En 900 millones de pesos se calculan los perjuicios para la cadena de farmacias Ahumada, cuyos trabajadores actualmente están en huelga legal producto de las fracasadas negociaciones con sus empleadores.
El sindicato de la firma estima esta cifra gracias al llamado que realizaron a los clientes para no consumir en los diferentes locales de la empresa, debido a que no existe acuerdo en el proceso de negociación colectiva que se lleva.
Fidel Leiva, secretario general del sindicato de trabajadores de FASA, señaló que desde el 5 de octubre, día en que se inició la huelga legal, ha existido una baja de las ventas.
Los empleados exigen el pago del salario mínimo como salario base y pago de gratificaciones, ya que la empresa no ha repartido utilidades en 10 años, pese a que ha obtenido ganancias en el último tiempo.
“El (sueldo del) vendedor multifunción es de aproximadamente 32 mil pesos, el resto se ajusta solamente con la comisión. (En cuanto a) gratificación, la empresa dice que no tiene utilidades para repartir con los trabajadores, siendo que en 2009 -con el tema de la colusión- obtuvo ganancias sobre los 9 mil millones de pesos. Y en el primer semestre de este año tuvo 7 mil millones de utilidades”, explicó.
El dirigente no se explica por qué la empresa argumenta que no existen recursos para responder a las demandas de los trabajadores, cuando las pérdidas de la firma en siete días de huelga podrían financiar dos años de negociación colectiva.
Los sindicalistas relataron que se dirigieron a tres canales de televisión, TVN, Chilevisión y Canal 13. Sergio Rojas, director del sindicato, dijo que sólo fueron recibidos en la señal estatal, pero el resto de las estaciones no les habrían dado cobertura por el avisaje que tiene FASA en sus programaciones.
“Estuvimos en los tres canales… cero posibilidad. Hay intereses creados en estas empresas. Obviamente los canales no le van a morder la mano a quien les da de comer, así de simple”, afirmó.
Al respecto, el diputado Tucapel Jiménez (PPD), integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, señaló que este caso sería “muy bueno” para que el Gobierno cumpla con sus compromisos de protección laboral.
“Nosotros vamos a pedir una reunión con la ministra del Trabajo porque claramente el espíritu de esa ley era que ningún trabajador tuviera, como sueldo base, por debajo del mínimo. Creemos que se está incumpliendo la ley, por lo tanto, el Gobierno tiene una oportunidad muy buena de demostrar que realmente está preocupado por las condiciones de los trabajadores y podría mejorar esto a través de la Dirección del Trabajo”, declaró.
La exigencia de los trabajadores incluso está consagrada en la ley, ya que hay una normativa reciente que establece la obligatoriedad que el salario base sea igual al salario mínimo, reestructurando el sistema de comisiones.
Parlamentarios del PPD y el PS hicieron un llamado a que el ejecutivo utilice sus facultades de fiscalización y solucione uno de los puntos fundamentales del conflicto laboral.
En 900 millones de pesos se calculan los perjuicios para la cadena de farmacias Ahumada, cuyos trabajadores actualmente están en huelga legal producto de las fracasadas negociaciones con sus empleadores.
El sindicato de la firma estima esta cifra gracias al llamado que realizaron a los clientes para no consumir en los diferentes locales de la empresa, debido a que no existe acuerdo en el proceso de negociación colectiva que se lleva.
Fidel Leiva, secretario general del sindicato de trabajadores de FASA, señaló que desde el 5 de octubre, día en que se inició la huelga legal, ha existido una baja de las ventas.
Los empleados exigen el pago del salario mínimo como salario base y pago de gratificaciones, ya que la empresa no ha repartido utilidades en 10 años, pese a que ha obtenido ganancias en el último tiempo.
“El (sueldo del) vendedor multifunción es de aproximadamente 32 mil pesos, el resto se ajusta solamente con la comisión. (En cuanto a) gratificación, la empresa dice que no tiene utilidades para repartir con los trabajadores, siendo que en 2009 -con el tema de la colusión- obtuvo ganancias sobre los 9 mil millones de pesos. Y en el primer semestre de este año tuvo 7 mil millones de utilidades”, explicó.
El dirigente no se explica por qué la empresa argumenta que no existen recursos para responder a las demandas de los trabajadores, cuando las pérdidas de la firma en siete días de huelga podrían financiar dos años de negociación colectiva.
