el Gobierno debió quitarle la urgencia por petición de parlamentarios.
La duda es la legitimidad de las consultas realizadas por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) durante el Gobierno de Michelle Bachelet.
La presidenta de la Comisión, la senadora Soledad Alvear (DC), señaló que debe chequearse la consulta ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para garantizar el pleno cumplimiento del convenio 169. La acción busca saber “si este proceso de consulta es hecho de muy buena fe, si es el adecuado o no, y por eso le pedí al Gobierno que, a través de la Cancillería, averigüe si falta algo más”.
Esta visión fue compartida también por el senador UDI Hernán Larraín: “Nos llegó por peticiones de distintas comunidades el problema, había que analizarlo y asumirlo. No hemos llegado todavía a una conclusión definitiva, pero estamos estudiando el proyecto porque queremos hacerlo bien, que las comunidades indígenas se sientan debidamente representadas y consultadas. Y si acaso eso no ha ocurrido, para hacerlo, las comunidades esperan de nosotros respuestas, soluciones y un reconocimiento a nivel constitucional”, explicó.
Por contrapartida, el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, consideró el proceso de consulta previa como legítimo, debido a revisiones por parte del Tribunal Constitucional y el Ejecutivo: “se planteó por parte de los senadores que evaluáramos bien ese aspecto, consultáramos con las organizaciones internacionales correspondientes para tener una opinión más acabada. Ésa fue la decisión que nos llevó, como Ejecutivo, a decir que para avanzar en este proceso le vamos a quitar la discusión inmediata, porque para el Gobierno es muy relevante el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios”, aseguró.
No obstante, el asunto quedó sujeto a que el texto esté en tabla en la Comisión para tramitarlo con celeridad, después de que estuvo detenido por un período extenso.
Los comuneros, por su parte, señalan que hay una maniobra con segundas intenciones de La Moneda detrás de la reactivación del debate, considerando la última huelga de hambre mapuche y los conflictos con el pueblo rapa nui.
“Sebastián Pìñera aprovecha la sensibilidad del pueblo chileno con el tema de los mineros, ocultando la situación en la que nosotros como pueblo nos sentimos desprotegidos con la nueva forma de ley”, acusó la lagmien Neulen Huenchu, werkén de la Alianza Territorial Mapuche.
Además, los comuneros acusan que no ha existido una consulta a los pueblos, por lo que exigen que las autoridades viajen a las comunidades para explicar los efectos e implicancias del proyecto de reconocimiento constitucional, antes de ser ellos quienes deban viajar a Valparaíso.
El texto solamente será tramitado en dos semanas más, después del período de regiones.