Los sindicalistas relataron que se dirigieron a tres canales de televisión, TVN, Chilevisión y Canal 13. Sergio Rojas, director del sindicato, dijo que sólo fueron recibidos en la señal estatal, pero el resto de las estaciones no les habrían dado cobertura por el avisaje que tiene FASA en sus programaciones.
“Estuvimos en los tres canales… cero posibilidad. Hay intereses creados en estas empresas. Obviamente los canales no le van a morder la mano a quien les da de comer, así de simple”, afirmó.
Al respecto, el diputado Tucapel Jiménez (PPD), integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, señaló que este caso sería “muy bueno” para que el Gobierno cumpla con sus compromisos de protección laboral.
“Nosotros vamos a pedir una reunión con la ministra del Trabajo porque claramente el espíritu de esa ley era que ningún trabajador tuviera, como sueldo base, por debajo del mínimo. Creemos que se está incumpliendo la ley, por lo tanto, el Gobierno tiene una oportunidad muy buena de demostrar que realmente está preocupado por las condiciones de los trabajadores y podría mejorar esto a través de la Dirección del Trabajo”, declaró.
La exigencia de los trabajadores incluso está consagrada en la ley, ya que hay una normativa reciente que establece la obligatoriedad que el salario base sea igual al salario mínimo, reestructurando el sistema de comisiones.
Parlamentarios del PPD y el PS hicieron un llamado a que el ejecutivo utilice sus facultades de fiscalización y solucione uno de los puntos fundamentales del conflicto laboral.
En 900 millones de pesos se calculan los perjuicios para la cadena de farmacias Ahumada, cuyos trabajadores actualmente están en huelga legal producto de las fracasadas negociaciones con sus empleadores.
El sindicato de la firma estima esta cifra gracias al llamado que realizaron a los clientes para no consumir en los diferentes locales de la empresa, debido a que no existe acuerdo en el proceso de negociación colectiva que se lleva.
Fidel Leiva, secretario general del sindicato de trabajadores de FASA, señaló que desde el 5 de octubre, día en que se inició la huelga legal, ha existido una baja de las ventas.
Los empleados exigen el pago del salario mínimo como salario base y pago de gratificaciones, ya que la empresa no ha repartido utilidades en 10 años, pese a que ha obtenido ganancias en el último tiempo.
“El (sueldo del) vendedor multifunción es de aproximadamente 32 mil pesos, el resto se ajusta solamente con la comisión. (En cuanto a) gratificación, la empresa dice que no tiene utilidades para repartir con los trabajadores, siendo que en 2009 -con el tema de la colusión- obtuvo ganancias sobre los 9 mil millones de pesos. Y en el primer semestre de este año tuvo 7 mil millones de utilidades”, explicó.
El dirigente no se explica por qué la empresa argumenta que no existen recursos para responder a las demandas de los trabajadores, cuando las pérdidas de la firma en siete días de huelga podrían financiar dos años de negociación colectiva.
Los sindicalistas relataron que se dirigieron a tres canales de televisión, TVN, Chilevisión y Canal 13. Sergio Rojas, director del sindicato, dijo que sólo fueron recibidos en la señal estatal, pero el resto de las estaciones no les habrían dado cobertura por el avisaje que tiene FASA en sus programaciones.
“Estuvimos en los tres canales… cero posibilidad. Hay intereses creados en estas empresas. Obviamente los canales no le van a morder la mano a quien les da de comer, así de simple”, afirmó.
Al respecto, el diputado Tucapel Jiménez (PPD), integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, señaló que este caso sería “muy bueno” para que el Gobierno cumpla con sus compromisos de protección laboral.
“Nosotros vamos a pedir una reunión con la ministra del Trabajo porque claramente el espíritu de esa ley era que ningún trabajador tuviera, como sueldo base, por debajo del mínimo. Creemos que se está incumpliendo la ley, por lo tanto, el Gobierno tiene una oportunidad muy buena de demostrar que realmente está preocupado por las condiciones de los trabajadores y podría mejorar esto a través de la Dirección del Trabajo”, declaró.
La exigencia de los trabajadores incluso está consagrada en la ley, ya que hay una normativa reciente que establece la obligatoriedad que el salario base sea igual al salario mínimo, reestructurando el sistema de comisiones.
Parlamentarios del PPD y el PS hicieron un llamado a que el ejecutivo utilice sus facultades de fiscalización y solucione uno de los puntos fundamentales del conflicto laboral.
